Nuevo accidente ferroviario grave: esta vez en el Sarmiento


El terrible accidente del Ferrocarril Sarmiento es el quinto accidente grave en los últimos 9 meses. Ahora se busca descargar la responsabilidad sobre el conductor fallecido del colectivo, pero esta terrible estadística habla de la precariedad de un sistema ferroviario puesto en manos de empresarios corruptos que han sido subsidiados hasta el hartazgo por el Estado Nacional.
El plan de soterramiento del Sarmiento, anunciado más de cinco veces y dos de éstas por la propia Cristina Kirchner, fue postergado interminablemente a la espera de una financiación bancaria internacional, cuya carga no podría soportar el erario público.
Soluciones más terrenales como la construcción de pasos bajo nivel nunca fueron encaradas.
En lugar de esto, se eliminan puestos de trabajo de guardabarreras y banderilleros a cambio de barreras automáticas con un sistema eléctrico de chicharra, que comienza a funcionar a 800 metros de la llegada del convoy. Cuando la chicharra se acciona con el tren detenido en una estación próxima, la espera puede ser interminable. Esta situación no se da sólo en la estación de Flores .También se reproduce en Liniers, Haedo, Morón y  Moreno, todos lugares de alta concentración automotor y de pasaje de decenas de líneas de colectivos.
La “desesperación” de los choferes de colectivos es fruto de las brutales exigencias de tiempos que les imponen las patronales. Un atraso en el tránsito equivale siempre a perder el descanso entre vuelta y vuelta, sanciones de los inspectores y amenazas de suspensiones si se reiteran los atrasos.
Es el caos de un sistema de transporte anarquizado en manos de empresarios voraces de lucro y parásitos de la maraña de subsidios otorgados discresionalmente por el Estado Nacional a través de la Secretaría de Transporte.
El Estado y el gobierno de la ciudad son corresponsales de esta tragedia. Reclamamos la publicidad inmediata del destino de los subsidios otorgados para resolver esta problemática, implementación inmediata de guardabarreras y banderilleros en todos los pasos a nivel próximos a las estaciones. Hay que expulsar a los concesionarios, reclamarles la indemnización correspondiente al Estado por la malversación de subsidios al servicio e implementar un plan único del transporte urbano que integre el servicio automotor y ferroviario, bajo control de los trabajadores y usuarios.