Una causa piloto del gobierno contra el derecho de huelga


El 23 de diciembre de 2010, a poco más de dos meses de la muerte de Mariano Ferreyra, el gobierno montó un ataque contra los tercerizados del Roca y, en particular, contra los militantes del Partido Obrero y sus representante en Causa Ferroviaria, lista opositora a Pedraza en la Unión Ferroviaria.
Luego de una movilización en las vías de Avellaneda de los tercerizados, acompañados por el PO, para que se cumpliera con el compromiso firmado por el ministro de Trabajo y de Transporte de incorporar los trabajadores tercerizados a planta permanente de Ugofe, una larga reunión en el Ministerio de Trabajo derivó en el levantamiento de las negociaciones de parte del Estado.
En el mismo momento que en el Ministerio se informaba a los representantes de los trabajadores de la suspensión de las negociaciones, se montaba una provocación en Constitución con roturas en la estación e intento de quema de instalaciones.
El gobierno, en una conferencia de prensa de la ministra Garré, acusó de todo al Partido Obrero, que había actuado, según ella, en consonancia con Eduardo Duhalde.
Hospital y Merino en la
marcha por su liberación.
En forma coordinada, el secretario de Transporte, Schiavi, presentó ante el “colaborador” juez federal de Quilmes, Luis Armella, una denuncia contra los trabajadores tercerizados, vinculándolos no sólo con el corte de vías sino con los hechos de Constitución y acusándolos de extorsión, en particular a los delegados y incluso al abogado que había participado en la reunión. A modo de “prueba”, adjuntó las fotos del ingreso del letrado en el ministerio para la negociaciones que se llevaron a cabo ese día.
El 26 de diciembre se detuvo a los miembros de Causa Ferroviaria y militantes del Partido Obrero, Jorge Hospital y Omar Merino, y se dictó orden de captura contra Eduardo Belliboni, también militante del PO, y Miguel Morales, trabajador despedido de Ugofe.
La causa estaba armada exclusivamente en base a la denuncia de Schiavi y a las declaraciones del jefe de la División Roca de la Federal, comisario Jorge Raúl Ferreyra, hoy procesado por los hechos que provocaron el asesinato de Mariano Ferreyra y las graves lesiones a Elsa Rodríguez.
El 28 diciembre, en vísperas de una movilización por la liberación de los detenidos, se ordenó su libertad y el levantamiento de las órdenes de captura.
El 5 de enero de 2012, el juez Armella, del Juzgado Federal N°1 de Quilmes, procesó a Hospital, Merino, Belliboni y Morales por los delitos de corte de ruta y de extorsión. Así convirtió a esa causa en el anticipo de la fundamentación que esgrimiría en estos días CFK, en su discurso de asunción, en el sentido de que su gobierno garantiza el derecho de huelga, pero no el de “extorsión” por parte de los trabajadores.
Esta causa considera extorsión la exigencia a los ministros -que firmaron un acuerdo de incorporación de los tercerizados del Roca- de que cumplan con su compromiso.
El procesamiento fue apelado y su tratamiento quedó radicado en la Cámara de Apelaciones Federal de La Plata, Sala I. A pesar de haber transcurrido más de diez meses aún no se ha expedido por el revocamiento o la confirmación de dicho procesamiento.
Hay que destacar que no se les puede achacar desidia a estos jueces, ya que por las desprolijidades del expediente en aproximadamente cinco oportunidades lo remitieron nuevamente al juez Armella para que aclare errores en la foliación e incluso la falta de folios.
También debieron pedirle aclaraciones sobre otras órdenes de captura emitidas contra otros posibles imputados, y su levantamiento sin fundamentación, y solicitudes de explicaciones sobre si Belliboni estaba detenido, rebelde o a derecho, dada la confusión en el expediente, para pasar recién el 28 de noviembre a que el primer juez se expida.
Aunque el 28 de diciembre se había levantado la orden de captura de Belliboni y Morales, quedando a derecho y cumpliendo puntualmente con la orden de presentarse todos los meses a firmar ante el Juzgado, Belliboni y Morales fueron demorados en distintas ocasiones por figurar con orden de captura dada por el juez Armella con fecha 17 de enero.
Estos hechos fueron el fundamento para interponer la recusación del juez Armella, que también está para ser resuelta por el mismo tribunal de apelación que debe resolver el procesamiento.
Exigimos el inmediato desprocesamiento de los compañeros Hospital, Merino, Belliboni y Morales, al igual de los más de 5.000 procesados por luchar.
Claudia Ferrero (Apel)

El hombre de las vías


(Publicado por plazademayo.com, 13/12/2011)
Humberto Martínez y Carlos Piola
El informe de Telenoche sobre la mafia de los “Ferrochorros” revela también los vasos comunicantes entre los patoteros que asesinaron a Mariano Ferreyra. La nueva movilización del sindicato para pedir la libertad de Pedraza y “El Gallego” Fernández.

Por Diego Rojas (@zonarojas)

Pedraza debe seguir preso. Pedraza debe ser condenado


A pesar del convencimiento del abogado defensor del ex Secretario General de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, de que su defendido “pasará las Fiestas en su casa", no hay ninguna razón para que el jefe del plan criminal que terminó con la vida de Mariano Ferreyra deje de estar preso.
En primer lugar, José Pedraza será indagado el próximo 16 de diciembre en la causa que investiga, entre otros, a los jueces de la Cámara de Casación Penal. Se trata de la tentativa de coima dirigida, precisamente, a lograr la excarcelación y revocatoria del procesamiento de los primeros siete detenidos por el crimen de Ferreyra.
De este hecho, existen abundantes pruebas, como las escuchas de Pedraza pidiéndole el dinero para los eventuales sobornos al vicepresidente de Belgrano Cargas y contador de la UF, el Sr. Stafforini.
La legislación rechaza cualquier excarcelación en favor de quienes puedan “obstruir el proceso judicial o realizar acciones tendientes a impedir el accionar judicial”. Esto es lo que hizo Pedraza mientras estuvo libre: repartió su tiempo en tratar de coimear a camaristas, además de organizar reuniones y asambleas con miembros de su patota y el abogado de la Unión Ferroviaria, para regimentar sus posibles declaraciones ante la justicia. A esto, es necesario agregarle, en estos días, las denuncias de un testigo e incluso de nuevos “arrepentidos” acerca de golpizas y secuestros que sufrieron por parte de elementos ligados a Pedraza.
No se nos escapa, además, que el abogado de Pedraza ha presentado a las acusaciones contra su defendido como un “delito culposo” (no intencional); con lo cual pretende crear la idea de una injusta detención. En realidad, la causa fue elevada a juicio por Homicidio Agravado y Tentativa de Homicidio en tres casos, todos delitos dolosos y con una perspectiva de pena perpetua. Los jueces deberán expedirse sobre la excarcelación teniendo en cuenta la figura penal por la que fueron procesados y elevados a juicio y no por la que la defensa pretende argumentar
Pero este pronunciamiento es revelador de las intenciones de fondo de esta escalada mediática: no sólo quieren la excarcelación, también van por una absolución o una pena menor en el juicio que debe comenzar en febrero. En esta misma dirección, se inscribe la separación de la causa principal de las acusaciones contra los policías implicados y la dilación de sus defensas para evitar llegar a su elevación.
Por su intensa actividad para obstruir la Justicia, Pedraza debe seguir preso.
Por haber comandado el plan criminal contra los tercerizados y quienes los acompañaban, Pedraza debe ser condenado a perpetua. Reclamamos la unificación de las causas que involucran a la patota y a la policía en un proceso común, que debe procesar también a los empresarios de la Ugofe, quienes aún no han sido imputados. 
Para comunicarse:
Claudia Ferrero 1556045905
Abogada querellante e integrante de la Asociación de Profesionales en Lucha

La quita de los subsidios y el asesinato de Mariano Ferreyra


El desmanejo al que fuera sometido todo el sistema de subsidios y el desvío de los mismos al bolsillo de particulares es un secreto a voces. Que se pretenda dar vuelta la hoja sin que se abran los libros de las privatizadas y los órganos del Estado que distribuyeron los subsidios es, por lo menos, encubrir los ilícitos y darlos como hechos "naturalmente" consumados.
Los organismos del Estado conocen desde 2003 que los subsidios (en este caso) al ferrocarril eran malversados. La Afip, organismo bajo control estatal, por una inspección realizada entre 2004 y 2005 detectó que el concesionario del Ferrocarril Belgrano Cargas presentó facturas apócrifas para cobrar obras públicas (www.pagina12.com, 22/2).
Entre 2003 y 2008, José Ángel Pedraza de la Unión Ferroviaria e Isabel Coria (consejo directivo del Ferrocarril Belgrano Cargas) emitieron facturas truchas por diez millones de pesos para cobrar fondos que provenían de subsidios otorgados por el Estado. Autorizaba los pagos por obras ferroviarias que nunca se hicieron en Salta y Chaco, Ricardo Jaime, Secretario de Transporte de la Nación, a pesar que las facturas presentadas no cumplían ningún requisito de legalidad y que varias de las empresas que las emitían no tenían existencia física.
Los más altos funcionarios del Estado conocían a través del juez Federal Marcelo Martínez de Georgi, que a fines de junio de 2010, los diputados nacionales Piamonte y Pérez habían presentado en sede judicial una denuncia por fraude al Estado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, falsificación de documentos y malversación de caudales públicos. La denuncia incluía a los concesionarios del ferrocarril y al ministro de Planificación, Julio Devido, por haber sido el jefe de Jaime.
En junio de 2011 saltó que Humberto Martínez, secretario adjunto de UF de Escalada, mediante tarjetas apócrifas cobraba más de 100 salarios pagados con los subsidios del Estado; las víctimas eran obreros que figuraban como efectivos pero se les abonaba un salario reducido de tercerizados.
Ahora José A. Pérez, Guardabarrera en Florencio Varela, confesó en Diario Perfil del 13 de noviembre que la patota de la Unión Ferroviaria en Ferrobaires -a través de Mario Galván, Claudio Salazar, Sebastián Salazar y Norberto "El Gordo" Saldaña-, había organizado el lavado de dinero mal habido mediante el pago de 250 pesos a prestanombres, a los que mandaba con 30.000 pesos cada uno a entidades Financieras y Bancos para convertirlos en dólares. Queda claro que todo el proceso de los subsidios, por lo menos al transporte, resultó un gran fraude al pueblo trabajador y al tesoro público.
Quienes se apropiaron de una porción importante de los subsidios y fueron sus principales beneficiarios: Ugofe, los Sindicatos y los funcionarios del Estado vía Secretaría de Transporte, deben responder ante la justicia por todo este proceso que no se ha cerrado y tiene como hecho trágico la emboscada de Barracas, el 20 de octubre de 2010 donde fuera asesinado Mariano, tendiente a darle continuidad al negocio.
En el cuadro de la crisis capitalista mundial se da la paradoja que los que ganaron con el 54% de los votos tienen que poner en práctica el programa de ataque a los trabajadores, de la derecha que perdió en octubre. Para la presidenta queda la responsabilidad de sacar a la luz las estafas cometidas o sepultarlas aprovechando el fárrago de la quita de subsidios.
Que se abran los libros de las privatizadas, de la Secretaría de Transporte y de los organismos estatales involucrados. Juicio y castigo a los estafadores del erario público. Gestión, administración y control obrero del transporte.
Lisandro Martínez

Salón ferroviario de la infamia

(Publicado en plazademayo.com)
Suele pensarse que los homenajes se realizan, en vida, a hombres o mujeres probados, ejemplares, de valor para la sociedad en la que viven. No siempre sucede así. O, por lo menos, es la conclusión que se puede desprender del homenaje realizado por la Unión Ferroviaria a Juan Carlos "El Gallego" Fernández, secretario adjunto del sindicato, preso en la cárcel de Ezeiza, acusado de haber instigado al asesinato de Mariano Ferreyra, el 20 de octubre de 2010. Desde la semana pasada, el salón de actos de la sede sindical en la estación de Constitución lleva su nombre y una placa de bronce da cuenta del honor que le ofrecieron directivos del gremio, cuya cabeza, José Pedraza, también reposa tras las rejas acusado del mismo crimen. A pesar de que el lugar elegido para el homenaje es de acceso restringido, plazademayo.com pudo acceder a una fotografía que da cuenta de la distinción realizada a un hombre acusado de un crimen que conmovió a la sociedad. El logo de la Unión Ferroviaria contrasta con el brillo refulgente de la placa de bronce.
Juan Carlos "El Gallego" Fernández está acusado de haber instigado el crimen de Mariano Ferreyra. Es decir, de ser su autor intelectual. Organizador del ataque escarmentador que cayó sobre los trabajadores tercerizados del ferrocarril que luchaban por una reivindicación tan sencilla como pasar a planta permanente y gozar de los beneficios laborales del convenio colectivo de trabajo ferroviario. O, para decirlo en el lenguaje de las reivindicaciones de la Primera Internacional de mediados del siglo XIX: "A igual trabajo, igual salario". Sin embargo, la tan sencilla reivindicación de eliminar el trabajo precarizado que rige en las empresas tercerizadas ponía en peligro no sólo el negocio de la hiperexplotación de los obreros que beneficiaba a Ugofe (la empresa que opera el ferrocarril Roca), sino que hacía tambalear un negocio del mismísimo sindicato. La Cooperativa de Trabajo Unión del Mercosur, tercerizada que empleaba a más de doscientos ferroviarios, tenía como dueños -es decir, como empresarios- a los directivos de la Unión Ferroviaria. Esa situación llevó a la planificación de un ataque fulminante contra la lucha de los tercerizados. Tal ataque implicaba la constitución de una patota, integrada por trabajadores del ferrocarril y barrabravas dirigida por Pablo Díaz -el máximo representante gremial del ferrocarril Roca- y el uso de armas de fuego. Como la que usó Cristian "Harry" Favale, sindicado como autor del disparo que terminó con la vida de Mariano Ferreyra. El ataque se llevó a cabo durante el mediodía de aquel 20 de octubre. Pablo Díaz informaba lo que sucedía minuto a minuto a Juan Carlos "El Gallego" Fernández, que se encontraba junto a Pedraza y Juan Pablo Schiavi, titular de la Secretaría de Transporte nacional, en un acto en la Unión Ferroviaria. Los dos dirigentes sindicales esperan la apertura del juicio oral el 22 de febrero de 2012 encerrados en prisión.
La dirección de la Unión Ferroviaria reclamó desde el primer momento que se libere a los presuntos autores materiales del crimen de Barracas. Llegaron incluso a realizar paros en pos de ese objetivo. El homenaje a Juan Carlos "El Gallego" Fernández se encuentra en línea con esta posición. Llama la atención que funcionarios del gobierno hayan participado de actos organizados por la Unión Ferroviaria con posterioridad al crimen y a que la línea de liberación de los presos se manifestara de manera explícita por parte de esta dirección sindical. El 11 de octubre de este año, por ejemplo, la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, se hizo presente en las instalaciones sindicales donde se realizó "un acto de conmemoración por los 89 años de vida del sindicato". Tal vez esa presencia no debería llamar tanto la atención. Rial fue empleada de Pedraza, ya que lo asesoró como abogada laboralista. También es cierto que su jefe inmediato y miembro destacado del Poder Ejecutivo, Carlos Tomada, sostuvo un diálogo de asesoría gremial con Pedraza tres meses después del asesinato de Mariano Ferreyra. Tomada también sirvió como empleado legal de Pedraza en el pasado.
Al acto en el que se inauguró la placa conmemorativa de la persona de Juan Carlos "El Gallego" Fernández concurrieron, según pudo confirmar plazademayo.com, los miembros de la Comisión de Reclamos del Roca integrada, entre otros, por los dirigentes ferroviarios Karina Benemérito, Rubén Maldonado, Patricia Carbajal, Rubén Herrera y Aldo Amuchástegui -un delegado de los talleres ferroviarios de Remedios de Escalada, donde se reclutó a gran parte de la patota- y familiares de Fernández. Este cronista se comunicó con Karina Benemérito. Este es el diálogo.
-Benemérito, en Constitución usted participó de la inauguración de un salón que homenajea a Juan Carlos Fernández. ¿Cuál fue el motivo que los impulsó a realizar esa distinción?
-No entiendo la pregunta.
-En la sede sindical de la Unión Ferroviaria en la estación Constitución se inauguró un salón que lleva el nombre de Juan Carlos Fernández. ¿Por qué le ponen ese nombre al salón?
-Los trabajadores del Roca lo consideran, aún en la condición en que está Juan Carlos Fernández, como directivo del Roca.
-Fernández está acusado de ser el instigador de un asesinato.
-Sí.
-¿Eso no provoca alguna consideración como para no realizar un homenaje de estas características?
-Yo te voy a decir una sola cosa, Diego: hasta que la Justicia no se expida yo no soy ni juez ni parte. Yo creo en la inocencia de todo ser humano hasta que la Justicia diga si es culpable o no. En realidad, el público está condenando en lugar de un juez.
-¿No sería prudente que no se realizaran este tipo de homenajes hasta que la Justicia se expida?
-No fue un homenaje abierto, si no hubieran sido invitados. Homenaje se le hace a los muertos. Ha habido marchas a raíz de la muerte de Mariano Ferreyra y las respeto un montón. Se ha montado en la estación Plaza una placa, la cual nadie prohibió. Cada uno respeta la memoria de cada uno, a pesar de las ideologías políticas.
-Mariano Ferreyra fue asesinado y Juan Carlos Fernández está acusado de ser el instigador de ese asesinato.
-Yo respeto lo que diga el juez y la ley que se le pueda aplicar a los nueve acusados.
La inauguración del salón que lleva el nombre del presunto autor intelectual del asesinato de Mariano Ferreyra se produjo en simultáneo al secuestro por unas horas de José Sotelo, testigo en la causa que investiga el crimen. Sotelo afirmó que fue abordado por un grupo de hombres que lo introdujo en un automóvil, lo golpeó, gatilló un arma y le exigió que cambiara su declaración para no perjudicar a José Pedraza. Ambos hechos podrían considerarse como una avanzada del sindicato en su accionar para intentar liberar a los acusados. Y reivindicar a los presuntos criminales, que hoy por hoy cuentan con el repudio mayoritario de la sociedad.
Diego Rojas