El Gran Capitán en manos de Schiavi y la mafia de los ferrocarriles


El 26 de diciembre de 2011, cuando se canceló el tren Gran Capitán que va de Chacarita a Misiones, los pasajeros cortaron las calles para que les garantizaran el viaje y los boletos pagos.
El tren llamado El Gran Capitán -o "Tren de los pobres"- dejó de funcionar en 1993 y retornó, sus funciones en septiembre de 2003. En el viaje inaugural, participaron el entonces presidente Kirchner, el gobernador Colombi y el presidente de Trenes Especiales Argentinos (TEA), Enrique Franchi. "El" presentó aquel viaje como una expresión de "la reactivación ferroviaria".
El Gran Capitán comenzó trasladando 600 pasajeros dos veces por semana. El empresario que explotaba el negocio fue concejal del PI en Vicente López, desde 1983 a 1987.
Durante todos esos años, los viajes del Gran Capitán fueron un verdadero vía crucis. A principios de 2009, 700 pasajeros quedaron varados dos días, en un tramo de las vías que recorren Entre Ríos, por desperfectos mecánicos.
En abril de 2009, el Gran Capitán pasó a funcionar sólo un día a la semana, mientras arreciaba un conflicto de intereses entre TEA y La Fraternidad. Este gremio, ultra-alineado a la Secretaría de Transporte, comenzó a fogonear la entrega de la operación a otro operador privado. En mayo de 2009, La Fraternidad tomó la iniciativa de parar el servicio del Gran Capitán y la patronal envió telegramas de despido (APF, 21/5/09). 
Oscar Ava, dirigente de La Fraternidad del litoral, hizo entonces severas críticas a Franchi, responsable de TEA, proponiendo que la nación y la provincia articulen para recuperar el servicio" (www.sateliteferroviario.com.ar, Rieles multimedio). El ‘fraternal' anticipó lo que se venía: "se está pensando en formar una Unidad de Gestión Operativa de Ferrocarriles del Estado, donde se fusionarían tres o cuatro empresas privadas". 
A fines de noviembre de 2011, hacía días que el Gran Capitán no funcionaba. TEA denunció que "cuatro personas, dos de ellas autoridades del gremio de La Fraternidad, secuestraron un tren y dejaron sin servicio ferroviario, por tiempo indeterminado, a la Mesopotamia. Luego de trasladar la formación por lugares inhóspitos, se detuvieron en el paraje Casa Pava, Corrientes". Ante la sorpresa de los empleados, quienes "se vieron privados de su libertad durante horas", los responsables "se subieron a una 4x4 y abandonaron a toda prisa el lugar, inutilizando previamente la máquina y cruzándola sobre una vía".
Esta acción fue impulsada por la Secretaría de Transporte, y La Fraternidad cometió el ilícito para que TBA, de manera directa, sea adjudicataria -como antes lo fuera del tren internacional al Uruguay. Los métodos mafiosos para resguardar los negocios son el sello distintivo de la Secretaría de Transporte y la patria contratista.
El 12 de diciembre pasado, Schiavi rescindió el contrato a TEA y entregó el servicio a TBA. Ahora, en lugar de partir de estación Lacroze (accesible en Capital Federal), el servicio sale de Pilar (a más de 50 kilómetros) -cabecera del Tren a Uruguay, el cual es explotado por el Grupo Cirigliano. La cruel novedad para el sufrido pasajero del Gran Capitán es que TBA y el Estado van a prestar un servicio sin el material rodante apropiado, lo que lo coloca incluso al servicio por detrás del que brindaba desastrosamente TEA. 
Lisandro Martínez

Los guardas del Roca ponen en jaque a la Comisión de Reclamos verde


LA PATOTA DE PEDRAZA SE DESBARRANCA
Una movilización de cerca de 70 guardatrenes de la línea Roca copó la sala de la Comisión de Reclamos de la UF el pasado jueves 5 de enero. Pretendían explicaciones por el incumplimiento de varias promesas de campaña de la Lista Verde y reclamos fundamentales, como la equiparación de jornada en 6 horas para los compañeros de Diesel, la recategorización prometida, el pago de la deuda de tickets, el bono de fin de año, y el levantamiento de sanciones aplicadas a compañeros y delegados por reclamar seguridad como condición para despachar trenes en presencia de hinchadas de fútbol. La movilización fue encabezada por los delegados de la especialidad, lo cual habla de una profunda crisis al interior del aparato del gremio.
En más de dos horas de espera, no se hizo presente miembro de la Comisión de Reclamos alguno. Adujeron estar reunidos en esos momentos con el subsecretario de Transporte Ferroviario Schiavi, pero luego dejaron traslucir a los delegados que no se hicieron presentes porque en la movilización que copó el salón Juan Carlos Fernández (el salón de la infamia) estaban presentes compañeros de Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra.
Ya un delegado de Temperley había pretendido poner la condición de su permanencia a que se retirara nuestro compañero Jorge Hospital, lo cual fue rechazado por la mayoría abrumadora de los presentes de todas las dotaciones.
Aunque algunos plantearon dirigir nuestros reclamos exclusivamente al gremio, dejando al margen a la empresa o el gobierno, muchos compañeros están conscientes de que la política de ajuste del gobierno nacional significa un cambio fundamental en las condiciones de salario y de trabajo. El ajuste comenzó con el desconocimiento de la deuda de adicional por tickets y del reclamo del bono de fin de año, con la no implementación de las 6hs. en Diesel y con las sanciones que son el arma para disciplinar a los trabajadores.
Antes de retirarse, la movilización se convirtió en asamblea y resolvió volver al otro día, y comenzar de inmediato un quite de colaboración hasta recibir respuesta por los reclamos.

Causa Mariano Ferreyra: Policías y patoteros deben ir a juicio juntos



Las querellas de nuestros compañeros Elsa Rodríguez y Nelson Aguirre, representadas por Claudia Ferrero (Apel) y María del Carmen Verdú (Correpi), junto a la de los familiares directos de Mariano, representada por los abogados del Cels, Carolina Varsky y Maximiliano Medina, solicitaron en forma conjunta la unificación de la causa que investiga las responsabilidades de la policía con el juicio oral contra los patoteros y burócratas de la UF detenidos, programado para el 22 de febrero próximo.
En los fundamentos de la solicitud, los abogados señalan que “si bien el caso (de los policías) fue elevado a juicio bajo la calificación legal de abandono de persona seguido de muerte, las querellas requerimos la elevación en orden al delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado” en tres oportunidades, “por considerar que los funcionarios policiales han sido partícipes necesarios de los delitos atribuidos” a Pedraza, Fernández, Favale y compañía. “El fraccionamiento conspiraría contra la comprensión del ataque hacia los manifestantes como un todo, y de la forma en que estaban repartidas las funciones y responsabilidades entre los imputados”. La policía no fue un espectador pasivo de la agresión de la patota que mató a Mariano e hirió a los compañeros: cubrió y encubrió a los agresores, ocultó y destruyó pruebas, constituyó parte fundamental de la emboscada criminal. El desguace del juicio en dos tramos colaboraría en aislar y disminuir el papel de la policía, imputada por el fiscal de instrucción por delitos menores. Por otra parte, en el retraso relativo de la causa que investiga el papel de los policías mucho tuvieron que ver las chicanas jurídicas que plantaron los “asesores técnicos” del Ministerio de Seguridad que conduce Nilda Garré, que estuvieron a cargo de su defensa hasta octubre pasado. Entre esas chicanas, la solicitud de que su caso pasara al fuero “contravencional” de la ciudad de Buenos Aires.
Poner el cuerpo
El martes 3 de enero, médicos del hospital Santojanni extrajeron la bala que Nelson Aguirre tenía alojada detrás de su rodilla, producto de uno de los dos disparos que recibió durante el ataque de la patota.
Nuestro compañero planteó someterse a la operación para aportar al juicio una prueba que podría ser muy valiosa para corroborar un aspecto clave: la presencia de más de un tirador entre los agresores. Decenas de testimonios incorporados a la causa sostienen que hubo varios tiradores, que Pablo Díaz fue quien dio la orden de utilizarlos en el lugar de los hechos, y que entre los detenidos se encuentra quien estuvo encargado de distribuir “los fierros” y luego retirarlos, Salvador Pipitó.
Nelson recibió una cirugía muy delicada, que estuvo a cargo del Dr. Ricardo Zambrano, médico cirujano de larga trayectoria, tanto en su especialidad como en el apoyo a todas las luchas populares. Zambrano no vaciló en aportar todo su conocimiento y capacidad, que aseguró una operación exitosa. Mientras Nelson se recupera, nos seguimos preparando, en el plano jurídico y político, para la gran batalla por el juicio y castigo a todos los responsables del crimen de Mariano.
Jacyn