Una causa piloto del gobierno contra el derecho de huelga

El 23 de diciembre de 2010, a poco más de dos meses de la muerte de Mariano Ferreyra, el gobierno montó un ataque contra los tercerizados del Roca y, en particular, contra los militantes del Partido Obrero y sus representante en Causa Ferroviaria, lista opositora a Pedraza en la Unión Ferroviaria.
Luego de una movilización en las vías de Avellaneda de los tercerizados, acompañados por el PO, para que se cumpliera con el compromiso firmado por el ministro de Trabajo y de Transporte de incorporar los trabajadores tercerizados a planta permanente de Ugofe, una larga reunión en el Ministerio de Trabajo derivó en el levantamiento de las negociaciones de parte del Estado.

En el mismo momento que en el Ministerio se informaba a los representantes de los trabajadores de la suspensión de las negociaciones, se montaba una provocación en Constitución con roturas en la estación e intento de quema de instalaciones.
El gobierno, en una conferencia de prensa de la ministra Garré, acusó de todo al Partido Obrero, que había actuado, según ella, en consonancia con Eduardo Duhalde.

Hospital y Merino en la
marcha por su liberación.

En forma coordinada, el secretario de Transporte, Schiavi, presentó ante el “colaborador” juez federal de Quilmes, Luis Armella, una denuncia contra los trabajadores tercerizados, vinculándolos no sólo con el corte de vías sino con los hechos de Constitución y acusándolos de extorsión, en particular a los delegados y incluso al abogado que había participado en la reunión. A modo de “prueba”, adjuntó las fotos del ingreso del letrado en el ministerio para la negociaciones que se llevaron a cabo ese día.
El 26 de diciembre se detuvo a los miembros de Causa Ferroviaria y militantes del Partido Obrero, Jorge Hospital y Omar Merino, y se dictó orden de captura contra Eduardo Belliboni, también militante del PO, y Miguel Morales, trabajador despedido de Ugofe.
La causa estaba armada exclusivamente en base a la denuncia de Schiavi y a las declaraciones del jefe de la División Roca de la Federal, comisario Jorge Raúl Ferreyra, hoy procesado por los hechos que provocaron el asesinato de Mariano Ferreyra y las graves lesiones a Elsa Rodríguez.
El 28 diciembre, en vísperas de una movilización por la liberación de los detenidos, se ordenó su libertad y el levantamiento de las órdenes de captura.
El 5 de enero de 2012, el juez Armella, del Juzgado Federal N°1 de Quilmes, procesó a Hospital, Merino, Belliboni y Morales por los delitos de corte de ruta y de extorsión. Así convirtió a esa causa en el anticipo de la fundamentación que esgrimiría en estos días CFK, en su discurso de asunción, en el sentido de que su gobierno garantiza el derecho de huelga, pero no el de “extorsión” por parte de los trabajadores.
Esta causa considera extorsión la exigencia a los ministros -que firmaron un acuerdo de incorporación de los tercerizados del Roca- de que cumplan con su compromiso.
El procesamiento fue apelado y su tratamiento quedó radicado en la Cámara de Apelaciones Federal de La Plata, Sala I. A pesar de haber transcurrido más de diez meses aún no se ha expedido por el revocamiento o la confirmación de dicho procesamiento.
Hay que destacar que no se les puede achacar desidia a estos jueces, ya que por las desprolijidades del expediente en aproximadamente cinco oportunidades lo remitieron nuevamente al juez Armella para que aclare errores en la foliación e incluso la falta de folios.
También debieron pedirle aclaraciones sobre otras órdenes de captura emitidas contra otros posibles imputados, y su levantamiento sin fundamentación, y solicitudes de explicaciones sobre si Belliboni estaba detenido, rebelde o a derecho, dada la confusión en el expediente, para pasar recién el 28 de noviembre a que el primer juez se expida.
Aunque el 28 de diciembre se había levantado la orden de captura de Belliboni y Morales, quedando a derecho y cumpliendo puntualmente con la orden de presentarse todos los meses a firmar ante el Juzgado, Belliboni y Morales fueron demorados en distintas ocasiones por figurar con orden de captura dada por el juez Armella con fecha 17 de enero.
Estos hechos fueron el fundamento para interponer la recusación del juez Armella, que también está para ser resuelta por el mismo tribunal de apelación que debe resolver el procesamiento.
Exigimos el inmediato desprocesamiento de los compañeros Hospital, Merino, Belliboni y Morales, al igual de los más de 5.000 procesados por luchar.

Claudia Ferrero (Apel)