El desmanejo al que fuera sometido todo el sistema de subsidios y el desvío de los mismos al bolsillo de particulares es un secreto a voces. Que se pretenda dar vuelta la hoja sin que se abran los libros de las privatizadas y los órganos del Estado que distribuyeron los subsidios es, por lo menos, encubrir los ilícitos y darlos como hechos "naturalmente" consumados.
Los organismos del Estado conocen desde 2003 que los subsidios (en este caso) al ferrocarril eran malversados. La Afip, organismo bajo control estatal, por una inspección realizada entre 2004 y 2005 detectó que el concesionario del Ferrocarril Belgrano Cargas presentó facturas apócrifas para cobrar obras públicas (www.pagina12.com, 22/2).
Entre 2003 y 2008, José Ángel Pedraza de la Unión Ferroviaria e Isabel Coria (consejo directivo del Ferrocarril Belgrano Cargas) emitieron facturas truchas por diez millones de pesos para cobrar fondos que provenían de subsidios otorgados por el Estado. Autorizaba los pagos por obras ferroviarias que nunca se hicieron en Salta y Chaco, Ricardo Jaime, Secretario de Transporte de la Nación, a pesar que las facturas presentadas no cumplían ningún requisito de legalidad y que varias de las empresas que las emitían no tenían existencia física.
Los más altos funcionarios del Estado conocían a través del juez Federal Marcelo Martínez de Georgi, que a fines de junio de 2010, los diputados nacionales Piamonte y Pérez habían presentado en sede judicial una denuncia por fraude al Estado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, falsificación de documentos y malversación de caudales públicos. La denuncia incluía a los concesionarios del ferrocarril y al ministro de Planificación, Julio Devido, por haber sido el jefe de Jaime.
En junio de 2011 saltó que Humberto Martínez, secretario adjunto de UF de Escalada, mediante tarjetas apócrifas cobraba más de 100 salarios pagados con los subsidios del Estado; las víctimas eran obreros que figuraban como efectivos pero se les abonaba un salario reducido de tercerizados.
Ahora José A. Pérez, Guardabarrera en Florencio Varela, confesó en Diario Perfil del 13 de noviembre que la patota de la Unión Ferroviaria en Ferrobaires -a través de Mario Galván, Claudio Salazar, Sebastián Salazar y Norberto "El Gordo" Saldaña-, había organizado el lavado de dinero mal habido mediante el pago de 250 pesos a prestanombres, a los que mandaba con 30.000 pesos cada uno a entidades Financieras y Bancos para convertirlos en dólares. Queda claro que todo el proceso de los subsidios, por lo menos al transporte, resultó un gran fraude al pueblo trabajador y al tesoro público.
Quienes se apropiaron de una porción importante de los subsidios y fueron sus principales beneficiarios: Ugofe, los Sindicatos y los funcionarios del Estado vía Secretaría de Transporte, deben responder ante la justicia por todo este proceso que no se ha cerrado y tiene como hecho trágico la emboscada de Barracas, el 20 de octubre de 2010 donde fuera asesinado Mariano, tendiente a darle continuidad al negocio.
En el cuadro de la crisis capitalista mundial se da la paradoja que los que ganaron con el 54% de los votos tienen que poner en práctica el programa de ataque a los trabajadores, de la derecha que perdió en octubre. Para la presidenta queda la responsabilidad de sacar a la luz las estafas cometidas o sepultarlas aprovechando el fárrago de la quita de subsidios.
Que se abran los libros de las privatizadas, de la Secretaría de Transporte y de los organismos estatales involucrados. Juicio y castigo a los estafadores del erario público. Gestión, administración y control obrero del transporte.
Lisandro Martínez
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