Las querellas de nuestros compañeros Elsa Rodríguez y Nelson Aguirre, representadas por Claudia Ferrero (Apel) y María del Carmen Verdú (Correpi), junto a la de los familiares directos de Mariano, representada por los abogados del Cels, Carolina Varsky y Maximiliano Medina, solicitaron en forma conjunta la unificación de la causa que investiga las responsabilidades de la policía con el juicio oral contra los patoteros y burócratas de la UF detenidos, programado para el 22 de febrero próximo.
En los fundamentos de la solicitud, los abogados señalan que “si bien el caso (de los policías) fue elevado a juicio bajo la calificación legal de abandono de persona seguido de muerte, las querellas requerimos la elevación en orden al delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado” en tres oportunidades, “por considerar que los funcionarios policiales han sido partícipes necesarios de los delitos atribuidos” a Pedraza, Fernández, Favale y compañía. “El fraccionamiento conspiraría contra la comprensión del ataque hacia los manifestantes como un todo, y de la forma en que estaban repartidas las funciones y responsabilidades entre los imputados”. La policía no fue un espectador pasivo de la agresión de la patota que mató a Mariano e hirió a los compañeros: cubrió y encubrió a los agresores, ocultó y destruyó pruebas, constituyó parte fundamental de la emboscada criminal. El desguace del juicio en dos tramos colaboraría en aislar y disminuir el papel de la policía, imputada por el fiscal de instrucción por delitos menores. Por otra parte, en el retraso relativo de la causa que investiga el papel de los policías mucho tuvieron que ver las chicanas jurídicas que plantaron los “asesores técnicos” del Ministerio de Seguridad que conduce Nilda Garré, que estuvieron a cargo de su defensa hasta octubre pasado. Entre esas chicanas, la solicitud de que su caso pasara al fuero “contravencional” de la ciudad de Buenos Aires.
Poner el cuerpo
El martes 3 de enero, médicos del hospital Santojanni extrajeron la bala que Nelson Aguirre tenía alojada detrás de su rodilla, producto de uno de los dos disparos que recibió durante el ataque de la patota.
Nuestro compañero planteó someterse a la operación para aportar al juicio una prueba que podría ser muy valiosa para corroborar un aspecto clave: la presencia de más de un tirador entre los agresores. Decenas de testimonios incorporados a la causa sostienen que hubo varios tiradores, que Pablo Díaz fue quien dio la orden de utilizarlos en el lugar de los hechos, y que entre los detenidos se encuentra quien estuvo encargado de distribuir “los fierros” y luego retirarlos, Salvador Pipitó.
Nelson recibió una cirugía muy delicada, que estuvo a cargo del Dr. Ricardo Zambrano, médico cirujano de larga trayectoria, tanto en su especialidad como en el apoyo a todas las luchas populares. Zambrano no vaciló en aportar todo su conocimiento y capacidad, que aseguró una operación exitosa. Mientras Nelson se recupera, nos seguimos preparando, en el plano jurídico y político, para la gran batalla por el juicio y castigo a todos los responsables del crimen de Mariano.
Jacyn
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