Investigan actos de corrupción tras el malogrado anuncio del tren tucumano

(Publicado por elsigloweb.com, 13/05/2013)

LO QUE HAY DETRAS DE LAS PROMESAS INCUMPLIDAS
El juez Bonadio investiga una defraudación en el ferrocarril Belgrano Cargas en el marco del nunca concretado anuncio del tren entre San Miguel de Tucumán y Concepción. Llaman a declarar al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y a José Pedraza, el sindicalista preso por el crimen del militante del PO, Mariano Ferreyra.

A casi una década del anuncio sobre la puesta en marcha del "tren urbano", que uniría a la Capital provincial con la ciudad de Concepción, las vías siguen desoladas, como la ilusión de miles de tucumanos que veían en el regreso de ese medio de transporte una oportunidad de progreso.
Para la puesta en marcha del tren "tucumano" el Estado nacional realizó un desembolso de 8 millones de pesos, pero las obras nunca se hicieron, lo que dio lugar al inicio de una investigación sobre posibles actos de corrupción.
Finalmente, varios años después, el juez federal Claudio Bonadio decidió darle impulso a una causa por una presunta defraudación en obras del ferrocarril Belgrano Cargas en Tucumán. En este sentido, según publicó Infobae, el magistrado llamó a declarar para el mes próximo al ex secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, y al sindicalista José Pedraza, preso por el crimen del militante del PO, Mariano Ferreyra.

PROMESA INCUMPLIDA. A una

década del anuncio, las vías

siguen esperando en vano

al tren urbano.

Desde el 30 de mayo y hasta el 18 de junio próximo desfilarán por el juzgado de Bonadio no sólo Jaime y Pedraza, sino también otras 56 personas consideradas partícipes de la maniobra por la que la secretaría de Transporte entregó a la empresa "Luis Carlos Zonis S.A." un contrato millonario para realizar el retendido y reparación de vías desde San Miguel de Tucumán a la ciudad de Concepción. 
La causa se inició en 2009, con una denuncia de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y en los últimos días Bonadio llamó a indagatoria.
Según fuentes judiciales citadas por ese medio nacional, en la secretaría de Transporte tardaron 48 horas en autorizar, hacia fines de 2003, la realización de la obra, requerida por el gobernador José Alperovich. Además, se indicó que fue Jaime quién autorizó al Belgrano Cargas a hacer la obra por un monto de 4 millones de pesos y le adelantó la mitad del dinero.
Polémica licitación
La obra comenzó recién avanzado el 2004. El Belgrano Cargas llamó a licitación y le otorgó el negocio a la empresa Zonis que había valuado la obra en 8 millones de pesos. Desde el ministerio de Planificación le informan a Jaime que por el monto del contrato debía intervenir la Jefatura de Gabinete. Entonces, misteriosa y casualmente para evitar los controles por fuera del área de Planificación, el precio bajó a 7.990.000 pesos. Jaime autorizó la obra ad referendum del ministro Julio De Vido. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) confirmó el precio. Allí intervino Pedro Ochoa Romero, amigo y socio de Jaime quien estaba a cargo de la CNRT. Ochoa Romero también fue citado a indagatoria. A medida que avanzaba la obra la empresa Zonis le facturaba a Belgrano Cargas y, a su vez, el ferrocarril le facturaba a la secretaría de Transporte. Los pagos sumaban 5 millones de pesos.
El Belgrano Cargas le cedió a Zonis facturas por 1 millón de pesos más. Mientras se completaban los pagos cambió la operadora y SOESA quedó al frente del ferrocarril y comenzó a cobrar el canon por el servicio de carga en los más de 7000 km de vías del tendido. Fue por entonces que Jaime le envió una nota a SOESA para que saldara la deuda de Zonis. Así lo hizo la operadora: pagó dos millones de pesos más y con eso alcanzó la cifra de 8 millones del valor estipulado. Pero habían desaparecido los 2 millones que Jaime había otorgado de adelanto al Belgrano Cargas cuando comenzó la obra.
Por esa defraudación, además de Jaime y Pedraza, tendrán que declarar los dueños de la empresa Zonis y la esposa del sindicalista preso, Graciela Coria, que presidía la sociedad del Belgrano Cargas. Entre los indagados están los integrantes del directorio de esa sociedad, los que formaban SOESA -ejecutivos de los grupos Emepa, Roggio y Macri y del operador chino- . También serán indagados Néstor Ulloa-involucrado en el caso Skanska- y Raúl Garré, hermano de la ministra de Seguridad Nilda Garré. El primero fue síndico suplente y el segundo síndico de Belgrano Cargas.
El tren que nunca funcionó
El gobernador Alperovich había anunciado el 28 de marzo de 2006 que al año siguiente estaría funcionando el coche motor en el tramo Concepción-Tucumán (por un acuerdo con el gobierno de Néstor Kirchner), y que había ordenado a los intendentes del interior que resolvieran el problema de la gente estacionada sobre las vías.
Conforme al proyecto oficial, el recorrido comenzaría en San Miguel de Tucumán, cuya estación se iba a llamar Tucumán CC, en tanto que se iban a habilitar terminales en cada localidad a la que el tren llegue. Para cerrar "el anillo" que el tren tucumano recorrería en todo el territorio provincial, desde Concepción se pensaba habilitar otros tramos pasando por La Verde, Aguilares, Río Chico, Donato Alvarez, Villa Alberdi, Graneros y Lamadrid. Por la misma línea se pensaba continuar a Monteagudo, Atahona, Simoca, Bella Vista, Fernández y San Felipe retornando a Tucumán CC. Finalmente, se había anunciado que desde la estación central nacería otra línea que iría a Villa Muñecas, Tafi Viejo, El Cadillal, Tapia, Dipos, Choromoro y Benjamín Paz, finalizando en Trancas.