Los ferrocarriles del kirchnerismo nos acaban de entregar otro desastre, en el mismo ramal donde ocurrió la masacre de Once.
Como en otros episodios, el gobierno intentó erigirse en acusador. Para ese trabajo sucio,
Luego, cargó contra los conductores de la formación que provocó la embestida. Pero la verdadera causa de la tragedia es la obsolescencia terminal de toda la infraestructura y del material rodante del Sarmiento. La renovación de señales que permitirían la instalación del ATS, un sistema de frenos automáticos que se accionan frente a un exceso de la velocidad y ante cualquier riesgo de colisión, fue interrumpida en el año 2010, tras fracasar un contrato con la Siemens.
Después de un año y cuatro meses de salida de Cirigliano, intervención estatal y concesión directa a la Unidad de Gestión (Ugoms) que se constituyó junto a los grupos Roggio y Romero (los socios de Cirigliano) el kirchnerismo ha sido incapaz de superar el desquicio del Sarmiento. En cambio, procedió a un maquillaje cosmético a las formaciones y la instalación de paneles electrónicos que informan el horario de los trenes.
En eso consistió la “revolución ferroviaria” que prometió Randazzo.
La renovación de formaciones deberá esperar hasta 2014 y recién entonces se podrá juzgar la calidad de ese material rodante. La última compra multimillonaria de los K fueron las formaciones obsoletas a España y Portugal. Por ese hecho está procesado Ricardo Jaime, con la complicidad activa de los concesionarios y los dirigentes de la Unión Ferroviaria y La Fraternidad.
Incluso con el peso de las muertes de Once, el gobierno nacional no ha roto su alianza estratégica con los vaciadores del sistema ferroviario que siguen en la operación del servicio. Mientras tanto, multiplica sus negocios con nuevos contratos de obras a favor de esos mismos vaciadores, con mano de obra tercerizada y plazos prorrogados para sobrefacturarle las tareas al Estado. El “triángulo siniestro” de privatizadores, burócratas sindicales y funcionarios está en el ADN del kirchnerismo. Por eso, a un desastre ferroviario le sigue otro.
Tras la masacre de Once, gran parte de las formaciones del ferrocarril Sarmiento se siguieron reparando en los talleres de Emfer, la empresa de Claudio Cirigliano. Pero tampoco es cierto que Cirigliano se fue de TBA.
Según informa Perfíl (13/6), “el dueño de TBA posee un hombre de su cuño en la misma Ugoms: se trata de Jorge De Los Reyes, quien también posee lazos con los secretarios de Randazzo en el Ministerio de Transporte. Otro vínculo entre Claudio Cirigliano y el gobierno es Marcos Chicote, gerente de TBA hasta 2007 y hoy presidente de Ugoms. El fiscal federal Federico Delgado solicitó su imputación por el crimen de Once, pero el juez Claudio Bonadío no hizo lugar a la petición”. Por el contrario, Bonadío sí hizo lugar a la recusación del fiscal por parte de Chicote, apartándolo de la causa en vísperas del juicio oral y público por la masacre. Gravísimo.
Ahora, Randazzo anunció la formación de una comisión investigadora conformada por un representante del Ministerio del Interior y Transporte, de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), y representantes de varias universidades. Como el ministro anunció, son todos miembros “institucionales”, dependientes del poder político.
La comisión que juzgue las causas de estas y todas las tragedias ferroviarias recientes debe ser independiente del poder, que no ha roto con los empresarios y sindicalistas cómplices del vaciamiento ferroviario. Debe estar integrada por organizaciones de usuarios, los luchadores ferroviarios y por los familiares de las víctimas de Once y Castelar, quienes venimos denunciando el colapso ferroviario.
Reclamamos romper ya con los concesionarios, expulsar a los Roggio y Romero de los ferrocarriles, confiscarles los bienes malhabidos con la malversación de fondos públicos y reinvertir esos recursos en la recuperación genuina del servicio, bajo control de los trabajadores.
Jorge Darío Hospital
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