(publicado en Prensa Obrera Nº1127, del 6 de mayo de 2010)
Transcurridos varios meses, todos los intentos por notificarle al jefe de Gabinete sobre la demanda que el Partido Obrero ha presentado contra él y contra el Estado nacional han sido inútiles. Como se recordará, en marzo de 2008, el Partido Obrero fue blanco de un ataque por parte del gobierno nacional y del que le adjudicaba una responsabilidad en la quema de vagones del tren Sarmiento. El Partido Obrero inició un juicio por esta difamación contra el Estado nacional, el jefe de Gabinete Aníbal Fernández, el canal de televisión C5N y su vocero, Eduardo Feinmann.
Estamos en presencia de un caso inusitado, pues de lo expuesto se concluye que el paradero, ni más ni menos que del jefe de Gabinete nacional es... ¡desconocido! Las cédulas de notificación enviadas por la Justicia a diferentes domicilios vinculados a su persona han tenido siempre el mismo resultado: han rebotado y vuelto al juzgado. Este modus operandi es propio del accionar delictivo.
Muy distinta fue la conducta del Partido Obrero y de José Maria Escobar (militante de Merlo) ante la acusación del gobierno y de C5N, pues inmediatamente se pusieron a disposición de la Justicia para el esclarecimiento de los episodios. El juez de Morón interviniente en la causa, transcurrido un año y medio de los hechos, no logró reunir ninguna evidencia para formular cargos contra nosotros. El juez ni siquiera consideró que hubiera razón para que fuéramos interrogados. El gobierno nacional no presentó la menor prueba, pese a que fue intimado a hacerlo varias veces por el juzgado.
Queda claro que las calumnias fueron un operativo artero y premeditado del aparato del Estado para demoler moral y políticamente, ante la opinión pública, a un partido de principios socialistas como es el Partido Obrero. En otros sistemas jurídicos, este delito es calificado como “asesinato de personalidad”. Cuando Feinman compareció ante la Justicia, ofreció una módica indemnización en dinero, en lo que ha sido un reconocimiento de su acción delictiva.
En paralelo a esta ofensiva del gobierno nacional, Raúl Alfredo Othacehé, intendente de Merlo, inició una querella por calumnias e injurias contra los dirigentes del Partido Obrero Jorge Altamira, Néstor Pitrola y Marcelo Ramal, debido a un comunicado de prensa emitido por el Partido Obrero durante el día de los incidentes, titulado “El Grupo Cirigliano, peor que Marsans. El Partido Obrero ante la rebelión popular de Merlo y Castelar”, en el que se responsabilizaba también a Othacehé por su connivencia con los empresarios de transporte, entre los cuales se encuentra, precisamente, el grupo Cirigliano, que gestiona el Sarmiento.
Este grupo económico acaba de ser vinculado por las investigaciones judiciales con las estafas económicas del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime.
En resumen, el jefe de Gabinete dedica una parte de su tiempo a esquivar las citaciones judiciales, con la expectativa de evitar una condena judicial por cansancio. Semejante irregularidad es una falta alevosa a los deberes de funcionario público y debería merecer que algún juez actúe de oficio en esta circunstancia. Debería promoverse la intervención de la fuerza pública para hacerlo comparecer por la fuerza y obligarlo a que establezca un domicilio fehaciente. Nosotros empezaremos una campaña para dar con el paradero del prófugo.
Muy distinta fue la conducta del Partido Obrero y de José Maria Escobar (militante de Merlo) ante la acusación del gobierno y de C5N, pues inmediatamente se pusieron a disposición de la Justicia para el esclarecimiento de los episodios. El juez de Morón interviniente en la causa, transcurrido un año y medio de los hechos, no logró reunir ninguna evidencia para formular cargos contra nosotros. El juez ni siquiera consideró que hubiera razón para que fuéramos interrogados. El gobierno nacional no presentó la menor prueba, pese a que fue intimado a hacerlo varias veces por el juzgado.
Queda claro que las calumnias fueron un operativo artero y premeditado del aparato del Estado para demoler moral y políticamente, ante la opinión pública, a un partido de principios socialistas como es el Partido Obrero. En otros sistemas jurídicos, este delito es calificado como “asesinato de personalidad”. Cuando Feinman compareció ante la Justicia, ofreció una módica indemnización en dinero, en lo que ha sido un reconocimiento de su acción delictiva.
En paralelo a esta ofensiva del gobierno nacional, Raúl Alfredo Othacehé, intendente de Merlo, inició una querella por calumnias e injurias contra los dirigentes del Partido Obrero Jorge Altamira, Néstor Pitrola y Marcelo Ramal, debido a un comunicado de prensa emitido por el Partido Obrero durante el día de los incidentes, titulado “El Grupo Cirigliano, peor que Marsans. El Partido Obrero ante la rebelión popular de Merlo y Castelar”, en el que se responsabilizaba también a Othacehé por su connivencia con los empresarios de transporte, entre los cuales se encuentra, precisamente, el grupo Cirigliano, que gestiona el Sarmiento.
Este grupo económico acaba de ser vinculado por las investigaciones judiciales con las estafas económicas del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime.
En resumen, el jefe de Gabinete dedica una parte de su tiempo a esquivar las citaciones judiciales, con la expectativa de evitar una condena judicial por cansancio. Semejante irregularidad es una falta alevosa a los deberes de funcionario público y debería merecer que algún juez actúe de oficio en esta circunstancia. Debería promoverse la intervención de la fuerza pública para hacerlo comparecer por la fuerza y obligarlo a que establezca un domicilio fehaciente. Nosotros empezaremos una campaña para dar con el paradero del prófugo.
Pablo Heller
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