El Tribunal Oral 21 debe fijar fecha ya

La causa principal que investiga el asesinato de Mariano Ferreyra y las graves heridas sufridas por Elsa Rodríguez, el 20 de octubre de 2010, se encuentra a despacho en el Tribunal Oral 21.

Pedraza preso

Se supone que el próximo auto de los jueces debe resolver, entre otras cosas, la nueva fecha del juicio oral que sentará en el banquillo de los acusados a Pedraza; a su segundo, “el Gallego” Fernández, y al resto de su patota, así como a los siete policías federales.
Si bien aún quedan recursos en Casación interpuestos por la defensa, ninguno representa una traba procesal para impedir el comienzo del juicio oral.

Fernández y su patota

El recurso de Casación interpuesto por la defensa de Pedraza, el cual rechaza la unificación de la causa penal que investiga la responsabilidad de la patota y la causa que investiga la responsabilidad de los policías, con el argumento de que el agravio está constituido en la postergación del juicio oral, se convierte en un incentivo procesal para que el TOF 21 fije nueva fecha en forma inmediata, ya que de hacerlo ese recurso devendría en abstracto.
Se consolidan los indicios de obstrucción a la Justicia de parte de los imputados de la Unión Ferroviaria.
El procesamiento del juez Alberto Baños al perito Roberto Locles -por alterar una evidencia directa del asesinato del militante del PO al golpear el proyectil sobre una mesa, durante una junta de expertos balísticos- está basado en que su “actitud fue absolutamente artera y dirigida a dañar el proyectil”.

"Perito" Roberto Locles

La decisión del juez Baños demuestra que había un perito contratado para entorpecer la investigación.
El perito había sido propuesto por la defensa de Uño, quien -llamativamente- no es acusado por disparar un arma, sino por huir del lugar con una de las armas utilizadas, mostrando -de este modo- la unificación en la táctica de la defensa de todos los miembros de la patota, independientemente del abogado que los representa.
El entorpecimiento de la investigación también fue intentado por los imputados de la UF a través de presuntos sobornos en la Cámara de Casación, causa que se encuentra bajo la órbita del juez Rodríguez y que no avanza por los continuos recursos interpuestos por el ex juez federal Araoz de la Madrid, principal acusado en la misma, quien- al no poder obtener la separación del juez de la causa- ha pasado ahora a recusar al fiscal.

Claudia Ferrero (Apel)

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La Corte Suprema y la ley de accidentes del trabajo

La Corte Suprema de Kirchner declaró la inconstitucionalidad de un artículo clave de la Ley de Riesgos del Trabajo, que impedía a los trabajadores accidentados demandar ante la Justicia.
Esa ley fue aprobada en 1995 y la burocracia sindical participó formando sus propias ARTs, como es el caso de la ART Luz, del Sindicato de Luz y Fuerza. El artículo de la ley que exime a los patrones de la responsabilidad civil e impide a los trabajadores demandar ante la Justicia era manifiestamente inconstitucional, ya que no se puede prohibir a nadie que haga un reclamo judicial.
Sin embargo, como consecuencia de que los trabajadores presentaban demandas pidiendo la inconstitucionalidad de ese artículo, en el año 2000, ya durante la Alianza, le introdujeron cambios a través de un decreto de necesidad y urgencia (subieron las indemnizaciones para “desincentivar” los reclamos judiciales). También para frenar proyectos de ley alternativos (que permitían el reclamo judicial y que las indemnizaciones del sistema de ART se tomaran a cuenta de lo que resolvieran los jueces).
El fallo de la Corte se inscribe dentro de este reconocimiento patronal de que el sistema de ART se había pasado de rosca. Pero en lugar de desmantelarlo, el fallo, en sus considerandos, avala la privatización del sistema a través de las ART, o sea, de la banca nacional e internacional y las grandes compañías aseguradoras.
Abajo la ley
Todo el sistema de jubilaciones y accidentes de trabajo debe estar a cargo del Estado, financiado con un impuesto a los capitalistas.
Proponemos la formación de comités obreros que tomen a su cargo el control de los ritmos de trabajo y las normas de seguridad en las fábricas para evitar que ocurran los accidentes y obligar a las patronales a que metan plata en la seguridad del trabajo.
Aumento de los salarios y de las indemnizaciones por accidentes.
Multas, penas y responsabilidad civil de las patronales, para obligarlas a que respeten las normas de higiene, prevención y seguridad laboral.
Determinación de las enfermedades profesionales y laborales por comités de obreros, médicos y profesionales en riesgos.

Ley de Riesgos del Trabajo (ART)

1º de Marzo de 1948: ¿La nacionalización de los ferrocarriles fue una acción antiimperialista?

El 10 de marzo de 1948, el presidente Perón convocó una movilización para anunciar una medida trascendente: la nacionalización de los ferrocarriles. Inmensos carteles con la inscripción “ya son argentinos” rodeaban la concentración. La decisión gubernamental desató una intensa polémica que se ha prolongado hasta nuestros días. ¿Cuál fue el origen y propósito de la nacionalización? ¿En qué circunstancias fue resuelta? ¿Cómo fue caracterizada por las distintas corrientes políticas? Con un click en el afiche, tendrás nuestro análisis completo.

Raúl Scalabrini Ortiz y Arturo Jauretche

Los dos militaron en Forja (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina), aunque Scalabrini, a diferencia de Jauretche, nunca se afilió al radicalismo. Nacionalistas yrigoyenistas, ambos elaboraron lo más importante de sus ideas bajo el peso de la Gran Depresión en los años '30. Uno y otro, además, adhirieron al peronismo tempranamente. Por eso presentan, sobre todo Scalabrini, un hilo conductor directo que los vincula con la situación de nuestros días en dos puntos clave: la crisis y las nacionalizaciones (burguesas), de las cuales ellos fueron teóricos. Ver texto completo haciendo un click en la imagen.