Como era previsible, los resultados de los peritajes elaborados por peritos de Cirigliano y la Secretaría de Transporte de Schiavi/Ramos apuntan a la exclusiva responsabilidad del maquinista. Sin embargo, no pudieron dejar de mencionar la falta de mantenimiento de las formaciones. Lo consideran un "mantenimiento diferido", eufemismo para ocultar que se reparaba (y no siempre) la falla, pero se evitaba el mantenimiento, que siempre tiene un carácter "preventivo".
Sin embargo, desde que la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal declaró la nulidad de la resolución del juez Bonadío que había dispuesto tener por parte querellante al Estado Nacional, la causa ha tomado un giro.
Delgado también introdujo la figura del “peculado”, es decir que no los acusa sólo por un estrago culposo sino por un delito mucho más grave, penado con hasta diez años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El dictamen fiscal no toma como base la pericia sino los críticos informes públicos de la Auditoría General de la Nación (AGN), desoídos por el Congreso y el Poder Ejecutivo. “El concesionario hizo cuanto quiso, no cumplió con las pautas del contrato; en particular con las inversiones y mantenimiento. Pese a ello, el Estado inyectó fondos, pero los funcionarios deliberadamente optaron por no controlar”, resumió el fiscal. “Esa complicidad, probablemente anclada en un pacto (expreso o tácito, no interesa) entre TBA, la CNRT y la Secretaría de Transporte, disolvió cualquier chance de control real, tal como ocurrió en el Roca”, sostuvo el representante del Ministerio Público. También hizo un paralelo jurídico con la tragedia de Cromañón.
La masacre agravó las crisis de camarillas al interior del propio gobierno, donde se abre paso una puja abierta entre la Cámpora y De Vido, quien aparece con altísima responsabilidad por ser titular del Ministerio que tiene a su cargo todas las áreas del Transporte. El propio informe del camporista Kicillof, en la conferencia oficial por YPF, terminaba enrostrando a De Vido su responsabilidad también en el vaciamiento energético. Estos choques pueden abrirle paso a una investigación que Bonadío intentó bloquear desde el inicio de la causa.
Simultáneamente, se dio a conocer que en diciembre de 2006, la Secretaría de Transporte aprobó una obra que consistía en la construcción de un Sistema de Señalamiento Automático. La obra, adjudicada a Siemens, se enmarcó en un Programa de Obras aprobado en el año 2005, que lleva la firma del entonces presidente Néstor Kirchner, su jefe de gabinete Alberto Fernández y el todavía ministro de Planificación, Julio De Vido (La Politica Online, 19-04-12). La colocación del sistema de señalamiento automático con control de tránsito centralizado se licitó para que luego la empresa, mediante el sistema de ampliación de obra, evitara una nueva licitación para implementar el sistema ATS (After Treatment System) de frenado automático a distancia, tal como reveló Ricardo Roa en su columna del diario Clarín del mismo día. El ATS detiene el tren en caso de que se viole una señal de peligro o se produzca una aproximación indebida a un paragolpes o final de vía, aún en caso de falla humana. Podría haber salvado las 52 vidas de la masacre.
En setiembre de 2007, la multinacional cobró el anticipo financiero de 51 millones de pesos y sólo avanzó hasta el 4 por ciento de la obra inicial, que abandonó en julio de 2009. El precio de la obra, entre 200 y 300 millones de pesos, correspondía a diciembre de 2005. Amparándose en que el gobierno no redeterminó los precios, según establecía el contrato, Siemens dejó la obra paralizada casi desde su inicio, pese a que el plazo para finalizarla vencía en diciembre de 2011. La inacción de la Secretaría de Transporte motiva sospechas de retornos a los funcionarios.
Más denuncias de este tipo surgirán a medida que avance el proceso. La crisis en el seno del gobierno crecerá a medida que se desenvuelva una resistencia al ajuste. Reclamamos el inicio ya del juicio oral por el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra, que también abonará el camino para expulsar a los concesionarios, a De Vido y a la patota sindical empresaria que reposa en los sillones de Transporte. Para quebrar toda impunidad, la condición es que la indignación popular empalme con la movilización de los ferroviarios que empieza a despuntar en varias líneas.
Jorge Hospital
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