Otro fallo de la Corte Suprema sobre libertad sindical

Un nuevo fallo de la Corte Suprema mete cuña en la crisis de la burocracia sindical. El fallo reconoce a una delegada de la Asociación Profesional de Salud del Hospital Naval, organización simplemente inscripta, los mismos fueros que si fuera de un sindicato con personería jurídica o gremial.

Se trata de otro escalón respecto al sonado fallo anterior, donde la misma Corte estableció que un trabajador no afiliado a sindicato alguno con personería podía ser delegado.

El nuevo fallo declara la inconstitucionalidad del artículo 52 de la Ley de Asociaciones Profesionales; precisamente el artículo que acaba de esgrimir el ministro Tomada, para otorgar fueros, por obra y gracia de su dedo, a los delegados del subte, pero sin aceptar la simple inscripción del nuevo sindicato que los trabajadores desean constituir.

El nuevo fallo de la Corte Suprema que extiende la potestad legal de los delegados de un sindicato “simplemente inscripto”, agravó la crisis política entre la Corte y el gobierno, y avivó la polémica con la burocracia sindical. Según el fallo, los delegados de la Asociación de Salud del Hospital Naval, sindicato apenas inscripto, tendrán la misma potestad legal que los del sindicato oficial.
Para Recalde, el abogado moyanista y diputado K, “no hay que confundir libertad sindical con liberticidio” (Clarín, 10/12), que “favorece la fragmentación gremial”. Pero la inscripción simple es legal. Se trata de un derecho que reclaman los nuevos sindicatos como el Subte, Atrana de Radio Nacional o la Osim de mineros, por ejemplo, que cuentan con un masivo apoyo de trabajadores. El ‘liberticidio’ lo ejecuta la burocracia.
Recalde reconoce que los patrones apoyan el unicato sindical, al decir que “seguramente habrá críticas empresarias al fallo de la Corte, por la incapacidad empresaria de negociar con más de un gremio”. Los empresarios y el gobierno piden sindicatos “fuertes” cuando se trata de enfrentar a Kraft, los Coto rebeldes, la huelga no docente de Sociales o la Línea 60. La atomización sindical está inscripta en la norma que establece la representación de un delegado cada cien obreros; Funes de Rioja, de la UIA, anticipó que esta norma le permitirá a las patronales atomizar todavía más a la representación gremial en caso de que haya más de un sindicato, repartiéndola de acuerdo con los afiliados de cada sindicato en el lugar.
A la Unión Industrial y a la CGT les preocupa que los nuevos sindicatos desplacen a los existentes y, más todavía, que se instalen delegados donde no hay sindicato. Para defender el monopolio de la burocracia tanto de la CGT como de la CTA, Tomada avala fraudes flagrantes: Aeronavegantes, bancarios, Suteba La Plata.
Las direcciones de la CGT y la CTA se han convertido en fragmentadores seriales como consecuencia de su aceptación del régimen de convenios-marco para la industria y de convenios separados para las empresas. Para sortear los fallos de la Corte, que protegen a los delegados, Recalde y Yasky coinciden en que “es mejor que los sindicatos lleguen a un acuerdo entre sí, en vez de que sea la Justicia la que termine fallando en este tema” (Recalde, Clarín, 4/12). Yasky respondió estar “dispuesto a discutir, pero a partir que se reconozca la legitimidad y el derecho de la CTA”, en “función de un proyecto compartido” (Diario Gremial, 10/12). El ‘proyecto’ está cocinado, es el de los K.
Los fallos de la Corte, sin embargo, no apuntan a defender a la democracia sindical, pues se trata de todos modos de una intervención del Estado. Esos fallos se encuadran en la doctrina de la OIT, que promueve la ‘pluralidad’ de sindicatos bajo el control del Estado y de las burocracias. La Constitución vigente, votada por todo el arco político en 1994, desde los K hasta Pino Solanas, pone a los convenios internacionales por encima de la legislación interna, lo que equivale a una abolición de la soberania nacional. De este modo, la ley de asociaciones profesionales, que rige desde 1988, está parcialmente derogada. La Corte está buscando una normalización jurídica, de ningún modo la abolición de la injerencia estatal o la superación de la burocracia sindical. Este es el marco que procuran explotar Yasky y Moyano para llegar a un acuerdo que cierre el paso al activismo combativo. Estas maniobras impugnan la pretensión de la burocracia de la CTA de ser una alternativa para los trabajadores.