Para la jueza Wilma López, la investigación del asesinato de Mariano Ferreyra y la tentativa de homicidio de Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pinto está concluida. Resuelta la prisión preventiva de diez imputados como responsables de estos delitos, ha pasado vista a la fiscalía y las querellas. Como querella de Elsa Rodríguez y Nelson Aguirre, que patrocinamos juntamente con la doctora María del Carmen Verdú, expresaremos en nuestro escrito que la investigación por el crimen de Mariano no está completa, toda vez que no se han determinado las responsabilidades penales de los directivos de Ugofe (Romero, Roggio, Cirigliano) y la participación del subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna. No nos opondremos a la elevación inmediata a juicio de los diez imputados, aunque consideramos que no se ha llegado a todos los responsables del crimen.
Desde el punto de vista político, estamos a la espera de lo que dirán los K de este final de la instrucción, que exime a tres socios capitalistas del gobierno en la obra pública y en las concesiones de servicios públicos. La impunidad para la patronal de la Ugofe, ¿cumple con el "encarrilamiento" del juicio, si fuera necesario, que la Presidenta prometió a la familia de Mariano Ferreyra cuando los recibió en forma sigilosa en la Casa Rosada? (ver "Quién mató a Mariano Ferreyra", de Diego Rojas).
A casi cinco meses del asesinato, es la única causa penal que quedará en los anales de la criminalística argentina por cumplir los plazos procesales fijados en el Código Penal para una investigación, se elevará la causa a juicio con toda la estructura de la Unión Ferroviaria en el banquillo de los acusados.
La victoria que implica el juicio oral y público de Pedraza y la patota, con el mantenimiento de la prisión preventiva, no debe oscurecer en absoluto que vamos a un juicio dentro de los límites de los intereses del kirchnerismo -incluida la posibilidad de la eximición de culpabilidad para Pedraza y Fernández en el juicio oral. Nos quedaríamos así con la condena exclusiva de los llamados "autores materiales".
La investigación de la participación de Ugofe y de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario hubiera implicado investigar el negocio de la tercerización, que involucra, además de la burocracia sindical, a los funcionarios del Estado a través de esta Subsecretaría de Transporte y la Secretaría de Transporte, al igual que las empresas contratistas que comparten el control de Ugofe.
Ni los funcionarios ni los grupos económicos, ni siquiera los hombres de Pedraza han sido apartados del control del ex Ferrocarril Roca.
La impunidad para ellos tiene como objetivo, por lo tanto, preservar la apropiación de los subsidios del Estado y el control absoluto de los "negocios" de la explotación del Roca, en manos de los grupos empresarios y de la burocracia sindical.
La responsabilidades penales de la Policía Federal en el crimen seguirán por cuerda separada, en otra causa, que no ha mostrado en absoluto el mismo impulso que el de la jueza López, y a la cual no se ha llamado aún a indagatoria a ninguno de los jefes departamentales presentes en los hechos, a pesar de que tanto la fiscalía como la jueza ya han definido que existió una acción dolosa para el ocultamiento y alteración de las pruebas, además de facilitar la huida de los agresores del lugar del hecho -no solamente una acción de omisión que permitió actuar a la patota.
Este fraccionamiento de la causa puede terminar en la impunidad de los agentes policiales y del responsable de la orden que permitió que tres departamentales diferentes de la Federal y una comisaría actuaran en forma coordinada.
Claudia Ferrero
Asociación de Profesionales en Lucha (Apel)
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