La política de Menem y Néstor K para el Belgrano Cargas fue que las directivas de La Fraternidad y la Unión Ferroviaria controlaran la caja de subsidios. Como parte del pacto con los sindicatos, Néstor colocó a Moyano como representante de la patronal del flete en camión. En esa sociedad, participaron Roggio, Romero y una empresa china con Franco Macri.
Por la profundidad del pacto Kirchner/Moyano, la CGT accedió a la dirección de la Subsecretaría de Transporte del Automotor en manos del camionero Jorge González, a la Subsecretaría de Transporte Ferroviario para Antonio Luna (La Fraternidad), a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables para el portuario Ricardo Luján. Mientras, como interventor en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Moyano impuso a Eduardo Sícaro.
En 2006, cuando el Belgrano Cargas fue declarado en "emergencia", el gobierno ya había destinado unos 200 millones de pesos para sueldos y obras. "Los nuevos gerenciadores -la burocracia, Roggio, Romero y una empresa china con Franco Macri- recibirán un subsidio mensual de 22,5 millones" (La Nación, 31/7/06).
Fracaso tras fracaso, en 2008, por el decreto 1771 se anunció la reestatización del Belgrano Cargas. La Presidenta dispuso rescindir la concesión otorgada en 1999 y transferir los bienes y activos a Adif y SOF. La concesión que debía dejar de funcionar continuó tres años más.
Un viraje "nacional y popular" hacia los monopolios cerealeros
De Mendiguren señaló, en su discurso al asumir la presidencia de la UIA en abril, que "el ferrocarril debe transportar el 25% de la carga del país y no el 10% como en la actualidad".
Con ese mandato, en mayo, la jefa de Estado anunció una profunda reestructuración del Belgrano Cargas, en la que desplazó a los gremios ferroviarios y camioneros. Propuso licitar obras por 2.322 millones de pesos para el Belgrano Cargas. La inversión anunciada de 2.300 millones de pesos se cubrirá con 1.000 millones del Tesoro Nacional y 1.300 millones de la Corporación Andina de Fomento (un pool de bancos) (La Nación, 18/5).
El crédito internacional que pagarán los trabajadores fue "transado" por Juan Pablo Schiavi. Los actuales concesionarios (Macri, Roggio, Romero, La Fraternidad, Unión Ferroviaria y Camioneros) cesan en sus funciones. Las obras se harán con la futura concesión, la cual sería mixta e integrada por el Estado, los ferroviarios -no los camioneros- y por las empresas cerealeras Ledesma, Dreyfus, Cargill, Bunge, El Tabacal y Deheza -todas cargadoras del Belgrano y cuyos directivos estaban presentes en el acto de la Rosada.
Mediante este acuerdo a la medida de los monopolios, el gobierno "nacional y popular" entrega el transporte de carga más económico, lo financia con 2.300 millones de pesos y continúa la política de subsidios montando una empresa mixta con mayoría del Estado, el cual afrontará inversiones y pérdidas. Toma distancia relativa de los capitales relacionados con el negocio de las autopistas, los peajes y el transporte automotor de cargas. Para este sector, con la anuencia de Néstor Kirchner, Moyano ofició en el seno de la dirección del Belgrano Cargas como tapón capaz de empantanar el transporte de cargas por medio del servicio de trenes. El desplazamiento de Moyano preanuncia crisis.
A los capitalistas, la integración nacional que puede articular el transporte ferroviario les importa un carajo. Su agenda es el costo de fletes para las mercancías y el otro nicho de negocios: el transporte metropolitano, donde el tren traslada a un millón y medio de personas por día, cuando puede transportar el doble.
Lisandro Martínez
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