Más gremios obtuvieron y ya tienen que cobrar en los próximos días un plus de fin de año o como complemento de las paritarias de 2010. Entre éstos, están la Uocra, aceiteros (que recibieron una gratificación del 3.500 pesos, en dos cuotas), los obreros del caucho, los encargados de edificio, los madereros, los camioneros y los empleados, del vidrio y del Banco Nación. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) reclama el pago de una suma no remunerativa de 1.500 pesos, en 3 cuotas de 500 para enero, febrero y marzo. Los bancarios, desde enero, cobran 1.000 pesos mensuales a cuenta de lo que resuelva la paritaria en marzo.
Estos adicionales o aumentos a cuenta son imprescindibles por el aumento de la canasta familiar de los últimos meses del 2010. Un estudio publicado en Infobae da cuenta de que la canasta familiar para una familia tipo se sitúa en 6.630 pesos. Por eso ya el gremio de comercio, para la paritaria de este año, reclama entre un 30 y un 35 por ciento de aumento salarial.
Sin embargo, los gremios ferroviarios dejaron pasar el fin de año sin plus alguno y tampoco están reclamando a cuenta de la paritaria de marzo. Con Pedraza y Fernández cerca de ser indagados por la Justicia por el crimen de Mariano Ferreyra, la UF está en virtual acefalía. Luego de su fallida pugna contra el ingreso a planta permanente de los tercerizados del Roca, la Frate se dedica a reclamar los matafuegos y medidas de seguridad que debió controlar desde la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, a través de su funcionario Guillermo Luna.
Hay que exigir asambleas en todas partes por el salario. Por un adicional de fin de año de 1.500 pesos y 1.000 pesos mensuales a cuenta de la negociación paritaria. Asambleas para fijar un reclamo del 35% ajustable por inflación y elección de paritarios de base.
El recuerdo de Mariano Ferreyra
En esta edición de El juego limpio, el recuerdo de Mariano Ferreyra, el joven militante del Partido Obrero asesinado durante una manifestación en Avellaneda, mientras cortaban las vías del Ferrocarril Roca, a manos de integrantes de la Unión Ferroviara.
Si pudieron echar a un Comodoro, que echen a Pedraza y su patota del gobierno y del Ferrocarril Roca
El gobierno acaba de desplazar al jefe de la Base Aérea de Morón, Jorge Ayerdi, por el embarco de cocaína en ese aeropuerto. Esto a pesar de que la justicia argentina no ha detenido -y ni siquiera imputado- a ningún sospechoso de esta fabulosa operación del narcotráfico.
Muy diferente ha sido la conducta del gobierno en torno al asesinato de Mariano Ferreyra, donde hay siete detenidos y está pedida la indagatoria de Pedraza y de Fernández, el dirigente que le sigue, por la fiscal de la causa.
Las investigaciones probaron que la Ugofe otorgó 120 “licencias gremiales” en los Talleres de Escalada para apoyar a los patoteros, que las tercerizadas son socias y hasta propiedad de la patota criminal y que la Secretaría de Transporte Ferroviario, cuyo titular es Antonio Luna de la Fraternidad, respaldó y respalda todo eso.
¿Qué espera el gobierno para echarlos cuando, por mucho menos, se lo ha echado a Ayerdi?
Reclamamos a la Presidente: la inmediata separación de Juan Pablo Schiavi y Antonio Luna de la cartera de Transporte, apartamiento de los burócratas sindicales de la gestión de Ugofe; relevo de la cúpula policial y de los agentes afectados el día de los hechos y de los involucrados en la adulteración de las escuchas telefónicas; cumplimiento efectivo de los compromisos oficiales de reincorporación, equiparación salarial y pase a planta de los trabajadores “tercerizados” del Roca, sistemáticamente postergado por el chantaje de la patota sindical.
La tolerancia del gobierno con la mafia de Schiavi-Maturano-Pedraza y sus ataques sistemáticos al Partido Obrero revelan un pacto con todos ellos. Exigimos la ruptura del gobierno con los patoteros que mataron a Mariano.
Muy diferente ha sido la conducta del gobierno en torno al asesinato de Mariano Ferreyra, donde hay siete detenidos y está pedida la indagatoria de Pedraza y de Fernández, el dirigente que le sigue, por la fiscal de la causa.
¿Qué espera el gobierno para echarlos cuando, por mucho menos, se lo ha echado a Ayerdi?
Reclamamos a la Presidente: la inmediata separación de Juan Pablo Schiavi y Antonio Luna de la cartera de Transporte, apartamiento de los burócratas sindicales de la gestión de Ugofe; relevo de la cúpula policial y de los agentes afectados el día de los hechos y de los involucrados en la adulteración de las escuchas telefónicas; cumplimiento efectivo de los compromisos oficiales de reincorporación, equiparación salarial y pase a planta de los trabajadores “tercerizados” del Roca, sistemáticamente postergado por el chantaje de la patota sindical.
La tolerancia del gobierno con la mafia de Schiavi-Maturano-Pedraza y sus ataques sistemáticos al Partido Obrero revelan un pacto con todos ellos. Exigimos la ruptura del gobierno con los patoteros que mataron a Mariano.
Avanzan los trabajadores de planta
A iniciativa de nuestra agrupación, una asamblea de trabajadores efectivos del Roca empadronó a más de 200 hijos de ferroviarios. Se formó una comisión y se planteó una próxima movilización a Ugofe y al Ministerio de Trabajo por el reconocimiento de esos ingresos. Se resolvió exigir que se publiquen las inscripciones de los hijos de ferroviarios, que los ferroviarios tengan un control sobre esos ingresos y que sean por orden de legajo. Separar del proceso de selección a la mafia de la Secretaría de Transporte, que utiliza los ingresos para reforzar el clientelismo oficialista en desmedro de los trabajadores.
Llamamiento a todos los trabajadores tercerizados y efectivos
La gran lucha de los trabajadores tercerizados ya lleva más de tres meses y se ha extendido a todos los ferrocarriles. El gobierno nacional que anunció el ingreso de 2.010 tercerizados del Roca el 20 de noviembre (a un mes del asesinato de Mariano Ferreyra) incumplió sus propias resoluciones y, al día de hoy, sólo han ingresado 600 trabajadores a planta permanente.
El incumplimiento de la resolución ministerial del ingreso a planta no es, como dice el secretario de Transporte Schiavi, ”un problema administrativo”; es un enorme problema político.
La burocracia que dirige la Unión Ferroviaria y La Fraternidad tejió, junto con la actual Secretaría de Transporte, los inmensos negocios de la tercerización, donde los propios burócratas son dueños de muchas de las actuales tercerizadas. La burocracia de Pedraza defendió hasta con el asesinato estos negocios y hoy sigue actuando en las sombras presionando al gobierno y defendiendo a los asesinos.
Pedraza y Maturano ya han realizado cinco paros del ferrocarril con la anuencia de las autoridades de Ugofe contra el ingreso de los trabajadores a planta. Ambas burocracias digitan y obstaculizan abiertamente este pase a planta en “cuentagotas”, mientras tanto las tercerizadas siguen produciendo nuevos despidos, no han ingresado los despedidos de Ugofe, ni los trabajadores de los baños censados e incluidos en la propia resolución ministerial.
El gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, es rehén de las decisiones de la Secretaría de Transporte, dominada por la burocracia sindical, como lo prueba que el subsecretario de Transporte Ferroviario es Guillermo Antonio Luna, de La Fraternidad, quien sigue las órdenes del tándem Pedraza-Maturano. Todas las actas que se firman han perdido credibilidad, son dilatorias e incumplidas, pues la decisión final sigue en manos de la patota. Dicho de otra manera, la patota no sólo presiona al gobierno, está dentro suyo. Sabido es, además, que son empresarios ferroviarios, junto con los Roggio, los Cirigliano, Romero, Macri y demás concesionarios privados.
Los tercerizados de las distintas empresas han salido a realizar nuevas acciones de lucha en el Roca y en el San Martín a raíz de estos incumplimientos. Acciones que se pueden generalizar a todos los ferrocarriles. Es más necesaria que nunca la realización de una coordinación de las distintas comisiones actuantes para la realización de una gran asamblea unitaria de todos los tercerizados de las distintas líneas ferroviarias que no permita que el gobierno siga dividiendo el conflicto en decenas de “negociadoras”, para exigir en un pliego único el cumplimiento de la resolución del gobierno sobre el Roca de noviembre, la reincorporación de todos los nuevos despedidos y el ingreso definitivo de los 3.200 tercerizados de todos los ferrocarriles a planta permanente, teniendo en cuenta que están luchando los compañeros del San Martín y el Belgrano también.
Efectivos y tercerizados
La necesidad de la unidad de todos se hace imprescindible, pues la lucha que se planteará, además del ingreso de todos los tercerizados a planta, será la de la expulsión de Pedraza de la dirección del Roca y de la Unión Ferroviaria, lo que implica una organización donde jugarán un papel central los trabajadores efectivos y los tercerizados ingresantes.
Las bases de la Unión Ferroviaria ya han mostrado en las elecciones del Sarmiento y del Mitre que existe una voluntad de sacarse de encima una burocracia asesina ajena a los intereses de los trabajadores que no convoca a asambleas, que actúa abiertamente como socia de los jefes de Ugofe, que ha prostituido la histórica bolsa de trabajo de los ferroviarios transformándola en un coto para ingresar matones al ferrocarril postergando a los propios hijos de los ferroviarios.
La organización y los pasos de unidad de tercerizados y efectivos pueden hacer posible romper esta trenza que tiene las manos manchadas de sangre y estructurar una nueva dirección sindical en el ferrocarril.
Nuestro compromiso es avanzar con esta organización unitaria para hacer posible una de las consignas más sentidas de los ferroviarios:
- Juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Mariano Ferreyra. Cárcel a Pedraza.
- Fuera la patota de la Unión Ferroviaria.
- Expulsión de las autoridades de Ugofe, cómplices abiertos del accionar de las patotas, de los negocios de las tercerizadas y de la explotación de más de 3.000 ferroviarios con sueldos de menos de la mitad de un trabajador efectivo.
El incumplimiento de la resolución ministerial del ingreso a planta no es, como dice el secretario de Transporte Schiavi, ”un problema administrativo”; es un enorme problema político.
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| José Pedraza y Omar Maturano |
Pedraza y Maturano ya han realizado cinco paros del ferrocarril con la anuencia de las autoridades de Ugofe contra el ingreso de los trabajadores a planta. Ambas burocracias digitan y obstaculizan abiertamente este pase a planta en “cuentagotas”, mientras tanto las tercerizadas siguen produciendo nuevos despidos, no han ingresado los despedidos de Ugofe, ni los trabajadores de los baños censados e incluidos en la propia resolución ministerial.
El gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, es rehén de las decisiones de la Secretaría de Transporte, dominada por la burocracia sindical, como lo prueba que el subsecretario de Transporte Ferroviario es Guillermo Antonio Luna, de La Fraternidad, quien sigue las órdenes del tándem Pedraza-Maturano. Todas las actas que se firman han perdido credibilidad, son dilatorias e incumplidas, pues la decisión final sigue en manos de la patota. Dicho de otra manera, la patota no sólo presiona al gobierno, está dentro suyo. Sabido es, además, que son empresarios ferroviarios, junto con los Roggio, los Cirigliano, Romero, Macri y demás concesionarios privados.
Efectivos y tercerizados
La necesidad de la unidad de todos se hace imprescindible, pues la lucha que se planteará, además del ingreso de todos los tercerizados a planta, será la de la expulsión de Pedraza de la dirección del Roca y de la Unión Ferroviaria, lo que implica una organización donde jugarán un papel central los trabajadores efectivos y los tercerizados ingresantes.
Las bases de la Unión Ferroviaria ya han mostrado en las elecciones del Sarmiento y del Mitre que existe una voluntad de sacarse de encima una burocracia asesina ajena a los intereses de los trabajadores que no convoca a asambleas, que actúa abiertamente como socia de los jefes de Ugofe, que ha prostituido la histórica bolsa de trabajo de los ferroviarios transformándola en un coto para ingresar matones al ferrocarril postergando a los propios hijos de los ferroviarios.
La organización y los pasos de unidad de tercerizados y efectivos pueden hacer posible romper esta trenza que tiene las manos manchadas de sangre y estructurar una nueva dirección sindical en el ferrocarril.
Nuestro compromiso es avanzar con esta organización unitaria para hacer posible una de las consignas más sentidas de los ferroviarios:
- Juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Mariano Ferreyra. Cárcel a Pedraza.
- Fuera la patota de la Unión Ferroviaria.
- Expulsión de las autoridades de Ugofe, cómplices abiertos del accionar de las patotas, de los negocios de las tercerizadas y de la explotación de más de 3.000 ferroviarios con sueldos de menos de la mitad de un trabajador efectivo.
Nuevo corte en Avellaneda. Pase a planta de todos los tercerizados, sin exclusiones
Hoy, 25 de febrero, un grupo de trabajadores despedidos y tercerizados de la línea Roca están cortando las vias a la altura de la estación Avellaneda.
Este nuevo corte está motivado en la discriminación que sufren decenas de compañeros que son excluidos del proceso de traspaso a planta permanente. Es que el gobierno echó lastre por las amenazas de corte y movilizaciones incorporando una parte importante del personal de las empresas (alrededor de 500 trabajadores), pero dejando afuera a muchos trabajadores, entre los cuales se encuentran los luchadores que impulsaron este reclamo.
Se confirman una vez más nuestras denuncias de las maniobras del Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Transporte y los gremios ferroviarios para evitar cumplir los compromisos con los trabajadores.
Seguimos planteando la necesidad de una asamblea única y una sola comisión, par a unificar los reclamos y que nadie quede afuera de este proceso de traspaso impuesto por los trabajadores.
Fuera la patota del Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Transportes.
Reincorporación de los despedidos. Pase a planta de todos los tercerizados, sin exclusiones.
El tren de los dos países
Durante 70 años el trasandino cruzó la cordillera para unir Chile con la Argentina. En los años ´90 el histórico tren dejó de correr. Quedaron las vías muertas y las estaciones vacías y derrumbadas. Luego vinieron décadas de abandono y eternas promesas de reactivación de un servicio esencial que nunca más volvió a funcionar. La esperanza de los mendocinos que dependen del ferrocarril para vivir, los testimonios de quienes añoran volver al andén para ver partir la formación. El tren de los dos países, un trabajo de Sergio Elguezábal para Telenoche.
Negocios ferroviarios: corrupción, privatización y mafia
A fines de mayo 2010, el secretario de Transporte Schiavi anunció la licitación "inminente" de las reparaciones de locomotoras y coches comprados a España y Portugal, "una licitación muy grande" -diría luego- "que por 3 o 4 años va a dar trabajo a muchos talleres de la Argentina" (Clarín, 9/1).
Ocho meses después, el 70% del material traído de España y Portugal -coches motores, locomotoras, vagones, material ferroviario- se arrumba en distintos talleres y no existe siquiera una fecha cierta para la contratación de los trabajos (la licitación no está siquiera anunciada en el sitio de Internet de la Secretaría).
Estas compras fueron hechas en 2005, involucraron trenes usados que los europeos habían sacado de circulación y en los acuerdos -de Estado a Estado-, el ex secretario de Transporte (Jaime) había colocado como cláusula inmodificable que las formaciones debían ser reparadas y remodeladas en los talleres de las empresas argentinas.
¿Cuál es la razón de la demora? La disputa sobre quién se queda con el negocio. Implementar la reparación de los trenes y locomotoras comprados a España y Portugal pone en discusión la rehabilitación de los talleres ferroviarios -que hoy no son más que depósitos en estado de abandono- lo que insumiría mucho más que los 700 millones afectados en principio a estas tareas.
En noviembre 2010 entró un lote de locomotoras y trenes Talgo como parte de un contrato de provisión de material ferroviario suscripto con España. El gobierno de CFK acordó, por otra parte, la compra de coches, locomotoras y rieles a China por un monto aproximado de 10.000 millones de dólares.
¿Cuáles son las características de estas operaciones?
En el caso de la compra a Renfe (España), "una de las cláusulas contractuales que más cuestionamientos ha generado en el sector es la que establece que el mantenimiento y la asistencia técnica de los trenes quedará a cargo de Renfe". Es decir que se acabó la puesta a punto en los "talleres nacionales" y, para peor, se dejó pendiente para otra negociación "el monto que cobrará Renfe por el mantenimiento y la provisión de repuestos" (Clarín, 10/12/10), una de las razones que quizás explique porqué los trenes, que iban a comenzar a funcionar en verano, no rodaron nunca. En el caso de China, las condiciones serían similares -aunque, en este caso, el mayor negocio en vías de concretarse es el de la rehabilitación del Belgrano Cargas, operado desde 2004 por una sociedad integrada por los grupos Macri, Roggio, SHG&O (chinos) junto a las burocracias de La Fraternidad, Unión Ferroviaria y Camioneros.
Privatización
Está previsto que los trenes Talgo recién adquiridos sean destinados al corredor Constitución-Mar del Plata, uno de los más rentables, operado hoy por Ferrobaires, empresa estatal de la provincia. Sin embargo, la Secretaría de Transporte ha planteado la decisión de "no ceder la operación de los Trenes Talgo a la provincia" -para contratar en su lugar a la privada Ferrocentral, un grupo "nacional" del que forma parte la Aceitera AGD, fuertemente vinculado al gobierno, por lo cual "solicitó a la provincia la restitución de la concesión de las vías a la Nación" (Clarín, 29/11/10). En tal, caso la operación del servicio quedaría en manos de la SOF SE (Sociedad Operadora Ferroviaria), cuya presidencia está en manos de Juan Rosauro Araya, abogado de la Unión Ferroviaria, síndico del Belgrano Cargas cuando lo llevaron a la quiebra y hombre de confianza de José Pedraza (Juan Araya es el hombre que contrató los abogados que defienden a los asesinos de Mariano Ferreyra.)
A tres meses del asesinato de Mariano Ferreyra, la red de negocios capitalistas armada en el ferrocarril entre el gobierno, la burguesía "nacional", los proveedores extranjeros y la burocracia sindical está absolutamente intacta. Sea a través de la Ugofe, la unión transitoria de empresas que está conformada por Ferrovías, Metrovías, TBA y que integra a la burocracia sindical y al Estado (a través de Belgrano SA), o de la SOF SE, la operadora facultada para ir más lejos que nunca en la privatización de los servicios y en la que la UF tiene, fuera de su cabeza, otros dos asesores "estratégicos": Armando Matarazzo, secretario de finanzas de la UF (vinculado con la Unión del Mercosur, una de las contratistas del FC Roca adjudicada a Pedraza) y Juan Carlos "Gallego" Fernández, organizador de los sicarios que asesinaron a Mariano Ferreyra. Otro director ejecutivo de SOF SE es Juan Servini, hermano de la jueza María Servini de Cubría, a cargo de la investigación de las concesiones ferroviarias. Hacia arriba, el subsecretario de Transporte ferroviario es Antonio Luna, también de la UF, cuyo hijo está sindicado como protagonista de la patota.
Toda esta trama es la que gatilló contra la vida de Mariano.
Juicio y castigo a todos los culpables. Expulsión de las concesionarias y de las contratistas truchas del ferrocarril, pase a planta permanente de todos sus trabajadores y un sistema ferroviario de propiedad y gestión estatales, bajo dirección de representantes electos y revocables por los trabajadores.
Ocho meses después, el 70% del material traído de España y Portugal -coches motores, locomotoras, vagones, material ferroviario- se arrumba en distintos talleres y no existe siquiera una fecha cierta para la contratación de los trabajos (la licitación no está siquiera anunciada en el sitio de Internet de la Secretaría).
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| Luna, Fernández y Jaime |
¿Cuál es la razón de la demora? La disputa sobre quién se queda con el negocio. Implementar la reparación de los trenes y locomotoras comprados a España y Portugal pone en discusión la rehabilitación de los talleres ferroviarios -que hoy no son más que depósitos en estado de abandono- lo que insumiría mucho más que los 700 millones afectados en principio a estas tareas.
En noviembre 2010 entró un lote de locomotoras y trenes Talgo como parte de un contrato de provisión de material ferroviario suscripto con España. El gobierno de CFK acordó, por otra parte, la compra de coches, locomotoras y rieles a China por un monto aproximado de 10.000 millones de dólares.
¿Cuáles son las características de estas operaciones?
En el caso de la compra a Renfe (España), "una de las cláusulas contractuales que más cuestionamientos ha generado en el sector es la que establece que el mantenimiento y la asistencia técnica de los trenes quedará a cargo de Renfe". Es decir que se acabó la puesta a punto en los "talleres nacionales" y, para peor, se dejó pendiente para otra negociación "el monto que cobrará Renfe por el mantenimiento y la provisión de repuestos" (Clarín, 10/12/10), una de las razones que quizás explique porqué los trenes, que iban a comenzar a funcionar en verano, no rodaron nunca. En el caso de China, las condiciones serían similares -aunque, en este caso, el mayor negocio en vías de concretarse es el de la rehabilitación del Belgrano Cargas, operado desde 2004 por una sociedad integrada por los grupos Macri, Roggio, SHG&O (chinos) junto a las burocracias de La Fraternidad, Unión Ferroviaria y Camioneros.
Privatización
Está previsto que los trenes Talgo recién adquiridos sean destinados al corredor Constitución-Mar del Plata, uno de los más rentables, operado hoy por Ferrobaires, empresa estatal de la provincia. Sin embargo, la Secretaría de Transporte ha planteado la decisión de "no ceder la operación de los Trenes Talgo a la provincia" -para contratar en su lugar a la privada Ferrocentral, un grupo "nacional" del que forma parte la Aceitera AGD, fuertemente vinculado al gobierno, por lo cual "solicitó a la provincia la restitución de la concesión de las vías a la Nación" (Clarín, 29/11/10). En tal, caso la operación del servicio quedaría en manos de la SOF SE (Sociedad Operadora Ferroviaria), cuya presidencia está en manos de Juan Rosauro Araya, abogado de la Unión Ferroviaria, síndico del Belgrano Cargas cuando lo llevaron a la quiebra y hombre de confianza de José Pedraza (Juan Araya es el hombre que contrató los abogados que defienden a los asesinos de Mariano Ferreyra.)
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| Luna, Fernández, Schiavi, De Vido y Maturano |
Toda esta trama es la que gatilló contra la vida de Mariano.
Juicio y castigo a todos los culpables. Expulsión de las concesionarias y de las contratistas truchas del ferrocarril, pase a planta permanente de todos sus trabajadores y un sistema ferroviario de propiedad y gestión estatales, bajo dirección de representantes electos y revocables por los trabajadores.
Christian Rath
Mesa redonda en Mar del Plata: "La lucha contra las tercerizaciones y por el juicio y castigo a los asesinos de Mariano Ferreyra"
Esta mesa redonda se hizo en el sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, como parte de la campaña por juicio y castigo a los asesinos de Mariano Ferreyra y cese de la persecución a Hospital, Merino, Belliboni y Morales.
De las intervenciones de Jorge Hospital, de Causa Ferroviaria, procesado por corte de vías; Axel Zárate y Guillermo Albanese, secretarios gremial y de prensa respectivamente, del Sindicato de Luz y Fuerza; Angel D'Amico, secretario general de la CTA Mar del Plata, y Nora Biaggio, del Partido Obrero, hubo un acuerdo de continuar con reuniones y plenarios para organizar la lucha de los tercerizados, que en este momento en Mar del Plata tiene como protagonistas a los trabajadores de Gas Camuzzi, y realizar el 20 de enero, a los tres meses del asesinato de Mariano Ferreyra, una gran marcha de los trabajadores y tercerizados para unir a los de Camuzzi, telefónicos, ferroviarios, pescado, hospitales, docentes, gastronómicos, de la hotelería y comercio.
También se estableció el acuerdo de terminar con las tercerizaciones, y la necesidad de luchar por la reestatización de las empresas privatizadas.
Quedó planteado el debate entre la propuesta del Partido Obrero y Causa Ferroviaria, por un lado, y la CTA/Luz y Fuerza, por el otro, si debe ser bajo control obrero en el camino de una salida propia de la clase obrera o se trata de volver a las viejas empresas en manos del Estado.
Jorge Hospital, de Causa Ferroviaria, desarrolló todo lo referente a la lucha por la reincorporación de los despedidos tercerizados ferroviarios, pase a planta permanente y la persecución desatada en combinación entre el Estado y la burocracia sindical.
De las intervenciones de Jorge Hospital, de Causa Ferroviaria, procesado por corte de vías; Axel Zárate y Guillermo Albanese, secretarios gremial y de prensa respectivamente, del Sindicato de Luz y Fuerza; Angel D'Amico, secretario general de la CTA Mar del Plata, y Nora Biaggio, del Partido Obrero, hubo un acuerdo de continuar con reuniones y plenarios para organizar la lucha de los tercerizados, que en este momento en Mar del Plata tiene como protagonistas a los trabajadores de Gas Camuzzi, y realizar el 20 de enero, a los tres meses del asesinato de Mariano Ferreyra, una gran marcha de los trabajadores y tercerizados para unir a los de Camuzzi, telefónicos, ferroviarios, pescado, hospitales, docentes, gastronómicos, de la hotelería y comercio.
También se estableció el acuerdo de terminar con las tercerizaciones, y la necesidad de luchar por la reestatización de las empresas privatizadas.
Quedó planteado el debate entre la propuesta del Partido Obrero y Causa Ferroviaria, por un lado, y la CTA/Luz y Fuerza, por el otro, si debe ser bajo control obrero en el camino de una salida propia de la clase obrera o se trata de volver a las viejas empresas en manos del Estado.
Jorge Hospital, de Causa Ferroviaria, desarrolló todo lo referente a la lucha por la reincorporación de los despedidos tercerizados ferroviarios, pase a planta permanente y la persecución desatada en combinación entre el Estado y la burocracia sindical.
Tras un acuerdo con Trabajo, los tercerizados del Roca levantaron el corte de vías
(Publicado por diario La Nación, 20/01/11)
Los trabajadores negociaron una reincorporación gradual; la medida iba a realizarse hoy entre las 10 y las 16; durante la tarde de ayer realizaron un acto en la estación Constitución a tres meses de la muerte de Mariano Ferreyra.
Tras varias horas de negociación, los tercerizados ferroviarios de la ex línea Roca acordaron esta madrugada en el Ministerio de Trabajo el levantamiento del corte de vías previsto para hoy y la reincorporación gradual del personal que cumple actualmente tareas de seguridad a partir del lunes próximo.
El acta acuerdo fue firmada esta madrugada entre los representantes sindicales de la ex línea Roca, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el jefe de gabinete de la cartera laboral, Norberto Ciaravino.
Los trabajadores tercerizados que se incorporarán a la empresa principal [Roca] a partir del lunes próximo cumplían hasta ahora tareas de control de evasión, control de punto fijo y control de formaciones, y añadieron que "son todas tareas ferroviarias y por lo tanto deben estar encuadrados en el convenio colectivo de trabajo correspondiente", según consignó la agencia Télam.
Además, voceros gremiales y oficiales confirmaron que el personal tercerizado decidió levantar el corte de seis horas de las vías previsto para hoy [entre las 10 y las 16] tras la firma de un acta por la que el personal de seguridad comenzará a ser gradualmente blanqueado a partir del lunes próximo.
Ayer, la Comisión de Tercerizados del Roca había votado en asamblea un corte total de las vías, entre las 10 y las 16 de hoy.
El nuevo incumplimiento de gobierno reabre la lucha
Ayer, miércoles 19, una asamblea de tercerizados de seguridad, con el apoyo de los despedidos y otros tercerizados del Roca, resolvió realizar un corte de vías por el pase a planta inmediato de todos los tercerizados.
La asamblea surgió porque el Ministerio de Trabajo anunció el aplazamiento del traspaso de los 770 empleados de las empresas de seguridad Mapra, SAP y SGC.
En la asamblea estuvieron presentes también una parte de los 30 compañeros de Ecocred no incorporados a planta, 20 de Aumont, de Herso, así como despedidos de Ugofe y trabajadores de los baños no blanqueados.
Los despedidos de Ugofe, de otras contratistas como Aceros Zapla, Sogesit y Herso, son los que protagonizaron el corte de vías del 23 de diciembre que denunció el incumplimiento de las actas iniciales del Ministerio y que fue reprimido por el gobierno mediante calumnias mediáticas de la ministra de Seguridad Nilda Garré y del jefe de Gabinete Aníbal Fernández y, más tarde, con la detención de Jorge Hospital y Omar Merino, miembros de la Agrupación Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra, y la causa penal promovida por la Secretaría de Transporte contra cuatro manifestantes.
La reciente incorporación a planta de alrededor de 600 tercerizados fue una conquista monumental. El gobierno ha debido echar lastre ante la inquebrantable voluntad de lucha de los trabajadores.
La jornada del 20 de octubre y la reacción popular al crimen de Mariano, el corte del 23 y la derrota del encarcelamiento de nuestros compañeros, y las sistemáticas movilizaciones del último mes forzaron esta conquista.
Ahora es fundamental unificar la lucha, reclamar el cumplimiento integral de las actas de noviembre y romper con toda ilusión en nuevas promesas. Una sola asamblea y una sola comisión.
Desprocesamiento de los luchadores ferroviarios.
Cárcel a los culpables del asesinato de Mariano Ferreyra.
La asamblea surgió porque el Ministerio de Trabajo anunció el aplazamiento del traspaso de los 770 empleados de las empresas de seguridad Mapra, SAP y SGC.
En la asamblea estuvieron presentes también una parte de los 30 compañeros de Ecocred no incorporados a planta, 20 de Aumont, de Herso, así como despedidos de Ugofe y trabajadores de los baños no blanqueados.
La reciente incorporación a planta de alrededor de 600 tercerizados fue una conquista monumental. El gobierno ha debido echar lastre ante la inquebrantable voluntad de lucha de los trabajadores.
La jornada del 20 de octubre y la reacción popular al crimen de Mariano, el corte del 23 y la derrota del encarcelamiento de nuestros compañeros, y las sistemáticas movilizaciones del último mes forzaron esta conquista.
Ahora es fundamental unificar la lucha, reclamar el cumplimiento integral de las actas de noviembre y romper con toda ilusión en nuevas promesas. Una sola asamblea y una sola comisión.
Desprocesamiento de los luchadores ferroviarios.
Cárcel a los culpables del asesinato de Mariano Ferreyra.
Los tercerizados del Roca podrían volver a cortar las vías
(Publicado por diario La Nación, 19/!0/11)
El Gobierno aplazó el pase a planta permanente de 770 empleados de seguridad, contra lo que había prometido a comienzos de mes; se trata de la mitad de los empleados de la empresa; amenazan con protestas para la tarde de hoy.
Dos días antes de que se cumpliera el plazo fijado por el Gobierno para que los 1400 tercerizados del Roca pasaran a planta permanente, el Ministerio de Trabajo decidió aplazar la efectivización de más de la mitad de ellos. Se trata de 770 empleados de las empresas de seguridad que, encolerizados por el anuncio del ministro Carlos Tomada, podrían volver a cortar hoy las vías del ferrocarril que conecta a la Capital con el sur del conurbano bonaerense.
En solidaridad, los trabajadores recibieron anoche el apoyo del resto de los tercerizados del Roca, así como de los operarios de las líneas Belgrano Sur y San Martín, que también podrían sumarse a la protesta.
De acuerdo con el último acuerdo, firmado por el Gobierno el 7 de enero, los 1400 tercerizados del Roca debían pasar a planta permanente (bajo el convenio de los ferroviarios) antes del jueves 20. Ayer, sin embargo, Tomada convocó a una reunión a los delegados de las empresas Mapra, Segmar, SGC y SAP, que emplean a 770 personas en tareas de seguridad dentro del Roca.
Según sostuvieron los delegados al salir de la reunión, el ministro les informó que el plazo prometido no se iba a cumplir, que debían esperar hasta el martes 25 y que la tarea de los empleados de seguridad no se encuadraba en el convenio de los ferroviarios. Aunque les ofreció un sueldo superior -equivalente al de la 5a categoría de los ferroviarios-, también quedó en duda si iban a ser efectivizados o seguirían como contratados.
Las novedades generaron un profundo malestar entre los tercerizados, que ayer bloquearon la avenida Alem al 600, frente a Trabajo. "¡Corte de vías, ahora!", empezaron a gritar, mientras los delegados intentaban calmarlos. "Si ellos no son responsables, lo seremos nosotros", pedía Osvaldo López, representante de los trabajadores de Mapra.
Su postura y la de otros gremialistas lograron convencer a los trabajadores de no cortar las vías anoche mismo, aunque un grupo insistía en que los trenes debían amanecer paralizados hoy. A regañadientes, aceptaron tomar una postura común en la asamblea de esta tarde.
"No hacemos sólo seguridad, también controlamos las formaciones y el pago del boleto de los pasajeros", explicó López a lanacion.com . "El Gobierno nos prometió que íbamos a entrar todos, pero ahora nos dice que nosotros no vamos a pasar a planta permanente ni al convenio ferroviario. Tampoco nos pagaron las diferencias salariales prometidas y nos pedalean las actas que ellos mismos firmaron. Volveremos a las vías", desafió.
Según indicaron otros delegados, Tomada sostuvo durante la reunión que la decisión de efectivizar a los empleados de seguridad dependía de una "esfera superior" y que sólo podría tomarse el martes 25, con lo que dio a entender que es un asunto que resolverá la Presidenta, actualmente de gira por Medio Oriente.
Marcelo Veneranda
El reclamo por derechos laborales no es extorsión
(Publicado por Clarín, 16/01/11)
Un juez federal dispuso el procesamiento de cuatro asalariados a partir de imaginar un supuesto delito. De quedar firme, la resolución puede agudizar el conflicto social.
“El juez federal de Quilmes dispuso este miércoles (05/01/011) el procesamiento sin prisión preventiva de (Omar) Esteban Merino, (Jorge) Darío Hospital, Eduardo Belliboni y Miguel Morales, acusados de los delitos de interrupción de transporte público terrestre y extorsión… Respecto a este último se les atribuye haber exigido juntamente con 150 personas más, mediante intimidación, al Ministerio de Trabajo de la Nación y a la Ugofe SA, el pago de sueldos y la incorporación a la planta permanente de 60 personas mediante la suscripción de un documento a tal fin, negándose a liberar las líneas férreas mencionadas si no se cumplía con lo antes exigido …” (conf. SI de CSJN).
Se procesó, pues, a cuatro asalariados invocando, además de la interrupción de transporte, el delito de extorsión, esto último “ …por haber intimidado al Ministerio de Trabajo” para que se reconozcan derechos laborales.
Dice el Código Penal: “Será reprimido con reclusión o prisión de cinco a diez años, el que con intimidación... obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos. Incurrirá en la misma pena el que por los mismos medios o con violencia, obligue a otro a suscribir o destruir documentos de obligación o de crédito”.
En realidad, quienes serían los extorsionados son los trabajadores, porque es la empresa la que los ha presionado, obstaculizando que cobren lo que les corresponde (que es el efecto jurídico del que habla el art. penal), que es autorizado y subsidiado por el Estado.
Lo resuelto por el Juez Federal es, en la práctica, la ilegalización del derecho colectivo del trabajo, al limitar la presión a los empleadores en la búsqueda de acuerdos.
El Juez estaría, en la práctica, coincidiendo con los argumentos clásicos de fines del siglo XIX destinados a prohibir la protesta obrera, que decían que: “los trabajadores extorsionan para que se reconozcan sus reclamos” o “el sindicato es el poder monopólico que extorsiona al capital.” Si el derecho colectivo del trabajo autoriza la presión, fundada en una adecuada relación equilibrada de fuerzas entre las partes del conflicto, ¿cómo puede pretender criminalizarse el ejercicio de la acción directa en procura de objetivos laborales? Es un despropósito calificar de extorsionador a quien legítimamente protesta y, coetáneamente, presiona para que se reconozcan y cumplan derechos laborales .
¿Cómo tipificar la extorsión, efectiva y eficiente sobre la autoridad designada legalmente para resolver el litigio, si los trabajadores procesados se limitaron a hacer lo que el derecho colectivo autoriza: la presión social que molesta, para así alcanzar los objetivos justos ? La peregrina doctrina de la extorsión por medio de la presión gremial podría aplicarse a todo conflicto colectivo en el futuro en el que estén en juego intereses económicos derivados de la relación laboral dependiente.
El Juez ha olvidado que los trabajadores, en el ejercicio del derecho de protesta, cumplieron con la condición esencial del llamado “droit de nuire”, señalado por el maestro francés Gerard Lyon Caen, vale decir, el derecho de presionar, molestar, perjudicar, para de esa manera lograr que se reconozcan sus demandas.
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| "El Juez actuante actúa como un David de utilería que, obviamente, será derrotado por el Goliat solidario" |
La resolución debilita el ejercicio del derecho individual y colectivo del trabajo y su vigencia implica una típica acción de “provocación”. Para una mayor incongruencia de la resolución judicial con la realidad, recordamos que los reclamos de los “extorsionadores” han sido reconocidos por las propias autoridades nacionales , lo que quita entidad a la existencia de la extorsión. Suponemos que de haber existido delito, las víctimas no podrían haber mantenido negociaciones con sus propios victimarios.
¿Cómo podrían las autoridades laborales reconocer derechos y cuál sería su legalidad si los actos jurídicos homologados derivaran de una supuesta extorsión? De aceptarse la tesis del Juez, los acuerdos derivados de conflictos precedidos de medidas de acción directa podrían carecer de efectos jurídicos por considerárselos resultados de una extorsión.
La resolución, de quedar firme, saboteará , incluso, la política de seguridad del Poder Ejecutivo, al agudizar el conflicto social, propio de las relaciones de trabajo.
El Juez actuante actúa como un David de utilería que, obviamente, será derrotado por el Goliat solidario y terminará siendo condenado por vastos sectores que podrán señalarlo y acusarlo de soberbio y peligroso “enemigo del pueblo”.
Columna de opinión de Lucio Garzón Maceda
Experto en Relaciones Laborales
Por el ingreso al ferrocarril de los hijos de los ferroviarios
60 COMPAÑEROS EN UNA PRIMERA REUNION
El jueves 13, se realizó la primera reunión de ferroviarios de Ugofe de la Línea Roca para promover el ingreso al ferrocarril de los hijos de los trabajadores de planta permanente, con la presencia de 60 compañeros y familiares.
La reunión fue preparada por nuestra agrupación Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra durante un mes y medio, con la confección de un listado de más de 200 futuros ingresantes.
Para dar inicio al debate, nuestro compañero Jorge Hospital destacó que, desde la asunción de Ugofe en el Ferrocarril Roca ingresaron 1.500 trabajadores tercerizados y 1.500 a la planta permanente, sin embargo los delegados de la Unión Ferroviaria se repartieron las cuotas de este ingreso para sus familiares, sus allegados, punteros zonales y barras bravas para constituir un fuerza de choque. Los relegados fueron los hijos de los ferroviarios, que deberían tener prioridad por tradición y conquista histórica de las empresas del Estado y por convenio, ya que éste fija la creación de una bolsa de trabajo gremial para ese fin. Sin embargo, la bolsa de trabajo jamás se publicó, nadie la conoce. Sí se conocen los mails con los cuales Juan Carlos Fernández promovió el ingreso de Favale, barrabrava de Defensa y Justicia, y asesino de Mariano Ferreyra.
Recordó que Causa Ferroviaria en la campaña de elección de delegados del 2007, apenas asumida Ugofe, reclamó en sus afiches el ingreso de los hijos de los ferroviarios y en contra de los acomodos.
Los compañeros analizaron la crisis del cuerpo de delegados y de la lista Verde creada con la lucha de los tercerizados, el papel del Ministerio de Trabajo y el boicot de las burocracias de la UF y La Fraternidad en este reclamo.
Durante el debate, varias intervenciones destacaron los innumerables reclamos y curriculums presentados por los compañeros, incluso viejos ferroviarios, sin obtener respuesta al reclamo del ingreso de sus hijos.
Un curtido ferroviario se quebró al contar cómo su hijo rechazaba seguir la tradición laboral de su padre en la creencia de que todos los ferroviarios son “asesinos”. La indignación del compañero que reivindica el orgullo por la tradición de lucha ferroviaria con la conducción gremial que la ensució con sangre obrera fue un punto emotivo de la reunión.
Finalmente, se resolvió una comisión de padres e hijos ferroviarios para iniciar las gestiones, preparar una movilización al Ministerio de Trabajo, exigir la publicación de la bolsa de trabajo de la Unión Ferroviaria y convocar a una nueva asamblea sumando más compañeros.
El jueves 13, se realizó la primera reunión de ferroviarios de Ugofe de la Línea Roca para promover el ingreso al ferrocarril de los hijos de los trabajadores de planta permanente, con la presencia de 60 compañeros y familiares.
La reunión fue preparada por nuestra agrupación Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra durante un mes y medio, con la confección de un listado de más de 200 futuros ingresantes.
Para dar inicio al debate, nuestro compañero Jorge Hospital destacó que, desde la asunción de Ugofe en el Ferrocarril Roca ingresaron 1.500 trabajadores tercerizados y 1.500 a la planta permanente, sin embargo los delegados de la Unión Ferroviaria se repartieron las cuotas de este ingreso para sus familiares, sus allegados, punteros zonales y barras bravas para constituir un fuerza de choque. Los relegados fueron los hijos de los ferroviarios, que deberían tener prioridad por tradición y conquista histórica de las empresas del Estado y por convenio, ya que éste fija la creación de una bolsa de trabajo gremial para ese fin. Sin embargo, la bolsa de trabajo jamás se publicó, nadie la conoce. Sí se conocen los mails con los cuales Juan Carlos Fernández promovió el ingreso de Favale, barrabrava de Defensa y Justicia, y asesino de Mariano Ferreyra.
Recordó que Causa Ferroviaria en la campaña de elección de delegados del 2007, apenas asumida Ugofe, reclamó en sus afiches el ingreso de los hijos de los ferroviarios y en contra de los acomodos.
Los compañeros analizaron la crisis del cuerpo de delegados y de la lista Verde creada con la lucha de los tercerizados, el papel del Ministerio de Trabajo y el boicot de las burocracias de la UF y La Fraternidad en este reclamo.
Durante el debate, varias intervenciones destacaron los innumerables reclamos y curriculums presentados por los compañeros, incluso viejos ferroviarios, sin obtener respuesta al reclamo del ingreso de sus hijos.
Un curtido ferroviario se quebró al contar cómo su hijo rechazaba seguir la tradición laboral de su padre en la creencia de que todos los ferroviarios son “asesinos”. La indignación del compañero que reivindica el orgullo por la tradición de lucha ferroviaria con la conducción gremial que la ensució con sangre obrera fue un punto emotivo de la reunión.
Finalmente, se resolvió una comisión de padres e hijos ferroviarios para iniciar las gestiones, preparar una movilización al Ministerio de Trabajo, exigir la publicación de la bolsa de trabajo de la Unión Ferroviaria y convocar a una nueva asamblea sumando más compañeros.
Los abogados del PO apelaron el procesamiento de los cuatro luchadores ferroviarios
UN FALLO ABERRANTE, QUE ADEMÁS ATENTA CONTRA EL DERECHO A LA PROTESTA Y LA REIVINDICACIÓN LABORAL
En el día de ayer, la defensa de Jorge Hospital, Omar Merino, Eduardo Belliboni y Miguel Morales, militantes de la agrupación “Causa Ferroviaria” y del PO, apeló la resolución del juez Armella que dispuso su procesamiento por “interrupción del servicio de transporte” y “extorsión”.
En su escrito, la Dra. Claudia Ferrero destaca la aberración política y jurídica del uso de la figura de “extorsión”, que el código penal asigna a delitos de carácter privado dirigidos a la obtención de ciertos beneficios materiales. La extensión de esa figura penal a las movilizaciones populares está en la esencia de la “criminalización” o “penalización” de la protesta social, que muchos de los actuales oficialistas solían repudiar, al menos de palabra. Pero en este caso, se trata de la criminalización de una acción obrera de carácter colectivo, o sea, de la destrucción del derecho de huelga. Por otra parte, la supuesta “extorsión” al estado residió en ! reclamar lo que el propio estado ya había concedido en la letra –a través de una resolución del Ministerio de Trabajo- e incumplido en los hechos; o sea, la reincorporación de los despedidos, su equiparación salarial y su pase a la planta permanente del ferrocarril.
El ataque jurídico se completa con la criminalización de los propios representantes o voceros de los tercerizados, por el hecho de serlo. Es así que, para el caso de Morales y Merino, como toda “prueba del delito” el juez presenta las evidencias de su participación…en las negociaciones realizadas en el Ministerio de Trabajo.
Como señala la Dra. Ferrero en su escrito, “Cualquier reclamo de cualquier trabajador que tenga por objetivo un incumplimiento estatal o empresarial, y cuyos delegados asistan a la necesaria reunión con quienes incumplen los acuerdos firmados, podría ser caracterizado como constitutiva de extorsión, si por el motivo que fuera los funcionarios o empresarios incumplen sus propias actas acuerdo”.
Ferrero señala que el juez, al carecer de pruebas para involucrar a los procesados en la supuesta extorsión, apela al llamado “delito de autor”, donde “el sujeto es perseguido por lo que se pretende que es, y no por lo que se hace”. En efecto, el juez alude a la pertenencia “al Partido o Polo Obrero” de los procesados, y en ello parece querer fundar los delitos que les imputa.
Dictado por el gobierno
El fallo del juez Armella reitera, de un modo grosero y superficial, las imputaciones de la ministra Garré y del secretario de Ttransporte, Schiavi, contra el PO. El aspecto más grave de esa reiteración es la alusión a los “hechos de Constitución” en el propio auto de procesamiento y, todavía más grave aún, la inclusión, como “prueba”, de un video que exhibe los desmanes en esa terminal de trenes. Pero ni en ese video, ni en ningún otro de los elementos probatorios acompañados, existe evidencia alguna de la participación de los cuatro procesados en esos desmanes, ni, por supuesto, de militante alguno del PO. El juez insiste en la amalgama caprichosa que realizó la ministra Garré en su conferencia de prensa del 27 de diciembre p! asado. Pero en este caso, se sirve de “elementos probatorios” que no tienen ese carácter (que no prueban nada) para disponer procesamientos sobre luchadores obreros. Ni el gobierno, ni la fiscalía, ni el propio juez Armella, que sí “habilitó ferias” para procesar a los militantes ferroviarios del PO, tomaron la menor disposición para investigar los desmanes de Constitución y descubrir a sus responsables, donde se advierte, por aquello de a quién benefician esos desmanes, la mano inconfundible de la patota sindical y de sus barrabravas a sueldo.
Los denunciantes están denunciados
Pero no mencionamos aún el aspecto más grave del fallo de Armella, y de sus supuestos “elementos probatorios”. Los denunciantes de los cuatro procesados (la UGOFE), así como los policías que testimonian contra ellos, están, ellos mismos, denunciados en la causa por el crimen de Mariano Ferreyra. ¡Y sus denunciantes son, en persona, dos de los procesados! Nos referimos a Hospital y Merino. Por caso, no nos estamos refiriendo a “la policía que liberó Barracas”, sino a LOS policías denunciados, con nombre y apellido, por haber liberado la zona en la tarde del 20 de octubre de 2010.
Por eso, Ferrero entiende que las acusaciones de quienes se encuentran acusados, en uno u otro grado, por el asesinato de Mariano Ferreyra, son “ una clara venganza por los testimonios de ambos en dichas causas judiciales, no resultando para nada inocente que esto ocurriera al mismo tiempo que la Cámara de Apelaciones debía decidir sobre las excarcelaciones de los procesados en dicha causa”.
Por atacar el derecho de protesta sindicial o reivindicativa; por acompañar “pruebas” fraudulentas; por fundarse en “testimonios” de los cómplices de Pedraza, el fallo de Armella debe ser revocado de plano, y los cuatro luchadores ferroviarios desprocesados. La criminalización de los tercerizados no cae del cielo: es otra imposición del pacto mafioso que une a la UGOFE, al estado y a la burocracia sindical en la gestión del ferrocarril. Para preservar ese pacto, que se ha cobrado la vida de Mariano Ferreyra, sus implicados quieren transformar a las víctimas en culpables. Por eso, Merino, Hospital, Belliboni y Morales han sido procesados.
Llamamos a las organizaciones obreras y democráticas; a los abogados laboralistas y a sus organizaciones, y a todos los luchadores del país a repudiar el fallo contra los cuatro luchadores ferroviarios, y a exigir su inmediato desprocesamiento; ello, en defensa del derecho de huelga y de todas las acciones de carácter colectivo en defensa de las reivindicaciones populares
En el día de ayer, la defensa de Jorge Hospital, Omar Merino, Eduardo Belliboni y Miguel Morales, militantes de la agrupación “Causa Ferroviaria” y del PO, apeló la resolución del juez Armella que dispuso su procesamiento por “interrupción del servicio de transporte” y “extorsión”.
En su escrito, la Dra. Claudia Ferrero destaca la aberración política y jurídica del uso de la figura de “extorsión”, que el código penal asigna a delitos de carácter privado dirigidos a la obtención de ciertos beneficios materiales. La extensión de esa figura penal a las movilizaciones populares está en la esencia de la “criminalización” o “penalización” de la protesta social, que muchos de los actuales oficialistas solían repudiar, al menos de palabra. Pero en este caso, se trata de la criminalización de una acción obrera de carácter colectivo, o sea, de la destrucción del derecho de huelga. Por otra parte, la supuesta “extorsión” al estado residió en ! reclamar lo que el propio estado ya había concedido en la letra –a través de una resolución del Ministerio de Trabajo- e incumplido en los hechos; o sea, la reincorporación de los despedidos, su equiparación salarial y su pase a la planta permanente del ferrocarril.
El ataque jurídico se completa con la criminalización de los propios representantes o voceros de los tercerizados, por el hecho de serlo. Es así que, para el caso de Morales y Merino, como toda “prueba del delito” el juez presenta las evidencias de su participación…en las negociaciones realizadas en el Ministerio de Trabajo.
Como señala la Dra. Ferrero en su escrito, “Cualquier reclamo de cualquier trabajador que tenga por objetivo un incumplimiento estatal o empresarial, y cuyos delegados asistan a la necesaria reunión con quienes incumplen los acuerdos firmados, podría ser caracterizado como constitutiva de extorsión, si por el motivo que fuera los funcionarios o empresarios incumplen sus propias actas acuerdo”.
Ferrero señala que el juez, al carecer de pruebas para involucrar a los procesados en la supuesta extorsión, apela al llamado “delito de autor”, donde “el sujeto es perseguido por lo que se pretende que es, y no por lo que se hace”. En efecto, el juez alude a la pertenencia “al Partido o Polo Obrero” de los procesados, y en ello parece querer fundar los delitos que les imputa.
Dictado por el gobierno
El fallo del juez Armella reitera, de un modo grosero y superficial, las imputaciones de la ministra Garré y del secretario de Ttransporte, Schiavi, contra el PO. El aspecto más grave de esa reiteración es la alusión a los “hechos de Constitución” en el propio auto de procesamiento y, todavía más grave aún, la inclusión, como “prueba”, de un video que exhibe los desmanes en esa terminal de trenes. Pero ni en ese video, ni en ningún otro de los elementos probatorios acompañados, existe evidencia alguna de la participación de los cuatro procesados en esos desmanes, ni, por supuesto, de militante alguno del PO. El juez insiste en la amalgama caprichosa que realizó la ministra Garré en su conferencia de prensa del 27 de diciembre p! asado. Pero en este caso, se sirve de “elementos probatorios” que no tienen ese carácter (que no prueban nada) para disponer procesamientos sobre luchadores obreros. Ni el gobierno, ni la fiscalía, ni el propio juez Armella, que sí “habilitó ferias” para procesar a los militantes ferroviarios del PO, tomaron la menor disposición para investigar los desmanes de Constitución y descubrir a sus responsables, donde se advierte, por aquello de a quién benefician esos desmanes, la mano inconfundible de la patota sindical y de sus barrabravas a sueldo.
Los denunciantes están denunciados
Pero no mencionamos aún el aspecto más grave del fallo de Armella, y de sus supuestos “elementos probatorios”. Los denunciantes de los cuatro procesados (la UGOFE), así como los policías que testimonian contra ellos, están, ellos mismos, denunciados en la causa por el crimen de Mariano Ferreyra. ¡Y sus denunciantes son, en persona, dos de los procesados! Nos referimos a Hospital y Merino. Por caso, no nos estamos refiriendo a “la policía que liberó Barracas”, sino a LOS policías denunciados, con nombre y apellido, por haber liberado la zona en la tarde del 20 de octubre de 2010.
Por eso, Ferrero entiende que las acusaciones de quienes se encuentran acusados, en uno u otro grado, por el asesinato de Mariano Ferreyra, son “ una clara venganza por los testimonios de ambos en dichas causas judiciales, no resultando para nada inocente que esto ocurriera al mismo tiempo que la Cámara de Apelaciones debía decidir sobre las excarcelaciones de los procesados en dicha causa”.
Por atacar el derecho de protesta sindicial o reivindicativa; por acompañar “pruebas” fraudulentas; por fundarse en “testimonios” de los cómplices de Pedraza, el fallo de Armella debe ser revocado de plano, y los cuatro luchadores ferroviarios desprocesados. La criminalización de los tercerizados no cae del cielo: es otra imposición del pacto mafioso que une a la UGOFE, al estado y a la burocracia sindical en la gestión del ferrocarril. Para preservar ese pacto, que se ha cobrado la vida de Mariano Ferreyra, sus implicados quieren transformar a las víctimas en culpables. Por eso, Merino, Hospital, Belliboni y Morales han sido procesados.
Llamamos a las organizaciones obreras y democráticas; a los abogados laboralistas y a sus organizaciones, y a todos los luchadores del país a repudiar el fallo contra los cuatro luchadores ferroviarios, y a exigir su inmediato desprocesamiento; ello, en defensa del derecho de huelga y de todas las acciones de carácter colectivo en defensa de las reivindicaciones populares
MESA REDONDA
"La lucha contra la precariedad laboral"
Viernes, 14 de enero · 19hs.
Sindicato de Luz y Fuerza (Olazabal y 25 de Mayo)
*Jorge Hospital, trabajador ferroviario de la Línea Roca,
integrante de la Agrupación Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra
*Nora Biaggio, dirigente del Partido Obrero
*Axel Zárate, secretario gremial de Luz y Fuerza Mar del Plata
Apelaron el procesamiento de cuatro militantes por el corte de vías en Avellaneda
(Publicado por diario Página/12, 12/01/11)
Los defensores acusan a los policíasLa abogada del PO pidió la nulidad de los procesamientos y argumentó que los efectivos que detuvieron a los manifestantes “son las mismas personas” sospechadas por su rol en el homicidio de Mariano Ferreyra. Ahora debe definir la Cámara de Apelaciones platense.
La División Roca de la Policía Federal vuelve a estar en el ojo de la tormenta, esta vez, por su participación en la causa judicial iniciada por el corte de vías en Avellaneda. La defensa de los cuatro imputados apeló la medida dispuesta la semana pasada por el juez Luis Armella, quien procesó por extorsión e interrupción de transporte público terrestre a tres integrantes del Partido Obrero y a un ferroviario despedido. Con el apoyo de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), la abogada Claudia Ferrero señaló –entre los argumentos del escrito presentado ayer en el Juzgado Federal Nº1 de Quilmes– que los efectivos que realizaron tareas de inteligencia, labraron el acta por el corte de vías y detuvieron a los manifestantes “son las mismas personas” a las que la fiscalía imputa en la causa por el homicidio de Mariano Ferreyra y las heridas que sufrieron Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos el 20 de octubre, durante una movilización de trabajadores tercerizados y agrupaciones de izquierda. La imputación se basa, justamente, en testimonios aportados –entre otros– por tres de los cuatro procesados: Eduardo Belliboni, Jorge Hospital y Omar Merino.
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| Hospital y Merino liberados, en la marcha que reclamó su desprocesamiento. |
A los cinco policías se los investiga por haber omitido, aquel 20 de octubre, informar al magistrado de turno que se había producido un asesinato y había varios heridos, y por no resguardar el lugar del hecho, permitiendo que se perdieran elementos de prueba. Según el escrito de la defensa, tal accionar policial facilitó “los medios para alcanzar la impunidad sobre el hecho”. La Fiscalía de Instrucción Nº 4 –a cargo de Fernando Fiszer desde que Cristina Caamaño fue designada como viceministra de la flamante cartera de Seguridad– investiga la conducta de la Policía Federal, con la sospecha de que la zona fue liberada durante el ataque ejecutado por la patota de la Unión Ferroviaria. La abogada Ferrero también recordó las irregularidades que tenían el video y las grabaciones de las comunicaciones presentados por la policía ante la solicitud del juzgado que encabeza Wilma López.
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| Vigilia por Mariano en la víspera de la confirmación del procesamiento de la patota de la UF |
La abogada María del Carmen Verdú (Correpi) también se sumó a la denuncia y aseguró que los policías que dirigieron la investigación por el corte de vías “son los mismos que tenemos imputados en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra, todos pertenecen a la División Roca de la Policía Federal; Jorge Raúl Ferreyra manejó la instrucción”. Con esta presentación, la defensa busca la nulidad de los procesamientos de Hospital, Merino, Belliboni y Morales. Ahora la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata tendrá que definir la situación de los procesados.
Adrián Pérez
Un lock-out de Maturano contra los tercerizados, ante la inminente indagatoria judicial a José Pedraza
(Comunicado publicado por sitio del Partido Obrero, 11/01/11)
El paro realizado por La Fraternidad en el día de hoy, que dejó sin transporte a centenares de miles de personas, no obedeció a ninguna reivindicación obrera; fue un paro patronal, porque defiende el “derecho” de la burocracia empresarial a seguir lucrando con la tercerización. Ningún juez los va a procesar por extorsión, como sí lo hicieron con los luchadores de Causa Ferroviaria, que apoyaron una acción obrera de carácter colectivo en defensa de los tercerizados. |
| José Pedraza y Omar Maturano |
Desde el Partido Obrero, denunciamos que se trata de un lock out preventivo, ante la noticia de que se ha reimplantado, en la feria judicial, el secreto del sumario en la causa del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra, lo cual es interpretado como la antesala de la indagatoria y la prisión preventiva para José Pedraza. Esta detención sería un golpe descomunal al pacto entre el estado, la burocracia sindical y los gerenciadores privados en la gestión del ferrocarril.
Según las versiones, Maturano levantó el lock out luego de un “compromiso de palabra” del ministro Tomada sobre las tercerizaciones, cuyo contenido no se conoce.
El Partido Obrero advierte de la situación que se ha planteado y llama a todos los tercerizados ferroviarios y sus agrupaciones a unificar los esfuerzos para la plena incorporación a la planta permanente del ferrocarril y reincorporación de los trabajadores despedidos. Equiparación salarial de los meses pasados.
Asimismo, reclamamos la ruptura del pacto de gestión mafioso del ferrocarril y su estatización integral, o sea gestión de los poderes públicos bajo el control de un comité electo de trabajadores ferroviarios.
-Juicio y castigo a TODOS los responsables políticos y materiales del crimen de Mariano Ferreyra.
-Desprocesamiento inmediato de Belliboni, Hospital, Merino y Morales, luchadores contra la tercerización.
Jorge Altamira-Marcelo Ramal
Todos a planta permanente
Basta de tercerizaciones y persecución a los luchadores
Aún no se han cumplido los compromisos firmados por el gobierno de que el 20 de diciembre se pasaría a los tercerizados a planta permanente. El plazo primero fue desplazado unilateralmente al 3 de enero y ahora la fecha se ha trasladado al 20 de enero. En el medio se han sucedido decenas de reuniones en el Ministerio de Trabajo con distintas comisiones de tercerizados donde existe una clara negativa a aceptar las actas firmadas por el propio Ministerio el 1º y 5 de noviembre pasados.
Al 11 de enero, no hay un solo tercerizado en planta permanente. No se ha cumplido con la equiparación salarial establecida para que los tercerizados cobren la escala inicial de la Unión Ferroviaria. Varias empresas tercerizadas han producido nuevos despidos. No han sido reincorporados los despedidos de Ugofe y tampoco han ingresado los compañeros de los baños varias veces censados por las propias autoridades.
Los funcionarios del gobierno actúan en todo momento presionados por la burocracia de Pedraza y Maturano que tienen una cerrada negativa a las tercerizaciones. La política del gobierno hasta ahora ha sido conciliar con esta burocracia que ya realizó cuatro paros contra las tercerizaciones y en defensa de la patota de la Verde y criminalizar a los que, cansados de una bicicleta de casi tres meses desde la muerte de Mariano Ferreyra, han salido a luchar, a manifestarse, a cortar vías y boleterías para que se cumpla lo acordado por el propio Ministerio.
Ha quedado demostrado que las revisaciones médicas, los formularios de ingreso, los análisis de los legajos sólo han sido dilaciones impuestas por la patota de la Verde y por Maturano. Nuestro reclamo es la resolución inmediata del pase a planta de todas las empresas tercerizadas del ferrocarril. Sin excepciones. Reincorporación inmediata de los despedidos de Ugofe. Reincorporación de los nuevos cesantes de las tercerizadas. Cumplimiento de las actas del 1 y 5 de noviembre. Desprocesamiento de Hospital, Merino, Morales y Belliboni. Cárcel a Pedraza y Fernández, responsables intelectuales de la muerte de Mariano Ferreyra.
Proponemos una asamblea única de todos los tercerizados para dar cumplimiento a estos puntos y una comisión única que termine con la política del gobierno de dividir a los trabajadores.
En estos tres meses, hay una explosión de reclamos contra las tercerizaciones. Se han movilizado los tercerizados telefónicos, los tercerizados de Edesur, de Edenor, los tercerizados municipales, cansados de la precarización laboral y de los contratos eternos. Es necesaria una movilización de todos los tercerizados impulsada por los tercerizados ferroviarios para dar por tierra con uno de los pilares de la flexibilización laboral en la Argentina. Nuestro compromiso será impulsarla y trabajar en su organización. (11/01/11)
Aún no se han cumplido los compromisos firmados por el gobierno de que el 20 de diciembre se pasaría a los tercerizados a planta permanente. El plazo primero fue desplazado unilateralmente al 3 de enero y ahora la fecha se ha trasladado al 20 de enero. En el medio se han sucedido decenas de reuniones en el Ministerio de Trabajo con distintas comisiones de tercerizados donde existe una clara negativa a aceptar las actas firmadas por el propio Ministerio el 1º y 5 de noviembre pasados.
Al 11 de enero, no hay un solo tercerizado en planta permanente. No se ha cumplido con la equiparación salarial establecida para que los tercerizados cobren la escala inicial de la Unión Ferroviaria. Varias empresas tercerizadas han producido nuevos despidos. No han sido reincorporados los despedidos de Ugofe y tampoco han ingresado los compañeros de los baños varias veces censados por las propias autoridades.
Los funcionarios del gobierno actúan en todo momento presionados por la burocracia de Pedraza y Maturano que tienen una cerrada negativa a las tercerizaciones. La política del gobierno hasta ahora ha sido conciliar con esta burocracia que ya realizó cuatro paros contra las tercerizaciones y en defensa de la patota de la Verde y criminalizar a los que, cansados de una bicicleta de casi tres meses desde la muerte de Mariano Ferreyra, han salido a luchar, a manifestarse, a cortar vías y boleterías para que se cumpla lo acordado por el propio Ministerio.
Ha quedado demostrado que las revisaciones médicas, los formularios de ingreso, los análisis de los legajos sólo han sido dilaciones impuestas por la patota de la Verde y por Maturano. Nuestro reclamo es la resolución inmediata del pase a planta de todas las empresas tercerizadas del ferrocarril. Sin excepciones. Reincorporación inmediata de los despedidos de Ugofe. Reincorporación de los nuevos cesantes de las tercerizadas. Cumplimiento de las actas del 1 y 5 de noviembre. Desprocesamiento de Hospital, Merino, Morales y Belliboni. Cárcel a Pedraza y Fernández, responsables intelectuales de la muerte de Mariano Ferreyra.
Proponemos una asamblea única de todos los tercerizados para dar cumplimiento a estos puntos y una comisión única que termine con la política del gobierno de dividir a los trabajadores.
En estos tres meses, hay una explosión de reclamos contra las tercerizaciones. Se han movilizado los tercerizados telefónicos, los tercerizados de Edesur, de Edenor, los tercerizados municipales, cansados de la precarización laboral y de los contratos eternos. Es necesaria una movilización de todos los tercerizados impulsada por los tercerizados ferroviarios para dar por tierra con uno de los pilares de la flexibilización laboral en la Argentina. Nuestro compromiso será impulsarla y trabajar en su organización. (11/01/11)
La División Roca de la Policía Federal investiga a ferroviarios que ayudó a atacar
(Publicado por Lanús Noticias, 10/01/2011)
La División del Roca de la Policía Federal Argentina junto a la SIDE son los organismos que siguen por orden del Juez Armella realizando tareas de investigación para lograr recabar más prueba sobre el corte de vías del 23 de Diciembre y para identificar a los restantes autores. (www.diariopuntosur.com).El 20 de octubre de 2010 el accionar de la División Roca de la Policía Federal, de la Guardia de Infantería, de la Policía Bonaerense, de la Policía Bonaerense de la Comisaría 2ª de Avellaneda destaca que existió un plan determinado de antemano que ordenó a las fuerzas policiales dejar hacer su tarea a los asesinos. La zona liberada fue monitoreada como teatro de operaciones con dos helicópteros que sobrevolaron el lugar donde se produjo la emboscada e incluso tomaron una serie de filmaciones y fotos del ataque criminal (Causa Judicial sobre el asesinato de Mariano).
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| Oficial Ruiz Díaz y sargento 1º Capelo |
El 19/12/10, ocho jóvenes muralistas del Frente Popular Darío Santillán instalan un mural de cerámicas con el rostro de Mariano en la estación Hipólito Yrigoyen del Ferrocarril Roca homenajeando a Mariano y rebautizan a la estación como “Mariano Ferreyra”. Concluida la colocación, a las 20 horas, aparece un hombre de civil con dos bolsas de supermercado y un bolso, pidiendo documentos y diciendo que es Policía Federal. Empieza un diálogo que termina cuando este hombre saca la 45 y obliga a cinco personas a ir a las boleterías. Allí junto a dos policías uniformados se comunica con la División Roca. El pistolero se identifica como sargento 1º Capelo y luego llega otro que dice ser el oficial Ruiz Díaz de la División Roca. Demoran a los jóvenes hasta las 22.15 y, al otro día, el mural aparece destruido.
Lisandro Martínez
Resoluciones del Plenario Ferroviario de Lanús (06/01/11)
Con la presencia de compañeros efectivos y despedidos de Ugofe, de trabajadores tercerizados y trabajadores en negro de los baños del ferrocarril Roca se realizó el 6/1 la Asamblea de Ferroviarios de Lanús.
Reivindicamos la movilización al Ministerio de Trabajo del 5 de enero pasado votada por la Asamblea de Tercerizados y Efectivos del Roca y la Asamblea de Tercerizados y Efectivos del Belgrano Norte en el Sitraic de Temperley contra los incumplimientos del Gobierno, la Secretaria de Transporte y el Ministerio de Trabajo. Fue contundente y soldó una unidad de acción que promovemos desarrollar aún más.
Consideramos que la reunión fracasó por la falta de respuestas de los funcionarios del Ministerio, quienes derivaron el tratamiento de los temas a una nueva cita para el martes próximo, pero la jornada sirvió para volver a sacar a la luz y difundir por todos los medios de comunicación presentes el incumplimiento gubernamental de las resoluciones firmadas por el MTSS, la Secretaria de Transporte, Ugofe y los empresarios de las tercerizadas.
Denunciamos que, pocas horas antes de producirse la marcha, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, resolvió el procesamiento de Omar Merino, Jorge Hospital (ferroviarios activos y miembros de la Agrupación Causa Ferroviaria), Miguel Morales (despedido de Ugofe) y Eduardo Belliboni (PO) por extorsión y entorpecimiento del transporte público, alegando "intimidación al Ministerio de Trabajo y a la Ugofe". Decimos que el gobierno -rehén de la patota criminal- es quien maneja los tiempos judiciales, extorsionando al movimiento de lucha en su intento por quebrarlo.
Los compañeros de la tercerizada de obra Sogesic del San Martín informaron que tienen 10 despedidos y pende la amenaza de la rescición del contrato de la empresa que los une al trabajo en dicha línea.
Analizada la situación, el Plenario Ferroviario de Lanús resolvió:
1. Lanzar una campaña pública sobre el movimiento obrero y popular por el desprocesamiento de Omar Merino, Jorge Hospital, Miguel Morales y Eduardo Belliboni, por el derecho soberano a peticionar y de huelga, con la salida de una declaración para ser agitada en todas las líneas ferroviarias y un petitorio dirigido a comisiones internas y cuerpos de delegados.
2. Proponer a las organizaciones que integran la asamblea del Sitraic la concurrencia a la reunión citada por el Ministerio, con una comisión común.
3. Un acto y bloqueo de boleterias en el hall del Ferrocarril San Martín, en Estación Retiro, el próximo 12 de enero, a las 17 horas, por la reincorporación de sus despedidos y el pase a planta de los compañeros de Sogesit, invitando a participar a todas las agrupaciones solidarias con esta lucha.
4. Convocar a los tercerizados de todo el movimiento obrero para una movilización unitaria el 20 del corriente mes a Plaza de Mayo, al cumplirse tres meses del asesinato de Mariano Ferreyra, invitando a las organizaciones sociales y políticas que quieran acompañar.
Consideramos que la reunión fracasó por la falta de respuestas de los funcionarios del Ministerio, quienes derivaron el tratamiento de los temas a una nueva cita para el martes próximo, pero la jornada sirvió para volver a sacar a la luz y difundir por todos los medios de comunicación presentes el incumplimiento gubernamental de las resoluciones firmadas por el MTSS, la Secretaria de Transporte, Ugofe y los empresarios de las tercerizadas.
Los compañeros de la tercerizada de obra Sogesic del San Martín informaron que tienen 10 despedidos y pende la amenaza de la rescición del contrato de la empresa que los une al trabajo en dicha línea.
Analizada la situación, el Plenario Ferroviario de Lanús resolvió:
1. Lanzar una campaña pública sobre el movimiento obrero y popular por el desprocesamiento de Omar Merino, Jorge Hospital, Miguel Morales y Eduardo Belliboni, por el derecho soberano a peticionar y de huelga, con la salida de una declaración para ser agitada en todas las líneas ferroviarias y un petitorio dirigido a comisiones internas y cuerpos de delegados.
3. Un acto y bloqueo de boleterias en el hall del Ferrocarril San Martín, en Estación Retiro, el próximo 12 de enero, a las 17 horas, por la reincorporación de sus despedidos y el pase a planta de los compañeros de Sogesit, invitando a participar a todas las agrupaciones solidarias con esta lucha.
4. Convocar a los tercerizados de todo el movimiento obrero para una movilización unitaria el 20 del corriente mes a Plaza de Mayo, al cumplirse tres meses del asesinato de Mariano Ferreyra, invitando a las organizaciones sociales y políticas que quieran acompañar.
Cuatro procesados por el corte de vías
(Publicado por diario Pagina/12, 06/01/11)
El juez Luis Armella consideró que los acusados intimidaron al Ministerio de Trabajo y a la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe). Los abogados defensores y los procesados criticaron el fallo.El juez federal de Quilmes, Luis Armella, avanzó en la investigación por el corte de vías en la estación Avellaneda y decidió procesar a tres integrantes del Partido Obrero (PO) y a un trabajador ferroviario despedido por extorsión e interrupción de transporte público terrestre. Omar Merino, Jorge Darío Hospital, Eduardo Belliboni y Miguel Morales continuarán en libertad porque, hasta el momento, la medida judicial excluye la prisión preventiva. Todos siguen vinculados con la causa, acusados de interrumpir el 23 de diciembre el servicio diésel y eléctrico de la ex línea Roca. La protesta se originó por el reclamo de pase a planta y reincorporación de los trabajadores tercerizados y equiparación salarial. Los cuatro manifestantes fueron acusados, además, de haber intimidado al Ministerio de Trabajo y a la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe) y exigirle, mediante la suscripción de un acuerdo, el pago de sueldos y la incorporación a planta permanente de sesenta trabajadores, acción que la Justicia encuadró bajo la figura de extorsión.
“Es inconcebible que una medida de fuerza vinculada con un reclamo laboral pueda ser calificada como extorsión”, afirmó Verdú. Al mismo tiempo, consideró que los despedidos y tercerizados sólo pueden manifestarse mediante la interrupción del servicio. De quedar vigente este fallo, la abogada estimó que “se estaría limitando el derecho a reclamo” y que “habría que dar por derogado el derecho a huelga”. Luego, comparó la medida dispuesta ayer por Armella con fallos de un juez federal de Salta: “Es un hecho gravísimo, no es un procesamiento por un corte de ruta, se está hablando de extorsión en un nivel semejante a la figura de sedición que en 2001 utilizó el juez federal (Abel) Cornejo”.
“El secretario del juzgado nos dijo que no se iba a habilitar la feria por esta causa”, dijo Hospital en diálogo con Página/12. “Está claro que los tiempos judiciales los maneja el Gobierno, porque el anuncio del procesamiento se difunde por los medios, confundiendo el corte con los incidentes en Constitución”, agregó el ferroviario. En la misma línea, Merino sostuvo que “al juez lo maneja el Gobierno” y consideró que existe una persecución sobre los militantes del PO. “Todos los que fueron criminalizados son activistas de nuestra agrupación.” Los militantes de Causa Ferroviaria adelantaron que tienen pensado promover un movimiento de los tercerizados con trabajadores telefónicos, de Edesur y Edenor para “ampliar la base del reclamo”, que pretende “acabar con la precarización en todo el país”.
Adrián Pérez
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