(Publicado por diario Los Andes, 21/06/2011)
Hallaron dinero, un arma y documentación. Lo solicitó un juez que tiene pistas de coimas a la Justicia para favorecer a los detenidos por el asesinato del militante.
El juez de instrucción Luis Rodríguez secuestró de la caja de seguridad de un directivo de la compañía ferroviaria Belgrano Cargas una suma de dinero en dólares, un arma y documentación sobre otra, en el marco de una investigación por presunto pago de coimas a jueces de la Cámara de Casación para favorecer la situación procesal de los detenidos por el crimen del militante del PO Mariano Ferreyra.
Así lo confirmaron fuentes judiciales, que precisaron que el allanamiento se cumplió "en los últimos días en una sucursal del Banco de Galicia", sobre una caja de seguridad de Ángel Stafforini, contador de la Unión Ferroviaria y vicepresidente de Belgrano Cargas S.A., presuntamente interviniente en la maniobra ilegal. Stafforini está imputado junto con el dirigente detenido José Pedraza, el ex juez Octavio Aráoz de Lamadrid, el funcionario judicial Luis Ameghino Escobar (hijo de un ex camarista) y el agente de inteligencia Juan José Riquelme en una supuesta maniobra para "obtener ilícitamente de la Cámara Nacional de Casación Penal" las libertades de los primeros siete detenidos por el crimen de Mariano Ferreyra, en octubre último.
La causa se disparó por una escucha telefónica interceptada por orden de la jueza Wilma López, quien instruyó el expediente principal por el crimen de Mariano Ferreyra, en la que el agente de inteligencia Riquelme, el sindicalista Pedraza, el ex juez Aráoz de Lamadrid y el propio Stafforini aparecían intercambiando comunicaciones en tono críptico.
Allí eran mencionados con insistencia los camaristas de casación Eduardo Riggi, Gustavo Wagner Mitchell y Mariano González en tres etapas diferentes de la apelación que debían presentar los abogados de los siete detenidos, mucho antes de que cayera preso Pedraza, quien parecía ser el principal factótum de toda la negociación.
Ameghino Escobar, quien trabajaba en la Oficina de Sorteos de la Cámara de Casación, conocía a Riggi porque trabajó en su vocalía, al igual que Octavio Aráoz de Lamadrid antes de ser juez subrogante.
Aráoz de Lamadrid también se jactaba de su relación con González Palazzo en tanto que el agente de inteligencia Riquelme -un casi septuagenario que en una de las escuchas telefónicas se queja con su interlocutor porque "la presidenta dio la orden de que no pagaran los sueldos", presuntamente en la Secretaría de Inteligencia- parecía tener más aceitada la relación con Mitchell.
El juez Rodríguez ordenó entrecruzamientos telefónicos entre ellos y los otros protagonistas de esta presunta historia, para quienes el fiscal Sandro Abraldes pidió la detención y las indagatorias, a las que el magistrado aún no hizo lugar.
En cuanto al allanamiento a la caja de seguridad de Stafforini, fuentes judiciales explicaron que el juez apuntó a determinar si el dinero que le fue secuestrado a Aráoz de Lamadrid durante un allanamiento en febrero pasado, 50 mil dólares en un sobre con la inscripción "Octavio", le fue entregado por el contador de Belgrano Cargas y cómo y de dónde pudo haber sacado esa cantidad.
Las medidas de inteligencia ordenadas por el juez permitieron determinar que Stafforini tenía una caja de seguridad en un banco cercano a su despacho, y allí fue hallada una suma "similar" a la que le fue secuestrada a Aráoz de Lamadrid.
En cuanto al arma y la documentación de otra más, las fuentes sostuvieron que el juez podría ordenar pericias para establecer si fueron utilizadas en algún hecho delictivo, vinculado o no con el crimen de Mariano Ferreyra, habida cuenta de que nunca fue hallada el arma disparada para causarle la muerte.
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