La querella, representada por las Dras. Claudia Ferrero (Partido Obrero/Apel) y María del Carmen Verdú (Correpi), solicitó a la jueza Wilma López que procese a los policías imputados en la causa paralela como partícipes necesarios de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. A diferencia de la fiscalía, que pidió el procesamiento de siete jefes policiales por los delitos de abandono de persona calificado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, la querella que representa a los militantes del Partido Obrero, Nelson Aguirre y Elsa Rodríguez, sostiene que “el personal policial fue parte activa (y no por simple omisión) del plan urdido para aleccionar a los tercerizados y sus acompañantes, ya que sin su cooperación, acordada de antemano y cuidadosamente coordinada con los ejecutores ! de los homicidios, no hubiera podido perpetrarse el hecho investigado”.
En la presentación, las abogadas Claudia Ferrero, del PO, y María del Carmen Verdú, de Correpi, afirman que los policías, que conocían de antemano la situación y la alta probabilidad de un ataque violento de la Unión Ferroviaria , además de facilitarlo, apartándose y abriendo camino a la patota de la UF, no se limitaron a dejar a las víctimas libradas a su suerte, como sostiene el fiscal. Deliberadamente, omitieron obtener el registro en video y audio de los momentos cruciales de los hechos; dejaron escapar a los criminales atacantes y les guardaron las espaldas. También permitieron que se retiraran las armas del lugar, y garantizaron que se perdiera, o directamente se encargaron de eliminar, evidencia crucial, como vainas y plomos. Luego, mintieron sobre la forma en que ocurrieron los hechos, mintieron sobre las órdenes que tenían y las que impartieron.
“Semejante cuadro carece de todo sentido si no se lo encuadra en lo que definitivamente fue: parte necesaria, imprescindible, incluso, del plan criminal determinado por Pedraza y Fernández, dirigido por Díaz en el lugar y ejecutado por el resto de los procesados. Sin ese imprescindible aporte, la patota no hubiera logrado su criminal cometido”. Así, Ferrero y Verdú solicitan a la jueza Wilma López que procese al comisario mayor Hugo Ernesto Lompizano, a cargo de la DGO de la PFA; al subcomisario Luis Alberto Echavarría de la DGO de la PFA; al oficial principal Gastón Maximiliano Ezequiel Conti de la DGO de la PFA; al comisario inspector Luis Osvaldo Mansilla, jefe de Control de Líneas de la PFA; al comisario Jorge Raúl Ferreyra, jefe de la División Roca de la PFA; al subcomisario de la Cría. 30ª de la PFA Rolando César Garay y a David Ismael Villalba, de la División Videos de la PFA, por los delitos de homicidio calificado (cuatro hechos, uno consumado y tres en grado de tentativa) en carácter de partícipes necesarios, figura que acarrea prisión perpetua.
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