A UN MES DE LA MASACRE DE ONCE
Nada ha desnudado más las contradicciones políticas del kirchnerismo que la masacre de Once. Inmediatamente después de proclamar que esperaría el resultado de la Justicia, la Presidenta nombró a Raúl Baridó interventor por quince días, recientemente prorrogados. Baridó no hizo más que profundizar el desguace de formaciones, separando la mitad de las que operaban en el Sarmiento para reparar las que quedan en servicio. Esto redujo la frecuencia de trenes, lo cual se compensó con la contratación de micros al mismo Cirigliano, responsable principal de la masacre.
Como esta situación no tiene salida sin una fuerte inversión, a Baridó no se le ocurrió otra idea que reclamar un nuevo subsidio al Estado, ya en plan de testaferro directo de TBA. ¡Son los hermanos Cirigliano quienes deben reponer el dinero estatal que invirtieron en dólares o depositaron en las islas Caimán!
Si hablamos de la causa judicial, tenemos el operativo más evidente de impunidad que podía pergeñar este gobierno. Bonadío es un juez conocido por integrar la lista de los ‘confiables’ del menemismo y ya desprocesó al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, en varias denuncias por corrupción. En la causa por la masacre de Once, sólo mantiene imputado al maquinista de la formación siniestrada, aunque tuvo que prohibir la salida del país y embargar a Schiavi, Luna, los hermanos Cirigliano y a diecisiete gerentes de TBA. Esto último lo hizo por exigencia del fiscal, quien denunció en el expediente que el juez retenía las actuaciones para impedirle impulsar la investigación de las responsabilidades en la masacre.
El magistrado ordenó un peritaje sobre la formación, el cual se hizo con personal de Emfer (Emprendimientos Ferroviarios), empresa de los Cirigliano, y sin participación de la parte querellante que representa a los familiares de las víctimas. Por supuesto que el Estado, reconocido como querellante, sí presentó peritos de la Secretaría de Transporte. Es decir que a los peritos de Cirigliano se sumaron los peritos de Schiavi y Luna. ¡Los embargados que tienen prohibida la salida del país no sólo no son imputados, sino que dirigen la investigación!
Esto explica que el juez dictaminara el secreto de sumario, con el fin expreso de evitar que “la propagación de resultados parciales generen confusión y sean utilizados en campañas periodísticas, resultando perjudicadas las víctimas y la población en general”. Es obvio que, cuando los resultados del peritaje se difundan, tratar de impedir la indignación popular será como pretender tapar la luz del sol con una mano.
El juez caratuló la causa como “estrago doloso”, pero la abogada María del Carmen Verdú, que representa a algunos familiares de víctimas, pidió investigar el caso bajo la figura de homicidio e imputó por ello al ministro de Planificación, Julio De Vido, a Schiavi, Luna y otros funcionarios, y a los directivos de TBA. Se encuentra a resolución de la Sala II de la Cámara Federal la recusación contra Bonadío por parte Gregorio Dalbón, abogado de otros familiares.
En el medio, Cristina K echó lastre con la renuncia de Schiavi, disfrazada de problema de salud para que no se lea como una autoimputación. Pero ¿por qué el subsecretario de Transporte Ferroviario, Guillermo Antonio Luna, no siguió el mismo camino? Es que el hombre pertenece a La Fraternidad y la Presidenta debe proteger la pata sindical, que aporta a la impunidad desde su silencio y con la postergación de la discusión salarial y paritaria -la que debió tratarse en estos días. Los propios trabajadores denuncian que TBA empezó un apriete del personal en cada sector y esto no ha merecido respuesta gremial alguna.
Hay motivos para que los Cirigliano gocen de impunidad. Prensa Obrera ya informó que, a través de Cometrans, el grupo tiene contratos con el Estado para importar gas a nuestro país desde Qatar. Además, por medio de Corporate Corp provee netbooks y decodificadores de televisión digital.
El cuerpo principal de los negocios de los Cirigliano, sin embargo, es el transporte. TBA recibió subsidios por las concesiones ferroviarias por 980 millones de pesos en 2011. Entre 2006 y 2010, había obtenido 1.925 millones según la Auditoría General de la Nación. También reciben subsidios por los colectivos: tienen 20 de las 135 líneas de la ciudad, además de líneas de media y larga distancia. Son más de 100 millones de pesos mensuales.
Ese estudioso de los ferrocarriles argentinos que fue Raúl Scalabrini Ortiz escribió que el sistema ferroviario es “una inmensa tela de araña metálica, donde está aprisionada la República”. Parafraseándolo, la masacre de Once “es una inmensa tela de araña de impunidad, donde están aprisionados el kirchnerismo y la República”.
Jorge Hospital
No hay comentarios:
Publicar un comentario