JUSTICIA POR MARIANO FERREYRA
PERPETUA A PEDRAZA Y CASTIGO A TODOS LOS CULPABLES
Hoy, 20 de octubre, se cumplen dos años del asesinato de Mariano Ferreyra y de las gravísimas heridas que sufrieron Elsa Rodríguez y otros compañeros a manos de una patota de la Unión Ferroviaria conducida por José Pedraza.
Hoy, a dos años del crimen de Mariano, nos hacemos presentes en Plaza de Mayo con esta movilización, para reclamar condena a José Pedraza y Juan Carlos Fernández, los responsables políticos de este crimen contra la clase obrera; para reclamar condena a Pablo Díaz y a los integrantes de la patota que ejecutaron el ataque; para reclamar castigo a los policías que permitieron la concreción del crimen liberarando la zona, cubrieron la huida de la patota y destruyeron pruebas fundamentales.
Nos hacemos presentes, también, para exigir el desmantelamiento de las patotas sindicales de la Unión Ferroviaria –que han seguido activas en estos 24 meses, como lo prueban los numerosos testigos que fueron amenazados para que no declarasen contra Pedraza y su banda criminal.
Ninguna de estas amenazas –todas ellas denunciadas ante la justicia- fue esclarecida. Tampoco lo ha sido el último y más resonante de estos episodios, el de la desaparición de Alfonso Severo.
Llegamos a este segundo aniversario, en pleno desarrollo del juicio contra Pedraza y su banda, y contra siete policías que fueron parte activa del plan criminal ejecutado por la patota.
Llegamos a este juicio con Pedraza preso, una inmensa victoria de la movilización popular que a veinticuatro horas del crimen, reunió más de 60.000 personas en las calles de la Capital, junto a las marchas, paros y cortes que recorrieron todo el país con un reclamo unánime: juicio y castigo a TODOS los culpables. Esa movilización popular no cesó ni un instante en estos 24 meses sin Mariano. Trabajadores, estudiantes, artistas, escritores, periodistas, agrupaciones y organizaciones populares de toda la Argentina e incluso del exterior refrendaron en millares de iniciativas el compromiso, la determinación y el clamor de que el crimen de Mariano y el ataque a los compañeros no quede impune. Ese es el reclamo que hoy, a dos años de su asesinato, traemos a esta Plaza de Mayo.
Nos movilizamos porque queremos llegar hasta el final en la cadena de responsabilidades por este crimen político y para que nunca más un crimen contra el pueblo quede impune.
El crimen de Mariano sacó a la luz el infame régimen de las tercerizaciones que rige en el ferrocarril y en todos los gremios, por el cual miles de trabajadores perciben un salario inferior al que les corresponde por la misma tarea que realizan los compañeros bajo convenio.
En el caso del ferrocarril, quienes lucraban con esta precarización –además de los empresarios- eran los jefes de la Unión Ferroviaria. ¡Los dirigentes sindicales eran propietarios de varias de las cooperativas truchas que empleaban trabajadores en condiciones indignas! De esa manera amasaron verdaderas fortunas. Pedraza, el jefe máximo de la burocracia sindical ferroviaria, fue detenido en Puerto Madero en un piso de su propiedad valuado en un millón de dólares.
Los ferroviarios tercerizados y quienes los acompañaban se pusieron de pie contra ese negociado y la burocracia sindical lo defendió a sangre y fuego: el crimen de Mariano pretendió ser un castigo ejemplar contra los tercerizados que luchaban por pasar al convenio y contra quienes los apoyaban.
Contra lo que pretendieron afirmar –y siguieron afirmando- voceros oficiales, como el Ministro Tomada, en el crimen de Mariano no hubo “enfrentamiento” alguno: los tercerizados y los militantes que los apoyaban fueron emboscados por la patota de Pedraza cuando ya se retiraban de la zona de las estaciones ferroviarias. Esto ha sido ratificado por decenas de testimonios en el juicio oral; no sólo en boca de los tercerizados y militantes que se movilizaron en su apoyo, sino también por parte de trabajadores de la zona, transeúntes que ocasionalmente se encontraban en el lugar, periodistas e incluso algunos policías.
Como lo denunciáramos tantas veces en estos 24 meses, ese ataque fue el resultado de un plan criminal orquestado por Pedraza y la cúpula dirigente de la Unión Ferroviaria con la complicidad de los empresarios de Ugofe y de los funcionarios de la Secretaría de Transporte; un plan que no hubiera sido posible sin la activa colaboración de la Policía Federal.
Después del crimen de Mariano, el gobierno y las privatizadas rechazaron una y otra vez la incorporación de los tercerizados a la planta. Las sucesivas medidas de lucha de los ferroviarios fueron objeto de ataques políticos e incluso represivos contra el movimiento de lucha de los tercerizados y las fuerzas que los apoyaban. También fueron objeto de ataques los trabajadores ferroviarios que sistemáticamente denunciaron el mal estado del sistema y el peligro que eso entrañaba para usuarios y empleados. Se llegó al extremo –en diciembre del 2010, cuando aún Pedraza estaba en libertad- de que un juez amigo del gobierno resuelva la detención de los luchadores ferroviarios Hospital y Merino, ambos compañeros de Mariano Ferreyra, bajo la acusación de cortar vías, mientras la ministra Garré los acusaba de ´desestabilización´. Fue la movilización popular unitaria a Plaza de Mayo la que desbarató estas maniobras, que de haber prosperado, hubiesen posibilitado la impunidad para Pedraza.
Por eso, hoy volvemos a manifestar que entre el crimen de Mariano y la masacre de Once existe un hilo de continuidad: la misma trama de intereses que reúne a empresarios, funcionarios y burócratas sindicales en torno al negociado de los subsidios estatales.
A lo largo de una década, el presupuesto público sirvió para enriquecer a un puñado de parásitos y poner en pie el régimen que derivó en el crimen de Mariano primero y en la masacre de la estación Once –con sus 51 muertos y más de 700 heridos- tiempo después. Los protagonistas son los mismos: tras la masacre de Once, los socios de TBA en Ugofe fueron premiados con la gestión de los ramales Sarmiento y Mitre tras la salida de Cirigliano. Los grandes ausentes en el juicio que se está desarrollando en estos momentos, son los empresarios y los funcionarios políticos responsables por estos crímenes contra el pueblo.
Queremos el castigo a TODOS los culpables.
Reclamamos que se investigue a los empresarios de Ugofe que concedieron las licencias laborales para formar la patota; reclamamos que se investigue al ex secretario de transporte, Juan Pablo Schiavi -quien se encontraba junto a Pedraza y Fernández al momento de producirse el ataque- y al ex subsecretario de transporte ferroviario Antonio Luna. Reclamamos que los policías sean juzgados por su participación necesaria en la emboscada criminal, y no como espectadores pasivos del ataque.
NO A LA IMPUNIDAD
El juicio oral contra Pedraza y su patota estuvo precedido por todo tipo de tentativas para postergarlo y así lograr que la Cámara de Casación les conceda la excarcelación de los detenidos. Pretendían que Pedraza sea juzgado en libertad para sortear el cumplimiento efectivo de una eventual condena, pero fracasaron.
Los defensores de Pedraza también presentaron un pedido de juicio político contra los miembros del tribunal que lo está juzgando, ante el cual el Consejo de la Magistratura -en lugar de rechazarlo en el acto-, ordenó la instrucción de un expediente. Alertamos a toda la población que acompaña esta lucha, que eso significa una espada de Damocles sobre las cabezas de los jueces que juzgarán a Pedraza, ya que el Consejo de la Magistratura – en el que el oficialismo tiene mayoría - puede vetar al tribunal en el transcurso del juicio, o dar por nulo el proceso si no se ajustara a sus intenciones políticas.
No podemos dejar de señalar que Pedraza se sumó desde la cárcel de Ezeiza al bando de la burocracia sindical que apoyó el gobierno en la crisis de la CGT, lo cual fue avalado por el Ministerio de Trabajo. Detrás del voto de Pedraza, existe una activa negociación política con el Estado para lograr su absolución o la atenuación de una eventual pena.
Advertimos también por los intentos de aislar este juicio y despojarlo de sus connotaciones políticas. Nos referimos la demora de las causas conexas a la que investiga el crimen de Mariano: la del intento de coimas a la cámara de Casación, en la que están involucrados jueces y agentes de inteligencia; la del desvío de fondos que denunció un ex gerente de Ugofe y la del perito de parte Roberto Loclés por alterar la bala que mató a Mariano. Todas ellas conectan los intereses y circunstancias que rodean el crimen de Mariano. A este operativo de rescate de la burocracia pedracista se suma Ugofe, que acaba de sancionar a dos de los dirigentes de la oposición antiburocrática a Pedraza en el ferrocarril Roca, Jorge Hospital y Flavio Bustillo, sobre la base de acusaciones infames.
Las pruebas contra Pedraza y los demás acusados se acumulan audiencia tras audiencia. Los testimonios que se están vertiendo en la sala de audiencias, dan cuenta del carácter artero y criminal de la agresión de la patota, y de la existencia de varios tiradores; del escandaloso negociado montado en el ferrocarril sobre la base de los subsidios estatales, en el que están asociados empresarios, sindicalistas y funcionarios; de la completa descomposición de la burocracia sindical.
De las declaraciones de los testigos y de las escuchas judiciales, surgen con claridad el firme verticalismo que rige en la Unión Ferroviaria, liquidando la pretensión de colocar a Juan Carlos Fernández y Pablo Díaz actuando al margen de la del consentimiento de Pedraza. Reflejan la comunión de intereses económicos de la burocracia, los empresarios y los funcionarios del gobierno en la explotación de las tercerizadas y la connivencia de Pedraza con la primera línea del Ministerio de Trabajo, Carlos Tomada y Noemí Rial.
También reflejan la viva preocupación de la burocracia por mantener el control político del ramal Roca y bloquear la influencia de las agrupaciones y corrientes combativas entre los trabajadores. En las escuchas, consta además el auxilio brindado por la Unión Ferroviaria a Cristian Favale –el principal sospechado de ser el autor material del crimen de Mariano-, la organización de los lock out de la UF y La Fraternidad en solidaridad con los detenidos y ubican a Pedraza en el centro de las negociaciones para sobornar a los miembros de la sala III de la Cámara de Casación.
Los personeros de la burocracia sindical del ferrocarril siguen enquistados en sus puestos de funcionarios. Entre otros, Ángel Stafforini –acusado de reunir los fondos destinados a sobornar al tribunal de Casación- y Graciela Coria -esposa de Pedraza- aun hoy integran el directorio del Belgrano Cargas, y administran una caja mensual multimillonaria; Juan Araya, abogado de la Unión Ferroviaria y organizador de la asistencia a los patoteros detenidos, continúa revistiendo en la empresa estatal Sofse. Antonio Luna –de La Fraternidad- continuó atornillado a su puesto de subsecretario hasta que su procesamiento por la masacre de Once parecía más o menos inminente; pasados varios meses de la masacre de Once Randazzo recorría con Luna los talleres ferroviarios de Remedios de Escalada. El lugar elegido no era casual: en esos talleres se vive una intensa lucha política entre el activismo antiburocrático y la patota, que fue reclutada mayormente de esas dependencias.
La protección del gobierno y del Ministerio de Trabajo a la patota de Pedraza continúa hasta el día de hoy. En las elecciones de la Unión Ferroviaria que se realizarán en el mes de noviembre el ministro Tomada avaló el estatuto cárcel armado por la burocracia para impedir la presentación de listas opositoras a nivel nacional. Incluso varias listas seccionales presentadas por la oposición fueron impugnadas con el aval del Ministerio. La defensa del unicato sindical apunta a salvar al pedracismo, en momentos que éste sufre su peor crisis como consecuencia de la detención de su máximo dirigente.
La permanencia de los hombres de Pedraza en el ferrocarril es sólo un aspecto de la protección del poder político sobre la burocracia sindical –que se expresa también en el amparo oficial sobre ex buchones comprobados de la dictadura militar como Gerardo Martínez , de la Uocra, y Julio Sosa, de la comisión directiva de La Fraternidad. Esa protección se expresa, todos los días, en la impunidad con que actúan sus patotas, y en la propia persecución estatal y judicial sobre los luchadores, impulsada desde el gobierno: las patotas de la burocracia sindical constituyen, en este sentido, una verdadera ´tercerización´ de la represión. A su turno, la sociedad entre esa burocracia, los privatizadores y el Estado, continúa en el vaciamiento de un sistema ferroviario en ruinas, que todo el tiempo se cobra víctimas fatales.
La defensa de la burocracia sindical es una cuestión de Estado para el gobierno y las patronales. Incluso buena parte de la llamada oposición política hace suya la defensa de la burocracia y del unicato sindical. Comparten el objetivo de imponer –incluso por la fuerza y las patotas- una regimentación de los trabajadores que posibilite mantener el 35 % de trabajo en negro, los salarios promedio de $3.400, la tercerización que afecta muy especialmente a la juventud. Terminar con la burocracia sindical y recuperar los sindicatos para los trabajadores plantea una lucha política contra el régimen dominante.
DESPUES DEL CRIMEN DE MARIANO
Pero también se produjeron gravísimos hechos contra los luchadores populares, a la escala de todo el país. Sólo un mes después, en Formosa, dos dirigentes de la comunidad qom La Primavera -Roberto López y Mario López- fueron asesinados por parte de las fuerzas policiales al mando del gobernador kirchnerista Gildo Insfrán. Al poco tiempo, en la Capital, otros tres compañeros -Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Emilio Canaviri Álvarez- eran asesinados en el Parque Indoamericano, en medio de la represión que comandaron la Federal de Aníbal Fernández y la metropolitana de Mauricio Macri. También se produjo la sospechosa muerte del dirigente campesino chaqueño Mártires López, aún no esclarecida. En el mes de Julio, la lucha por la tierra se cobró la vida de los compañeros Juan Velázquez, Félix Reyes y Ariel Farfán en Libertador (Jujuy), donde la policía de otro gobernador oficial actuó en defensa del monopolio explotador de los Blaquier. Poco después, el asesinato de Cristian Ferreyra, y más recientemente el de Mario Galván, ambos militante del Mocase, a manos de sicarios de los latifundistas. En la provincia de Rio Negro, Daniel Solano, activista sindical del gremio de la Fruta, fue secuestrado y asesinado por un ´escuadrón de la muerte´ policial, por orden de la patronal de la fábrica donde trabajaba, por negarse a aceptar un soborno a cambio de entregar las reivindicaciones de sus compañeros.
La acción represiva no ha cesado tampoco sobre los luchadores obreros que desafían a las patronales y a las burocracias, como ocurre con los compañeros de Cerro Dragón, Chubut, que protagonizaron una gran huelga contra la tercerización en los yacimientos petroleros, y con los vecinos del barrio Islas Malvinas, de la capital de Jujuy, brutalmente reprimidos por la policía del gobernador oficialista Eduardo Fellner. Por otra parte, quedó al desnudo un régimen de delación y espionaje contra los luchadores denominado ´Proyecto X´, defendido por la ministra de seguridad Nilda Garré –la misma que durante un año suministró defensa gratuita a los policías imputados en la causa de Mariano y pretendió procesar a sus compañeros de lucha, Hospital y Merino. Meses después del crimen de Mariano, era detenido Rubén “Pollo” Sobrero, del Cuerpo de Delegados del Ferrocarril Sarmiento, bajo una imputación falaz públicamente respaldada por Aníbal Fernández. Más recientemente, fue sancionada la compañera Estela Dines, activista del Tren de la Costa.
Hoy, existen miles de compañeros procesados, perseguidos o con amenazas de desafuero en todo el país, entre los que se cuentan delegados obreros de base, estudiantiles, dirigentes políticos y de derechos humanos. La acción de las patotas y la criminalización de los luchadores no cesaron. La sanción de la llamada ´ley antiterrorista´ a fines de 2011 refuerza esta política represiva, apuntada a las luchas y movilizaciones obreras y populares. El militar Sergio Berni, actualmente a cargo de la conducción de la gendarmería en la represión de las luchas sociales, debutó desalojando a palazos un corte de Panamericana protagonizado por trabajadores desocupados, a los cuales detuvo y condujo a Campo de Mayo, emblema de los peores campos de concentración de la dictadura militar. La política represiva se agudiza, con la mira puesta en las luchas obreras y populares que se plantean frente al ajuste que gobierno nacional aplica sobre salarios y prestaciones sociales.
El de Mariano Ferreyra fue un crimen político. Porque involucró al estado, a las burocracias sindicales que le sirven, a sus aparatos de represión y a los capitalistas que usufructúan el ferrocarril privatizado -y también porque terminó con la vida de un militante revolucionario.
En esta lucha también recogemos los nombres de José Cabezas, de los asesinados en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, de Carlos Fuentealba, de Jorge Julio López, de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán y de todos los luchadores asesinados bajo este régimen cuyos responsables políticos continúan impunes. ¡Nunca más!
Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero, organizador de la Federación Universitaria de Buenos Aires en el CBC de Avellaneda, palpitaba todas y cada una de las luchas obreras de su zona. Pero también fue un apasionado del teatro, del cine, de la música, de la amistad y la juventud militante, que es la que lucha por una sociedad sin explotadores ni explotados.
Mariano abrazó la causa del socialismo como parte de una generación obrera y juvenil que hoy, en las fábricas, colegios y facultades, se pone de pie para dotar a los sindicatos, federaciones estudiantiles, organizaciones barriales de una nueva dirección para sus luchas. Por todos ellos, por Mariano, por Elsa, por todos los luchadores criminalizados o perseguidos, decimos:
1. Perpetua a Pedraza y a toda la patota que asesinó a Mariano Ferreyra e hirió a Elsa y a los otros compañeros.
2. Castigo a los policías, responsables políticos y empresariales cómplices del crimen. Que los policías sean condenados por lo que les cabe, partícipes necesarios de un homicidio.
3. Fuera los agentes de Pedraza y los privatizadores del Ferrocarril. Fuera sus patotas y los empresarios. Por renacionalización del ferrocarril, bajo gestión de los trabajadores.
4. Abajo las sanciones de Ugofe contra Jorge Hospital y Flavio Bustillo. Fuera los socios de Pedraza de la Unión Ferroviaria.
5. Basta de persecución y asesinato de luchadores. Juicio y castigo a los responsables de los crímenes contra todos los militantes populares asesinados desde entonces, los compañeros Qom, los del Parque Indoamericano, los de Jujuy, los campesinos de Santiago del Estero. Basta de amparo oficial a las patotas sindicales.
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