PROCESAN A SCHIAVI, LUNA Y LOS CIRIGLIANO POR LA MASACRE DE ONCE
El pasado viernes 19, el juez federal Claudio Bonadío dictó el procesamiento de los dos primeros secretarios de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, al ex subsecretario de Transporte Ferroviario y hombre del gremio La Fraternidad, Antonio Luna, y al ex interventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Pedro Ochoa Romero, por “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público” por no haber controlado a TBA. También fueron procesados -con prisión preventiva- los hermanos Claudio y Mario Cirigliano, dueños de la concesionaria, a quienes los acusa de manejar una asociación ilícita destinada a utilizar en su provecho los subsidios estatales. En su fallo, el juez la llamó una “trilogía siniestra de empresarios, funcionarios y sindicalistas”.
Sin embargo, Bonadío limitó la tipificación de asociación ilícita a los Cirigliano, a quienes se los considera jefes, a Marcelo Calderón –quien presidió TBA y es director de Cometrans, la firma controlante–, al último presidente de la compañía Carlo Michele Ferrari, al abogado Carlos Alberto Lluch y a los gerentes Sergio Tempone y Jorge Alvarez, en carácter de organizadores.
El modo de hacer negocios de los Cirigliano fue, para el juez, “una cadena de la felicidad” destinada a aumentar sus ganancias, donde “claramente se privilegió la maximización del rédito económico para enriquecerse y enriquecer las empresas asociadas con total desprecio por la seguridad de los usuarios”.
Luna, Fernández, Schiavi, De Vido y Maturano |
Bonadío señaló que el Gobierno pudo haberle sacado la concesión a TBA –como se hizo en mayo pasado– mucho antes del choque del tren de Once. Es que en 2007, cuando el kirchnerismo le quitó la explotación de las líneas San Martín, Roca y Belgrano Sur al empresario Sergio Taselli, TBA estaba en condiciones similares o peores. No mencionó que esta “trilogía” siniestra fue desnudada por la reacción popular que generó el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra, en cuyo juicio oral se desnuda día a día la complicidad de los funcionarios y pedracistas con Cirigliano y sus socios Romero y Roggio, a quienes el gobierno otorgó el manejo del Sarmiento y el Mitre tras la tragedia.
A pesar de la gravedad de la imputación y del daño, por el cual Bonadío los embargó en 600 millones de pesos, los empresarios del Grupo Cirigliano no serán detenidos porque gozan del beneficio de la excarcelación que les otorgó la Sala II de la Cámara Federal.
Basta de impunidad. Exigimos la revocación de ese beneficio y la cárcel ya para todos los responsables.
Jorge Hospital
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