El jueves 11, declararon el gerente de contrataciones de Ugofe, una directiva nacional de la Unión Ferroviaria, una contadora de la UF, un tercerizado, Jorge Hospital (dirigente de la agrupación Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra) y dos compañeros que participaron de la movilización y fueron víctimas de la agresión. Las denuncias de los compañeros fueron contundentes, pero los traspiés de los dos “dirigentes” sindicales y empresarios, fueron francamente memorables.
Con esta audiencia, el juicio ingresó definitivamente en el denso terreno de los negocios ferroviarios que asocian a empresarios, burócratas sindicales y funcionarios. Los testimonios de hoy ofrecen razones de sobra para desmontar esa trama corrupta, erigida en el ferrocarril a partir de los subsidios estatales.
Antes de comenzar la audiencia, el tribunal informó que rechazaba la pericia psicológica solicitada por el defensor Alejandro Freeland sobre el testigo Alfonso Severo. Los jueces anunciaron que Severo será convocado a declarar la semana que viene, y que luego de su testimonio, Freeland quedaba autorizado a insistir en su solicitud. A continuación, nuestra abogada, Claudia Ferrero, puso en conocimiento del tribunal las amenazas anónimas que recibió Edgardo Mari, militante del Partido Obrero, que declaró días atrás. La abogada acercó a través de los secretarios las actas de la denuncia radicada por Edgardo en la comisaria de Florencio Varela.
Los testigos amenazados suman una docena. Ningún caso fue esclarecido hasta ahora.
UN NEGOCIO REDONDO
Gustavo Zeni Jaunsarás fue gerente de contratos privados de Ugofe y declaró al final de la audiencia. Conviene empezar por él, porque su testimonio ilustra buena parte de lo que se está ventilando en este juicio. Jaunsarás se ocupaba de la contratación de las tercerizadas. Cuantas más precisiones daba, más evidenciaba el fraude de las ´tercerizaciones´.
¿Cómo era el mecanismo de contrato de las tercerizadas? Se ´seleccionaban´ a dedo empresas ´idóneas´ para participar de una ´licitación´. Esa licitación operaba de la siguiente manera: la empresa que ofrecía el precio de jornal más bajo (esto es, salario, herramental y utilidad de la empresa), ganaba. Como “por la extensión del ferrocarril, la directiva era no depender de una sola empresa”, también se le hacía un espacio al resto que había participado, planteándoles que igualaran la oferta ganadora. ¿Conclusión? Todas las empresas que se presentaban a la licitación –que eran escogidas a dedo, ´privadamente´, por el testigo-, ingresaban finalmente al negocio. Muchas de esas empresas pertenecían, en realidad, a los grupos que componen Ugofe. La tarifa de mercado que se tomaba como referencia era el de “la plaza ferroviaria”, esto es: ¡el que había fijado la misma Ugofe en el ramal San Martín! El Estado cubría todos los gastos, Ugofe no ponía un centavo.
Por otra parte, Ugofe embolsa –a título de ´utilidades´- el 6% del monto fijo mensual que aporta el Estado para la operatoria del ferrocarril –estamos hablando de decenas de millones de pesos por mes. Esto, además de los ingresos que obtiene por boletería.
La cúpula de la Unión Ferroviaria participaba del negocio a través de la ´cooperativa´ Unión del Mercosur y de la selección de empresas ´idóneas´ junto a Antonio Luna y los gerentes de Ugofe. La codicia llevó a Pedraza y su entorno a perpetrar una agresión criminal contra un grupo de tercerizados que, con sus reclamo de percibir el salario que establece el convenio ferroviario por las tareas que realizaban, amenazaban con desnudar este fraude monumental que hasta hoy sigue vigente.
LUCHADORES FERROVIARIOS
Hugo Recalde, ex tercerizado de Aumont, al momento de participar de la movilización del 20 de octubre de 2010, se encontraba despedido y reclamaba por su propia reincorporación. Recalde participó de la movilización y sufrió la primera agresión, cuando algunos compañeros intentaron alcanzar las vías luego de atravesar el puente Bosch. “Desde arriba del terraplén nos tiraban piedras, y abajo, la policía nos disparaba balas de goma. Éramos atacados por los dos frentes”, declaró. Antes de comenzar la marcha, en la estación Avellaneda, vio a Pablo Díaz, de la comisión de reclamos del Roca, dirigiendo la patota y hablando con los policías. Se retiró inmediatamente después de la asamblea que dio por concluida la jornada de lucha. No presenció el ataque fatal.
“Fui tercerizado durante 5 años”, explicó. “Cuando ingresé, el básico era de 1.020 pesos. Con los descuentos, me quedaban 900 pesos en la mano. Los ferroviarios de planta, en cambio, ya cobraban 3.000 pesos. Pasé a planta después del asesinato de Mariano. Hago las mismas tareas que antes pero cobro el triple”. Recalde fue despedido y reincorporado dos veces en cinco años. Participó de las asambleas de los tercerizados durante casi dos años, organizándose por el pase a planta.
Inmediatamente después, ingresó Jorge Hospital a la sala. Hospital, guardatrén de la dotación general del Roca, constructor de la agrupación clasista Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra, encabeza la Lista Gris para las próximas elecciones seccionales. Impuso respeto en el tribunal. Testificó con firmeza delante de Pedraza, Fernández y casi todo el resto de los imputados.
“Participé del proceso de lucha de los compañeros tercerizados. Luego del corte de vías que se hizo en julio del 2010, incluso integré una comisión que presentó reclamos ante el Ministerio de Trabajo. El período de negociación duró por lo menos un mes y medio. Fueron negociaciones muy engorrosas. Los que no tenían solución eran los despedidos. Su incorporación quedó en la nada. Finalmente, en una asamblea en Lanús, se decidió ir a cortar las vías el 20 de octubre”.
“El sindicato no sólo no apoyó jamás a los tercerizados: hicieron campaña en contra, entre los trabajadores y entre los usuarios. Pusieron pasacalles y carteles en lugares donde sólo la empresa puede autorizar a que se pongan. El sindicato operaba sobre los trabajadores de planta, diciendo que si efectivizaban a los tercerizados, no iban a poder entrar sus hijos”. Las defensas intentaron interrumpir su declaración, pero fracasaron.
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| Jorge Hospital, acompañado por Gustavo Altuna, de Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra |
Sobre la patota, contó que en el mismo mes de octubre de 2010, antes del crimen de Mariano, fue atacado por seis matones mientras volanteaba los talleres de Escalada. “Los mismos que me agredieron fueron luego los reclutadores de la patota del 20 de octubre”. Dijo que Gabriel Sánchez fue denunciado por otro compañero de trabajo por hacer ostentación de armas.
Finalmente, se le exhibieron varias fotografías para identificara a las personas que conoce.eran las imágenes que tomó el fotógrafo de Clarín sobre las vías, inmediatamente después del crimen de Mariano. Hospital señaló a Pablo Díaz, Francisco Pipitó, Gabriel Sánchez, entre los imputados, y a otros delegados, como Suárez, Piola, Carnovale, Arias, Miño y a Casas, “que ahora es supervisor”.
La última foto que le exhibieron dio lugar a un remate demoledor: ahí, en las vías, junto a Pablo Díaz y su guardia pretoriana, caminando entre los criminales, Hospital señaló a Héctor Hourcade, jefe de la división Transporte de Ugofe. La empresa no fue ajena al plan criminal sino todo lo contrario. Buena parte de su gerencia debería estar hoy compartiendo el banquillo de los acusados con Pedraza, su patota y los policías.
UNA MUJER EN PROBLEMAS
Karina Benemérito, boletera hasta 2007 -último año en el que realizó un trabajo efectivo como empleada ferroviaria-, miembro del consejo directivo de la Unión Ferroviaria, secretaria de Relaciones Internacionales del sindicato y estrecha colaboradora de Juan Carlos Fernández, ingresó a la sala con mirada altiva. El 20 de octubre de 2010, permaneció en la sede sindical de la avenida Independencia, donde se desarrollaba el congreso organizado por la revista Latin Rieles. El panel central de aquel evento contó con la participación de Pedraza, Fernández y el entonces secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi. Su testimonio no arrancó bien, y por un pelo no terminó detenida.
El asunto empezó a ponerse raro desde el principio, cuando afirmó que en la sede del sindicato estuvo acompañada, entre otros, por el delegado Carnovale, a quién Jorge Hospital había identificado, minutos antes, caminando sobre las vías en Avellaneda. Luego fue empeorando.
La testigo dijo que estuvo atendiendo el teléfono de Fernández, mientras éste disertaba. “Creía recordar”, dijo Benmérito, que se comunicó “un par de veces” con Pablo Díaz y también con Daniel González, el del cuello ortopédico, que estaba preocupado por el vencimiento de su factura de teléfono… quizás habló con alguien más, tal vez alguna comunicación con el delegado Mario Giusti…
Entonces la fiscal le apuntó que –de acuerdo a los registros- desde ese teléfono, se comunicaron 64 veces con Pablo Díaz, 26 con Gustavo Alcorcel y 12 con Mario Giusti. Algo no andaba bien. La declarante empezó a relativizar horarios, situaciones, compañías…
El interrogatorio de Freeland le trajo alivio momentáneo. Habían ensayado minuciosamente un guión. Citaron artículos del estatuto y Freeland sonreía satisfecho. Le mostró las actas que mencionamos más arriba, en las que Benemérito había estampado su firma, pidiendo el pase a planta de los tercerizados… hasta que el abogado del Cels, Maxi Medina, información en mano, la interrogó: “¿me puede decir en qué parte del acta dice que piden el pase a planta permanente de los tercerizados?” En ninguna. Una farsa.
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| Fernández, Pedraza, Díaz y Karina Benemérito |
Finalmente, Claudia Ferrero puso de manifiesto que Benemérito había mentido desde el principio: preguntada por las generales de la ley, había negado tener “interés particular” en la resolución del juicio; interrogada por nuestra abogada, reconoció su participación en la solicitada publicada en la víspera del inicio del juicio, en la que se exigía “incondicionalmente” la libertad de nueve de los imputados detenidos. Los testigos están obligados bajo juramente a decir la verdad… “Incondicionalmente”: la palabrita –cargada de advertencia- se terminó convirtiendo en un salvavidas de plomo para la UF.
Lo de Benemérito no pudo haber salido peor para los acusados. La fiscal dejó entrever que pedirá su procesamiento por falso testimonio; incluso sugirió que quedara incomunicada hasta que declare su ´compañera´ de la UF, Patricia Carabajal.
A Benemérito la llevaron como parte de una coartada y terminó cerca del banquillo de los acusados.
ULTIMOS RELATOS
A la tarde declararon Lucía –compañera y amiga de Mariano- y José Tejeda, militante de Convergencia Socialista y del Sitraic. Una vez más, relataron cómo fue la agresión.
Lucía nos hizo estremecer a todos. Fue un testimonio llano, contundente, de la caída de Elsa, de los últimos momentos de Mariano, de la agresión de la patota, de la complicidad de la policía, del intento por contener a la patota.
José habló con fuerza. Es un ex ferroviario, un militante viejo. En el momento de la agresión final vio a tres tiradores. Sostuvo a Mariano herido cuando venía al suelo, y lo retiró hasta la pared de la esquina, esa en la que hoy está el mural. Creyó, como ya dijeron otros, que sufría un ataque de epilepsia. Fue uno de los tantos que llamaron al 911 y no obtuvieron respuesta. Hasta se puteó con la operadora, contó.
La última testigo fue María Cerisola, empleada de contaduría de la Unión Ferroviaria desde 1977. Brindó algunos datos duros. Por ejemplo, que las firmas autorizadas para los movimientos de fondos eran las de Pedraza, Fernández y Armando Matarazzo, secretario de finanzas de la UF y directivo de la ´cooperativa´ Unión del Mercosur. También, que todos los fondos pasan por una cuenta del banco Galicia. De ese banco, justamente, el contador general de la UF, Ángel Stafforini, retiró los fondos destinados a comprar las voluntades de los camaristas de la sala III, de los tribunales de Casación.
Fue una jornada agotadora, pero fructífera.
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