El fiscal afirma (Página/12, 22/02) que el personal policial propició el ataque de los matones, al correr los patrulleros y despejarles el camino hacia los manifestantes cuando éstos se retiraban del lugar. Luego permitió que los agresores huyeran y ocultaran las armas, omitió notificar a la Justicia, no preservó las pruebas, utilizó teléfonos que impiden registrar el contenido de sus conversaciones e interrumpió su propia filmación de los sucesos en el momento en que se efectuaron los disparos.
El fiscal Fiszer solicitó la indagatoria del jefe del Departamento de Control de Líneas de la Policía Federal, comisario inspector Luis Osvaldo Mansilla, y del jefe de la División Roca, comisario Jorge Raúl Ferreyra. Además de tres agentes: Gastón Conti, principal de la Dirección General de Operaciones; Rolando César Garay, subcomisario de la seccional 30ª, y David Ismael Villalba, agente de la División Exteriores de Video de la Federal. Los delitos que se les podrían atribuir van desde incumplimiento de sus deberes hasta el encubrimiento del homicidio de Mariano y la tentativa de asesinato de otras tres personas.
La jueza Wilma López tiene a despacho el expediente para decidir sobre el requerimiento fiscal.
Entre la no preservación de la prueba, ignoramos si se ha incluido el ocultamiento de más de 20 minutos de grabaciones de las modulaciones policiales al Poder Judicial y la entrega editada de las grabaciones, lo que forzó a la juez a ordenar el allanamiento del Comando Central de la Policía Federal.
Permitir el ataque y el encubrimiento del accionar de la patota requirió la coordinación de varios Departamentos y Divisiones de un Operativo de la Policía Federal (con varias divisiones actuando), una comisaría y múltiples agentes (incluso 14 de civil), sólo posible con una orden política o de alta jerarquía.
A más de cuatro meses, no se ha sancionado y ni siquiera pasado a disponibilidad e iniciado un sumario a los jefes del operativo del 20 de octubre, ni a quienes ocultaron y editaron las grabaciones que no fueron entregadas a la Justicia.
Ni el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos (del cual dependía la policía en el momento de los hechos) ni el actual Ministerio de Seguridad (en cuya órbita se encuentra actualmente la policía) y cuenta en sus filas a la ex fiscal Camaño, han considerado el pase a disponibilidad de los policías involucrados.
Después del encarcelamiento de Pedraza, la complicidad del poder político con el crimen aún sigue en pie.
Claudia Ferrero
Asociación de Profesionales En Lucha (Apel)
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