Los negocios ferroviarios, de la mano de los sindicatos

(Publicado por diario La Nación, 26/11/10)

Facturan contratos de servicios y obras

Hay militancia, hay gremialismo y hay pertenencia al peronismo; pero también, hay negocios.

La Unión Ferroviaria, el sindicato que maneja José Pedraza, es, junto a La Fraternidad, el gremio fuerte del mundo de los trenes argentinos. Hay millones, prebendas, empleo público para amigos, beneficios y hasta la posibilidad de contratos millonarios. Todo esto se esconde detrás de las peleas gremiales, sobre todo desde 2003, cuando el kirchnerismo les devolvió protagonismo a los ferroviarios.

Schiavi y Luna

El vértice del poder sindical empieza un escalón por debajo del secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi. El subsecretario del área, Antonio Luna, es un hombre de La Fraternidad. El funcionario fue maquinista de la línea Roca y ahora es uno de los titiriteros de la política ferroviaria argentina.
La Unión Ferroviaria no ocupa el sillón principal del sector, pero maneja a su antojo varias líneas, entre ellas el ramal Roca, el más grande junto con el ramal Sarmiento. Todo lo que allí sucede lo autoriza Juan Carlos Fernández, apodado el "Gallego", virtual número dos de la organización que está detrás de Pedraza. Tanto los ingresos como los despidos, todo es rubricado por el sindicalista.
En el ramal, el gremio tiene alrededor de 3500 empleados, contra 700 de La Fraternidad y 300 de señaleros. Todos los sueldos los paga el Estado con partidas presupuestarias que se dirigen a Belgrano Sociedad Anónima, una sociedad que vivía con respirador artificial hasta que todos los empleados que antes estaban en manos del concesionario Trenes Metropolitanos pasaron a la nómina estatal.
En octubre, se necesitaron $ 41 millones para pagar la nómina de los trabajadores afiliados al sindicato que manejan Pedraza y Fernández; para los sueldos de La Fraternidad hicieron falta casi $ 10 millones y para los señaleros, $ 4 millones.
Los atractivos del Roca
El ramal tiene dos tipos de contratos atractivos. Por un lado, los que se realizan para poner en estado un ramal que en épocas del concesionario había desmejorado mucho. Por el otro, los que tienen que ver con la mantención de la traza. Actualmente, hay 117 contratos, tanto de obras en general como de mantenimiento de estaciones o desmalezamiento y limpieza de la traza.
El monto de este centenar de contratos asciende a 210 millones de pesos. Además, hay siete que tienen que ver con el material rodante y que suman 43 millones de pesos; nueve más para realizar obras eléctricas (10,6 millones de pesos) y otros 10 más para mejorar los sistemas de señales y comunicaciones (123 millones de pesos). Desde que el Estado se hizo cargo del ramal, en julio de 2007, se contrataron obras por 1219 millones de pesos, según datos de la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe), la empresa que opera el ramal.
La Cooperativa de Trabajo Unión Mercosur es una de las organizaciones que en los alrededores de Constitución todos sindican como cercana a la Unión Ferroviaria. Tiene al menos dos contratos vigentes para prestar servicios en la línea Roca. Uno de ellos tiene por objeto la limpieza del depósito de material rodante, con una vigencia de julio a diciembre. La Ugofe paga por ese servicio 2,36 millones de pesos, a razón de 394.000 pesos por mes.
El otro contrato es por reparación de vías, tramos Ezeiza, Bosques, Villa Elisa, La Plata, y también tiene un plazo de ejecución semestral. El monto llega a 7,57 millones de pesos, lo que significa un pago mensual de 1,25 millones.
Otro lugar donde la Unión Ferroviaria tiene el principal sillón de mando es el Belgrano Cargas. La presidenta ejecutiva del ramal que atraviesa 13 provincias y que está manejado por un consorcio de emergencia, es Graciela Isabel Coria, contadora que es esposa de José Pedraza.
En la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y la Operadora Ferroviaria (SOF), dos empresas estatales que manejan obras y licitaciones del sector, también hay representaron del gremio. La SOF, por caso, tiene como presidente a Juan Araya, un hombre que responde al gremialista al que la Justicia llamó a declarar.

Diego Cabot

El pase a planta de 1.500 tercerizados

Comunicado de Causa Ferroviaria
El martes 23 se dio formal inicio a la Mesa de Trabajo que deberá concretar el pase de todos los tercerizados del Ferrocarril ex Roca quienes pasarán a el Ferrocarril Belgrano SA bajo convenio ferroviario, terminando así con la tercerización del Ferrocarril Roca.
La mesa, que se conformó con funcionarios de la Secretaría de Transporte, el jefe de Gabinete de Trabajo, Dr. Norberto Ciaravino, y por la parte obrera Omar Merino, Oscar Gómez, Guillermo González, Miguel Morales, Carlos Barletto, César Suárez, Pedro Albornoz -de las empresas Ecocred, Mapra, Ugofe, Sorristas, Sogecic (Ferrocarril San Martín)- con el patrocinio legal del Dr. Gustavo Mendieta.
El cronograma fijado prevé que culminará el pase a planta permanente de todos los trabajadores el 20 de diciembre de acuerdo con los siguientes pasos:
1) Listado definitivo de personal; 2) conformación de la mesa de trabajo "por actividad"; 3) convocatoria para la realización de entrevistas y toma de datos a los trabajadores; 4) realización de exámenes preocupacionales y 5) conformación de legajos de ingresos. Los puntos 1 y 2 se concretarán entre los días 23 al 30 de noviembre y los puntos 3 a 5 entre los días 1º y 20 de diciembre.

La Agrupación Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra anunció este avance conquistado a partir del piquete del 20 de octubre, mediante una delegación de 35 compañeros que subieron al escenario del festival por el Juicio y Castigo a todos los responsables del asesinato de Mariano Ferreyra. Omar Merino, dirigente de la agrupación y partícipe del piquete del 20 de octubre, agradeció a los artistas y dijo allí que Mariano había sido el organizador de esta victoria extraordinaria de la clase obrera, ante más de 70 mil personas que a esa hora (22 horas) se agolpaban en la Plaza de Mayo. Merino saludó también a los familiares de Mariano y Elsa presentes.
La agrupación Causa Ferroviaria incrementará el proceso de organización en las empresas tercerizadas para que ningún despedido quede afuera, para que el sector socorristas sea también incluido y que nadie quede afuera por un examen preocupacional. Al mismo tiempo, anunció un control obrero de cada etapa por parte de la comisión y la asamblea permanente de tercerizados.

Pedraza, de combativo a sindicalista empresario. El final de una carrera

Hijo de un trabajador ferroviario, José Pedraza recorrió todos los escalones del ascenso gremial. En el trayecto avaló la entrega de bienes y derechos.
Paradigma del sindicalismo empresario, José Pedraza fue el principal cómplice del desmantelamiento de la red ferroviaria durante la década menemista y del achicamiento a su mínima expresión del que fuera el gremio más numeroso del país. Medio siglo después de pisar la cárcel durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, entonces como dirigente combativo, el titular de la Unión Ferroviaria, ahora gordo y millonario, vuelve a estar en la mira de la Justicia. Esta vez en la causa que investiga el asesinato de Mariano Ferreyra.

Hijo de un ferroviario, Pedraza nació en Deán Funes en 1944 y con 16 años ingresó como obrero al Ferrocarril Belgrano. Comenzó su militancia desde abajo, como delegado de los ferroportuarios. Se vinculó con sectores de izquierda, pero se integró al peronismo. En 1968 se sumó a la resistencia contra Onganía. Cuando el dictador desconoció el congreso normalizador de la CGT con el argumento de que habían participado gremios sin cuota al día, en un contexto de intervención estatal y alto número de despidos, surgieron la CGT Azopardo, liderada en las sombras por Augusto Vandor, y la CGT de los Argentinos, con Raimundo Ongaro y Agustín Tosco. Pedraza formó parte de la CGTA rebelde, donde se encargó de organizar las manifestaciones callejeras. Conoció por aquella época a Rodolfo Walsh, que desde el Semanario de la CGT radiografió la situación de la clase obrera y la conversión de los gremios en aparatos, volcados de lleno contra los intereses de los trabajadores. A fines de la década del ’70 formó parte del Grupo de los 25 y se enfrentó a la ortodoxia peronista.
Tras el ascenso de Alfonsín se consolidó en el sindicato ferroviario, se acercó a Saúl Ubaldini, y en 1985 se convirtió en secretario general de la Unión Ferroviaria. Tres años después tomó distancia de Antonio Cafiero, su antiguo aliado, y respaldó a Menem en la interna peronista. Cuando el riojano asumió como presidente, sus hombres de confianza fueron designados en cargos estratégicos de las empresas ferroviarias, que fueron saqueadas como paso previo a la privatización. De relación fluida con Roberto Dromi, ideólogo de las privatizaciones, Pedraza creó una mutual fantasma de viviendas que le sirvió para lucrar con espacios y locales en decenas de estaciones. En los primeros meses de 1989, cuando decidió apoyar el plan racionalizador y privatizador del Banco Mundial que el entonces presidente resumió con la consigna “Ramal que para, ramal que cierra”, se mudó a una casa de un millón y medio de dólares en Villa Devoto. “Sin su colaboración no hubiéramos logrado muchas de las cosas que logramos”, elogió a Domingo Cavallo. Durante la gestión del ministro de Economía recibió los 11 mil kilómetros del Belgrano Cargas.
Al margen de su gestión empresaria, contó como dirigente con el visto bueno de la mayoría automática menemista en la Corte Suprema de Justicia para controlar el gremio con mandato vencido desde 1991 y sin elecciones. Mediante un ardid estatutario logró excluir a la opositora Lista Celeste. Comunicó las condiciones de la elección en la página de finanzas de La Nación, que ningún obrero lee. En 1996 su jefe de custodios citó a uno de los líderes de la Celeste y le advirtió que eligiera entre aceptar plata y guardar silencio o enfrentar a “los pesados”. Luego los propios pesados, ex carapintadas que trabajaban en la SIDE, le reiteraron el mensaje en persona y le dejaron un pan de trotyl en la casa que ocupaba. Un allanamiento en la Unión Ferroviaria dio con los mismos panes de trotyl, mechas y detonadores que se habían usado para el fallido atentado.

Cuando el senador Eduardo Duhalde ocupó transitoriamente la presidencia, Pedraza negoció un nuevo convenio que redujo los derechos de los trabajadores que habían sobrevivido a las privatizaciones. En 2003 concedió a las empresas América Latina Logística Central SA y América Latina Logística Mesopotámica SA todos sus pedidos: ampliación del período de prueba a seis meses, asignación de vacaciones cuando al empleador le plazca y aceptación del transporte ferroviario como un servicio público esencial, que en caso de huelga debe acatar la intimación del Ministerio de Trabajo a mantenerlo en funcionamiento, criterio que no admiten los gremios del transporte ni la Organización Internacional del Trabajo.
En 2006 fue procesado por administración fraudulenta del fondo de sepelio de los obreros ferroviarios y embargado por 50 millones de pesos. Como las privatizaciones redujeron el número de afiliados, incrementó el valor de las cuotas y extendió los descuentos compulsivos a las viudas de los ferroviarios. La fiscal Graciela Gils Carbó dictaminó que el contrato entre la Unión Ferroviaria y la mutual de Pedraza era “una fachada para cubrir el fabuloso desvío de fondos sindicales en provecho propio de los enjuiciados”. La recusación de un juez derivó en trámite de competencias infinito, hasta que la Cámara Nacional de Casación Penal dispuso la prescripción.

Un asiento en el vagón de los acusados

(Publicado en diario Pag/12, 26/11/10)

La fiscal Cristina Caamaño solicitó que José Pedraza sea convocado como sospechoso junto con su segundo, Juan Carlos “Gallego” Fernández, quien el 20 de octubre monitoreó el accionar de la patota a la distancia. Se basó en testimonios y cruces de llamados.

La fiscal Cristina Caamaño pidió la declaración como sospechoso del titular de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, por el asesinato del militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra. La funcionaria le solicitó a la jueza Wilma López la citación indagatoria del líder sindical con la convicción de que la patota que atacó a los trabajadores tercerizados de la ex línea Roca y las agrupaciones políticas que los acompañaban estuvo convocada y organizada desde la cúpula del gremio; pero, además, la fiscalía se basó en las comunicaciones que Pedraza mantuvo ese día, incluso durante la emboscada, y en especial con su segundo, Juan Carlos “Gallego” Fernández, quien monitoreaba todo a la distancia. La fiscalía también solicitó que Fernández sea indagado, ya que al parecer estaba en contacto permanente con el delegado Pablo Díaz –su mano derecha, detenido y procesado por el crimen–, que se encontraba en Barracas dando directivas a los matones.

Al procesar a los siete detenidos, la jueza López fue terminante en un concepto: tanto ellos como el resto del grupo de choque participaron de la embestida “convocados por la Unión Ferroviaria, lo que se habría decidido con anterioridad, consintiendo y aceptando la finalidad y los medios empleados”. Aquella “finalidad”, como surge de los mismos fundamentos del fallo, era impedir el corte de vías del ferrocarril que pensaban llevar a cabo los ferroviarios tercerizados y las organizaciones políticas y sociales que los apoyaban en el reclamo de reincorporaciones y pase a planta. Los “medios” utilizados fueron “la violencia física”, “efectos contundentes” y por lo menos tres armas de fuego, dos calibre 38 y una calibre 32, según se estableció hasta el momento en el expediente.
El 20 de octubre, después de que se conoció el asesinato de Mariano y la existencia de tres heridos de bala, Pedraza admitió públicamente que los atacantes pertenecían a su gremio, pero hizo lo posible por justificarlos. “Ante el intento de cortar las vías del Ferrocarril Roca, los trabajadores ferroviarios defendieron sus fuentes de trabajo”, alegó. A su vez, negó “toda responsabilidad en los disparos de armas de fuego que, lamentablemente, derivaron en la pérdida de vidas”. Es una obviedad que el dirigente gremial no estaba ahí, en medio de la gresca, mientras volaban balazos en dirección a los tercerizados y los grupos políticos de izquierda. Sin embargo, él mismo al testificar en la causa reconoció que siguió todo lo que ocurría por teléfono. “(El Gallego) Fernández me fue informando lo que pasaba”, relató. También dijo que podía “dar el nombre de Pablo Díaz, que coordina los delegados de la línea Roca”.
En efecto, los investigadores comprobaron que Pedraza tuvo varias comunicaciones con Fernández ese día, incluso en los momentos más álgidos del ataque a los manifestantes (entre quienes había, además de tercerizados, militantes del Partido Obrero, del Movimiento Teresa Rodríguez, Convergencia de Izquierda, entre otros). Así lo confirmaron a Página/12 fuentes con acceso al expediente. Esos llamados fundan, en parte, el pedido de indagatoria formulado por Caamaño hace ya varios días, aunque se conoció ahora que ya no hay secreto de sumario. Habría, también, registro de al menos un contacto directo de líder ferroviario con el delegado Díaz, secretario de la Comisión de Reclamos de la UF, quien al ser procesado fue descripto por la jueza como responsable del reclutamiento y armado de la patota.
En rigor, todo apunta a que Díaz estaba en comunicación constante con Fernández. Lo admitió, de hecho, al ser indagado. También lo dijo Pedraza, y lo señala la resolución de anteayer de la magistrada, que destaca una escena narrada por uno de los testigos, que alude al momento inmediatamente posterior a los disparos: “A Pablo Díaz le sonó el handy anunciando que lo había llamado (Juan Carlos) el Gallego Fernández, quien le habría dicho que se vayan”. En ese momento, según la imputación del juzgado, el barrabrava de Defensa y Justicia Cristian Favale, el ex barra de Racing y guardatren Gabriel “Payaso” Sánchez y el picaboletos Guillermo Uño le entregaron las armas “con miras a su ocultamiento” a Juan Carlos Pérez, portero de los talleres ferroviarios de Remedios de Escalada. “Negro, Negro, le dimos”, le habría dicho Uño a Pérez, quien le respondió, según testigos: “Vayan y háblenlo con Pablo”. Díaz, del mismo modo que ordenó la retirada, habría sido quien habilitó el uso de las armas. “Sacá los fierros”, le escucharon dirigirse a Favale.

Como se informó en la edición de ayer, la jueza López procesó a Favale, Sánchez, Uño, Pérez, Díaz, Jorge González y Salvador Pipito por homicidio calificado en relación con el asesinato de Mariano, homicidio calificado en grado de tentativa por los balazos que hirieron a Elsa González, Nelson Aguirre y Ariel Pintos, y coacción agravada, por haber amenazado al equipo del canal de televisión CN5 para evitar que filmaran, justo cuando se estaban por producir los disparos. Ahora, tendrá que decidir si indaga a Pedraza y Fernández, aunque no tiene plazos para esto.
Hay un detalle en la argumentación que la jueza desplegó que permite inferir que es posible que ni Pedraza ni Fernández tengan un horizonte judicial sencillo. López acusó a los siete detenidos como “coautores” del crimen y las tentativas de homicidio. Sostuvo que actuaron mediante un “acuerdo común”, “incluso con bastante antelación al desenlace fatal”, “sabían y querían” obtener el “resultado” logrado y “emplearon los medios adecuados para ello” (en alusión a las armas). Lo que caracteriza a los “coautores”, enfatizó con citas jurídicas, es su aporte “indispensable” para que todo ocurriera como ocurrió. Ni siquiera es necesario, continuó, para ser considerado coautor, hallarse “presente en el lugar del hecho, basta con una función como ‘central de comandos’...”. Es más, al procesar a los siete detenidos, dijo que también son responsables por haber tenido la posibilidad de evitar el desenlace y no hacerlo. En varios tramos del procesamiento enfatizó que todavía hay mucho por investigar y podrían sumarse imputados.
En el ámbito ferroviario se habla de una “interna” entre Fernández, a quien ubican alineado con el líder de la CGT, Hugo Moyano, y Pedraza, a quien ubican más cerca del duhaldismo. A Fernández lo asocian incluso testigos de la causa con el armado de grupos violentos y lo describen como quien digita los ingresos a la Unión de Gestión Operativa de Emergencia (Ugofe), que explota ramales como la ex línea Roca. De hecho, en la investigación judicial está la constancia de que recomendó a Favale para su ingreso, que no llegó a producirse. La Ugofe –eje del conflicto con los tercerizados– está siendo exhaustivamente investigada (ver aparte). Favale es el único de los detenidos hasta el momento que no es ferroviario. Los demás pertenecen a las filas de la UF. Favale, según el fallo de anteayer, habría llevado su propia gente desde Florencio Varela a romper el corte de vías de los tercerizados y quería hacer “buena letra” para conseguir trabajo. En el expediente se ha dado por acreditado que varios delegados, la mayoría de Remedios de Escalada, fueron quienes se ocuparon de armar la patota. Algunos aún están siendo investigados y podrían convertirse en imputados. La Justicia intenta verificar si, como se presume, a los trabajadores se les dio el día franco para que participaran del ataque. Pedraza confesó ante la Justicia que estaba al tanto de lo que podía suceder cuando quiso echarle la culpa al secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, a quien dijo que le avisó, pero no tomó las medidas adecuadas. La propia UF había iniciado una campaña con volantes, contra los tercerizados y agrupaciones de izquierda, donde advertían: “Los trabajadores ferroviarios no cortamos las vías”.
Los teléfonos de la Ugofe
La jueza Wilma López investiga el papel de la Unidad de Gestión Operativa de Ferrocarriles (Ugofe) en el ataque a los trabajadores tercerizados y agrupaciones políticas donde fue asesinado Mariano Ferreyra. La Ugofe es precisamente una de las empresas que “opera por cuenta y orden del Estado” las líneas San Martín, Roca y Belgrano Sur. Los trabajadores tercerizados venían manteniendo el conflicto (en reclamo de la reincorporación y pase a planta permanente) con Ugofe y Ferrobaires. Las tercerizadas trabajaban para ellas y son un mecanismo para pagar bajos sueldos y mantener al personal con contrato, sin estabilidad laboral. En la resolución que dispuso anteayer los procesamientos de los siete detenidos por el asesinato del joven militante del Partido Obrero, la magistrada advirtió que de un entrecruzamiento telefónico surgió que, después del asesinato, Cristian Favale se comunicó 17 veces con un Nextel que está a nombre del presidente del directorio de la Ugofe, Joaquín Acuña. Pero no fue el único: Juan Carlos Pérez se contactó ese día con tres equipos también a nombre de esa empresa. En la Ugofe argumentan que adquirieron 200 aparatos y que se los dieron a la policía para que controlara las vías. Sin embargo, aún no se sabe quiénes serían los supuestos policías que habrían usado los números en danza.
La lupa sobre la Federal
Al allanar anteayer el Departamento Central de la Policía Federal, la jueza Wilma López y la fiscal Cristina Caamaño pudieron comprobar que, pese a que habían pedido copia de las modulaciones registradas por el Comando Radioeléctrico durante todo el 20 de octubre, la Dirección de “Operaciones” de la fuerza había ordenado a la Superintendencia de Comunicaciones que les entregara únicamente hasta las 14 horas. Es decir que faltaba una hora fundamental, la posterior al asesinato de Mariano Ferreyra, para poder analizar en forma acabada el papel de la policía en los hechos. La jueza dispuso días atrás abrir un expediente aparte, para determinar si los agentes actuaron con negligencia y/o dejaron la zona liberada. El “faltante” en las grabaciones que habían sido solicitadas añadieron un elemento de sospecha. El material está siendo peritado por el especialista Ariel Garbarz, quien también tiene a cargo el análisis de todas las comunicaciones del caso. Como publicó Página/12 el domingo último, aun con los escasos 13 minutos de grabación que habían sido entregados a la Justicia surgiría una posible “negligencia” del personal policial: la orden que recibieron los patrulleros que estaban en Barracas fue permanecer “expectantes”, aun en el peor momento del ataque y cuando ya había un herido de bala. “No sea cosa que después las facciones antagónicas se unan contra nosotros”, advertía quien daba las directivas desde el comando de operaciones. Además, pese a que también indicó “individualizar a los agresores para su detención”, nadie fue detenido. Las razones de la pasividad quizás, o no, estén en la grabación recientemente incorporada.

Irina Hauser

¡Pase a planta permanente!

Se cumple la agenda impuesta por los trabajadores
El 23 de noviembre se realizó la reunión en el Ministerio de Trabajo que dio formal inicio a la mesa de trabajo, que tiene como fin concretar el pase a planta permanente de todos los tercerizados del Roca a Ugofe, terminando así con la tercerización.
La reunión tuvo citados a los representantes de la Secretaría de Transporte, a Ugofe y al Ferrocarril Belgrano. Como se había señalado en el acta presentada por los trabajadores el 24 de octubre al Ministerio, éste fijó un cronograma de trabajo para tratar el tema.
Esto se definirá en cinco pasos, iniciando 1) con el listado definitivo de personal; 2) con la conformación de la mesa de trabajo "por actividad"; 3) convocatoria para la realización de entrevistas y toma de datos a los trabajadores; 4) realización de exámenes preocupacionales y 5) conformación de legajos de ingresos.
Los puntos 1 y 2 se concretarán entre los días 23 al 30 de noviembre y los puntos 3 a 5 entre los días 1º y 20 de diciembre.
Para iniciar con la primera etapa (puntos 1 y 2) la mesa se reunirá el 24 de noviembre, a las 15 horas, para tratar el sector de vías y obras. La segunda reunión será el 25 de noviembre a las 15 horas para ver el segundo grupo, que es limpieza, desmalezamiento y baños; y el 26 de noviembre, también a las 15 horas, el grupo de seguridad.
La segunda etapa (puntos 3, 4 y 5) deberá estar culminada para el 20 de diciembre.
El acierto del acta presentada por los trabajadores en octubre jugó un rol clave para evitar la bicicleta del gobierno e impuso a éste un tratamiento serio y responsable del asunto; tanto para la conquista de las reincorporaciones como para la equiparación salarial y el pase a planta permanente final de todos los tercerizados.
La tarea pendiente de la mesa de trabajo, de la representación obrera y de todos los trabajadores involucrados es inspeccionar que los pasos se cumplan, pero, además, garantizar que nadie quede afuera de este proceso. Los preocupacionales no pueden ser obstáculo para impedir que un trabajador sea reincorporado, los compañeros socorristas también deben pasar a la planta permanente -ellos son ferroviarios. Todas las actividades están contenidas en el convenio ferroviario; por lo tanto, todos deben pasar a planta permanente sin objeción.

Gustavo Mendieta

Procesan con prisión preventiva a los siete acusados por el asesinato de Mariano Ferreyra

(Publicado por diario Clarín, 24/11/10)

Lo decidió hoy la jueza de Instrucción Wilma López y los imputó por varios delitos graves. El militante del Partido Obrero fue asesinado hace un mes en el barrio porteño de Barracas.

La jueza Susana Wilma López procesó con prisión preventiva a los siete acusados de asesinar al militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra.

La titular del Juzgado Criminal de Instrucción N° 38, dispuso este miércoles el procesamiento con prisión preventiva de siete imputados, en el marco de la investigación por el homicidio del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, ocurrido el 20 de octubre último.
Se trata de Cristian Daniel Favale, Pablo Marcelo Díaz, Juan Carlos Pérez, Jorge Daniel González, Francisco Salvador Pipitó, Guillermo Armando Uño y Gabriel Fernando Sánchez.
Todos ellos son considerados prima facie coautores penalmente responsables de los delitos de homicidio calificado en concurso real con homicidio calificado en grado de tentativa -tres hechos que concurren realmente entre sí- en concurso real con coacción agravada -tres hechos que concurren idealmente entre sí (arts. 42, 45, 54, 55, 80 inc. 6º y 149 bis segundo párrafo del C. Penal).

Sobre la política de represión del gobierno

Declaraciones de Jorge Hospital a FM La Tribu

Festival en la Plaza para exigir Justicia

(Publicado por diario Clarín, 24/11/10)

Miles de jóvenes participaron ayer del festival de música convocado en la Plaza de Mayo para exigir el “juicio y castigo” a los responsables del crimen de Mariano Ferreyra. Como el viernes, en que hubo una marcha masiva al cumplirse un mes del asesinato, la Plaza volvió a ser escenario del reclamo de justicia, esta vez con decenas de artistas en el escenario.

“Mariano Ferreyra presente, hasta la victoria siempre” fue el lema del festival organizado por el PO -al que pertenecía Ferreyra- y la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA). Desde las cinco y hasta la noche pasaron por el escenario Choque Urbano, Resina, Piola Vago, Juan Subira, Karamelo Santo, Alika & Nueva Alianza, Onda Vaga, Las Manos de Filippi y en el cierre, Damas Gratis. Uno de los platos fuertes fue Calle 13, el exitoso dúo portorriqueño de reggaeton y hip hop, ganador de varios Grammy latino.
Entre el humo de las parrillas y olor de choripanes, y la cerveza que corría generosamente, algunas banderas recordaban el motivo de la convocatoria. También las adhesiones y discursos desde el escenario entre una banda y otra. En un puesto “oficial” del PO podía comprarse por 25 pesos la remera azul, blanca o roja con el rostro del joven convertido en símbolo y la leyenda: “Mariano Ferreyra, hasta la victoria siempre”.
Los organizadores calcularon de 30 a 35 mil personas. ”Esta convocatoria muestra el alcance extraordinario de esta lucha. Y el objetivo es (José) Pedraza (titular de la UF). La cúpula de la UF preparó políticamente este crimen”, afirmó Néstor Pitrola. Llevaba tapones para los oídos, igual que varios dirigentes que pasaron horas junto al escenario, poco acostumbrados a semejantes movidas y decibeles.

Reclaman justicia por Ferreyra en un recital

(Publicado por diario La Nación, 24/11/10) 

Con un multitudinario recital en la Plaza de Mayo, artistas, actores y deportistas sumaron su apoyo al reclamo de justicia por Mariano Ferreyra, el joven militante del Partido Obrero (PO) asesinado el 20 de octubre por una patota vinculada con la Unión Ferroviaria (UF).
El reclamo apuntó contra el titular de la UF, José Pedraza, y tuvo como figura convocante a René Pérez Joglar, cantante del grupo portorriqueño Calle 13. También recibió el apoyo -a través de un video- del futbolista Carlos Tévez. "Si la investigación termina con el autor del disparo, éste será un caso de impunidad perfecta", remarcó Néstor Pitrola, del PO.
En forma paralela, el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Transporte firmaron ayer un acta para pasar a planta permanente a unos 1000 empleados tercerizados del Ferrocarril Roca, cuya situación motivó la protesta en la que murió Ferreyra. La efectivización se completará en los próximos 27 días.

Ferrovías permanece impune, pero persigue a los trabajadores

En el Belgrano Norte, Ferrovías envió telegramas de suspensión a los compañeros en represalia al paro convocado por el cuerpo de delegados el pasado 21 de octubre, en repudio al asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra por parte de la patota criminal de Pedraza, Fernández y Pablo Díaz.
Los compañeros estuvieron a la cabeza de la solidaridad ferroviaria con los luchadores del Roca.

Uno de los telegramas enviados
por Ferroviías

Frente a la reacción de los trabajadores y su cuerpo de delegados, la empresa se habría comprometido a dejar sin efecto las sanciones, aunque no ha enviado aún la notificación fehaciente de que levanta las suspensiones.
Ferrovías pertenece al grupo Romero, integra el consorcio Ugofe y es dueña de Herso, una de las tercerizadas que explota ferroviarios bajo el convenio de la Uocra y le da paso a las patotas armadas de la seccional Lomas de Zamora de ese gremio para que amedrenten a los trabajadores y los disuada de organizarse.
El directorio de Ugofe debería ser indagado por la Justicia por liberar del servicio a una parte del grupo de choque reclutado para integrar la patota asesina de la Unión Ferroviaria.
Nuestra agrupación exige el levantamiento de todas las sanciones a los compañeros del Belgrano Norte, declara su solidaridad con los trabajadores y su cuerpo de delegados, y reclama a la Justicia que el directorio de Ugofe sea indagado por su participación en el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra.

“Con Favale llegaron veinte barrabravas”

(Publicado por el diario Página/12, 22/11/10)

Jorge Hospital, de la lista opositora a Pedraza, señala al Gallego Fernández y a Pablo Díaz como responsables de la patota. Advierte sobre el papel clave de Alberto Carnovale, que aún no fue indagado.

“Habrán pensado que se trataba de un choque entre Chacarita y Nueva Chicago: un muerto en un baldío que nadie reclama, nadie se entera y, si alguien sale herido, no se atiende en el hospital público por su prontuario.”

Jorge Darío Hospital es un empleado de la ex línea Roca. Recibe a Página/12 en la intimidad de su casa y describe pacientemente el entramado de responsabilidades, el accionar y la metodología que utiliza la Unión Ferroviaria (UF) en el armado de los grupos violentos, como el que asesinó a Mariano Ferreyra el 20 de octubre pasado. Hospital acusa a Juan Carlos “Gallego” Fernández y a Pablo Díaz como responsables de las patotas. Señala a Alberto Carnovale, guarda-tren de Constitución, como reclutador de Gabriel “Payaso” Sánchez, que integró la patota. Dice que un testigo que declaró en la causa le advirtió que Héctor Hourcade (jefe de Transporte de Ugofe en la ex línea Roca) estuvo en la estación Avellaneda y considera que si se cita a declarar a Aldo Amuchástegui podría avanzarse en el “desarme de la patota”, por ser éste “uno de los líderes” del grupo de choque que partió de los talleres de Remedios de Escalada. Menciona, además, a “tipos pesados” como Gustavo Daniel Alcorcel, Marcelo “Petiso” Suárez, Jorge Krzaczkowski y Miguel Toreta. Y denuncia a Amuchástegui, Alcorcel y Suárez como las personas que lo patotearon durante una actividad política en el acceso a los talleres de Escalada.
Hospital trabaja como guardatren en la estación Llavallol, es miembro de la agrupación Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra y milita hace diez años como opositor a la oficialista Lista Verde, la que conduce José Pedraza. Desde ese espacio viene denunciando el manejo discrecional del personal por parte de la UF. Los ingresos, afirma, son “digitados” por el Gallego Fernández y Pablo Díaz, “quienes reclutaron barras bravas de clubes de la Zona Sur, como Banfield y Racing, matones y miembros de unidades básicas”. Los trabajadores reciben ascensos “en función de su militancia en la Lista Verde” o “su relación con las unidades básicas”, cuestión que “no se vincula con calificaciones o antigüedad”. Por ese motivo, las vacantes “nunca se publican”.
El “fenómeno” de la patota
El guarda-tren explica que el fenómeno de la patota se originó hace tres años, cuando Ugofe comenzó a operar en la ex línea Roca. A partir del “clientelismo” en la selección del personal, cada delegado “metió su propia tropa” al ferrocarril. Dice, además, que esas tropas responden a “un grupo selecto vinculado con Díaz, el Gallego Fernández y alguien que todavía no ha sido indagado: Alberto Carnovale”. Este último, guardatren de Constitución –no volvió a tomar servicio desde la emboscada en Barracas–, es miembro de la Comisión de Reclamos del gremio, junto con Díaz, y goza de licencia en el servicio para realizar actividades gremiales. Para el guardatren de Llavallol, la exclusión de mujeres es un indicio de los fines que perseguía el grupo de choque de la UF. “No fueron a hacer una manifestación de ferroviarios opuestos al corte de vías. Fueron a armar un grupo de choque, por eso no reclutaron compañeras”, remarca.

Pablo Díaz, jefe de la patota

"Carnovale fue el reclutador del Payaso Sánchez; lo sé porque integra su círculo áulico en Constitución”, destaca. El militante de Causa Ferroviaria sostiene que, además de Carnovale, Díaz contó con el apoyo de los delegados de los talleres de Remedios de Escalada en el armado de la patota. Trabajadores del sector evasión en Plaza Constitución también fueron convocados, pero la mayoría se abstuvo de participar porque “sabían de qué se trataba. Sólo quedó el grupo más incondicional a la burocracia”.
Más allá de los ochenta ferroviarios licenciados de sus tareas en Escalada, Hospital indica que otros trabajadores reclutados por Carnovale partieron de Constitución. Y agrega dos datos significativos: que, junto a Favale, “llegaron alrededor de veinte barrabravas de Defensa y Justicia, en una formación diésel, desde Florencio Varela”, y que un testigo que ya declaró en la causa le contó que Héctor Hourcade (jefe de Transporte de Ugofe en la ex Línea Roca) estuvo el día del ataque en la estación Avellaneda.
“En Escalada se dijo que (Aldo) Amuchástegui había estado en la primera línea con Favale, pero al día siguiente (los delegados) hicieron una reunión y se abroquelaron para que lo poco que había trascendido dejara de filtrarse”, comenta Hospital y afirma que si se cita a declarar a Aldo Amuchástegui podría avanzarse en el “desarme de la patota”, por ser “uno de los líderes” del grupo de choque que partió de los talleres. La columna vertebral se completa con “tipos pesados” como Gustavo Daniel Alcorcel y Marcelo “Petiso” Suárez. En la segunda línea, el guarda-tren ubica a Daniel González, actualmente detenido por las amenazas a los periodistas de C5N, a “otro tipo importante en la estructura” como Jorge Krzaczkowski –a quien se ve, en las imágenes tomadas aquel día, sobre las vías en Avellaneda– y a Miguel Toreta.
Apriete en Escalada
Hospital se acercó el 14 de septiembre a los talleres de Remedios de Escalada para repartir volantes y difundir la situación de los trabajadores despedidos y tercerizados. Días atrás, Leonardo Franzin habló sobre ese episodio ante Página/12. Aquel martes, quince minutos antes de las 16, una empleada administrativa de Escalada se acercó al personal de seguridad ubicado en el acceso a los talleres. Hospital iba a comenzar el reparto de los volantes de su agrupación. La orden fue clara: el ferroviario no debía traspasar la línea de ingreso porque “podía haber problemas”. Minutos después, la advertencia se materializó. “Seis personas empezaron a empujarme y me decían que me retirara de la puerta”, sostiene. Lo llevaron a empellones hasta una pared, cerca del túnel que comunica el taller con los andenes, donde le arrebataron los volantes. Como dudaron en bajarlo al túnel, Hospital aprovechó para retirarse hacia las plataformas. Luego regresó a la puerta para repartir los boletines. “Frente a los compañeros del taller, (los delegados) eran unas señoritas, no se animaron a repetir la patoteada”, recuerda. Amuchástegui, Alcorcel y el Petiso Suárez fueron de la partida en el grupo de apriete.

Hospital asegura que la emboscada en Barracas fue un intento por “desmontar el reclamo de los trabajadores” sobre la base de “exterminar militantes”. Su afirmación se apoya en el accionar de las barras bravas. “Habrán pensado que se trataba de un choque entre Chacarita y Nueva Chicago: un muerto en un baldío que nadie reclama, nadie se entera y, si alguien sale herido, no se atiende en el hospital público por su prontuario –compara el ferroviario–. Pero mataron a un militante de la FUBA y del Partido Obrero, a un joven que era parte de una organización que no iba a dejar pasar este crimen.”
A millones de años luz de las patotas sindicales, la hija de Hospital corre en el fondo de la casa y juega con su perro. El militante advierte que la violencia es una cuestión inherente a la supervivencia de una dirigencia gremial que avaló las privatizaciones y fue cómplice de la entrega del país. Por último se refiere a la escala de responsabilidades y destaca que “no se trata solamente de obtener una condena por su participación” en el crimen sino que es necesario “desmontar la influencia y el poder de esos sectores en el manejo de los negociados que venimos denunciando”.


HOSPITAL DICE QUE SANCHEZ SE EXHIBIA ARMADO
Un payaso que usaba revólver
El guardatren Jorge Hospital caracteriza a Gabriel “Payaso” Sánchez como “una persona violenta que hizo exhibición de arma de fuego en la sala de guardas. Todos saben que llevaba encima un revólver calibre 38”. Hospital compromete la situación de Sánchez, señalado por algunos testigos como uno de los tiradores que el 20 de octubre abrió fuego sobre la columna de trabajadores tercerizados y militantes de izquierda.

Se refiere, además, al Ford Focus color champagne mencionado por Cristian Favale como propiedad del guardatren de Constitución. En las imágenes de televisión que registraron la intervención de la patota en el hall de Constitución, el barrabrava de Defensa y Justicia y el ferroviario aparecen juntos, a escasos metros de distancia, increpando a Pablo Villalba, vocero de los tercerizados. La noche del 6 de septiembre Hospital observó que Sánchez estaba “muy alterado y nervioso”, se lo veía agitado, “como si buscara descargar alguna tensión”. Una anécdota pinta el semblante del Payaso: en una oportunidad, jugando al metegol en la sala de guardas de Constitución, y luego de haber recibido una broma de uno de sus compañeros, sacó su arma y le apuntó.
Hospital sostiene que algunos de sus compañeros ubicaron a Pablo Díaz en la distribución de las armas. “Aparentemente, eso pasó cuando arrinconaron al camarógrafo y a la periodista de C5N”, dice. El guarda-tren le apunta al Gallego Fernández y afirma que “impune y en las sombras, está monitoreando la recomposición del aparato de la Lista Verde” y lo identifica como “el sucesor de (José) Pedraza en la cúpula de la Unión Ferroviaria”. “Queremos que se desarticule la mafia y no que elijan a su propio sustituto”, pide y considera que para que los ferroviarios que participaron de la emboscada hablen, “la Justicia tiene que imputar al Gallego con los elementos suficientes que hay en la causa”, porque la patota que arremetió contra los manifestantes en Barracas “tiene que saber quién llevaba las armas, quién desenfundó y quién disparó”. Reafirmando el testimonio aportado por Leonardo Franzin, el ferroviario considera que con el correr de los días, “estos tipos ganaron confianza y sienten que la cosa no pasa de ahí. La Verde dejó trascender que cuando salga de prisión reincorporan a Díaz al ferrocarril”.

Adrián Pérez

Jaime bajo sospecha: Las pruebas del negociado en la millonaria compra de trenes

(Publicado por diario Clarín, 21/11/10)

El secretario de Transporte de Kirchner dirigió la adquisición de material ferroviario. Todo indica que se pagaron precios inflados y altas comisiones. Lo revelan correos privados de su asesor.

Un correo electrónico enviado desde Madrid a Manuel Vázquez, asesor y hacedor de negocios del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, dice así: “no es presentable que el pasado viernes aparezcan unos costes políticos que triplican el millón de dólares del que se había hablado”.El correo está escrito por Miguel Angel Lorente, un socio de Vázquez en España, con quien coordinaba una operación de cientos de millones de dólares por la venta de vagones y locomotoras entre el Estado español y el argentino. Lo que sigue es de una sinceridad brutal: “los costes políticos son o no son, pero no se improvisan al final”, reclama Lorente en el mismo mail. Este fragmento es sólo el principio de una cadena de cientos de correos a los que accedió Clarín en exclusiva, sobre el escandaloso proceso de negociación para la compra de material ferroviario que comenzó en 2005 y que tiene continuidad aún hoy.

Ricardo Jaime

La información surge de las computadoras del propio Vázquez, cuyos archivos fueron examinados por la Justicia. Vázquez es un consultor experto en empresas fantasmas que asesoraba a Jaime y que fue designado oficialmente por el entonces secretario de Transporte para llevar adelante gran parte de las negociaciones. ¿Un detalle? Esa relación comercial entre Argentina y España para que nuestro país se provea de material ferroviario sigue vigente.
En nombre del kirchnerismo, Jaime encabezó el intento de mejorar el abandonado sistema ferroviario argentino. Hombre de extrema confianza del ex presidente Néstor Kirchner –de quien había sido funcionario durante su mandato como gobernador de Santa Cruz– en 2003 fue ubicado en una secretaría estratégica en cuanto al manejo de fondos, una de las áreas más ricas del Estado. Aunque estaba bajo la conducción formal del ministro de Planificación Julio De Vido, Jaime tenía línea directa con el fallecido ex presidente. Estuvo al frente de la repartición que distribuyó millonarios subsidios a las empresas de transporte desde 2003 hasta la derrota electoral del kirchnerismo en 2009. Fue entonces, cuando ya Jaime estaba siendo investigado por su sorprendente crecimiento econónico personal, cuando Kirchner decidió alejarlo del poder.

De Vido, Bielsa, Kirchner, Zapatero

En los mails sobre las operaciones ferroviarias a los que accedió Clarín, hay un frenético ida y vuelta donde se escribe sobre el reparto de “comisiones”, la definición de “porcentajes para cada uno” y hasta el mínimo detalle sobre la compra de esos trenes que en una primera etapa llegaron al país pero luego acabaron, la mayoría, como chatarra (ver página 36). El contenido de esos correos es parte de la investigación judicial por enriquecimiento ilícito contra Jaime que llevan adelante el juez federal Norberto Oyarbide y el fiscal Carlos Rívolo.
El 14 de octubre de 2005, en el hotel Fonseca de Salamanca, el ex presidente Néstor Kirchner y el jefe de Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, firmaron un acuerdo de cooperación para la provisión de material ferroviario que ya había comenzado a acordarse casi un año antes a través de acuerdos entre el ministerio de Planificación argentino y el de Fomento español. El trato consistía en que las empresas estatales ferroviarias españolas, RENFE y FEVE, iban a proveer a Argentina de “material rodante disponible”, que sería refaccionado en talleres ferroviarios de nuestro país. Se trataba de un negocio entre Estado y Estado, que buscaba paliar la desastrosa situación de los trenes urbanos de Capital y Gran Buenos Aires, y de paso reactivar los talleres y recuperar algo de la mano de obra ferroviaria que se eliminó en la década del noventa.
Del lado argentino, la tarea de convertir las buenas intenciones en realidad fue encomendada a Jaime. Del otro lado del océano, decidieron que el trato estuviera a cargo de Expansión Exterior, una empresa pública española cuya tarea es fomentar el comercio exterior español.
En ese marco, Vázquez (en el nombre de Jaime) y su socio comenzaron a negociar. Y empiezan los intercambios de mails. El 29 de julio de 2005, por ejemplo, Lorente le escribe que habló con Juan Barba, director de Expansión Exterior, y que, según su relato, Barba le dijo: “que a ver si nos aclaramos tú y yo sobre los costes políticos, porque tú seguías diciendo que era parte del 11 por ciento que se había barajado al principio”.
Esa misma madrugada, Lorente había mandado sus quejas por los cambios en esos “costes”, es decir, por un repentino aumento de esos “costes”. En otra parte de su escrito, el consultor dice: “es difícil defender por mi parte la postura argentina, cuando se ponen sobre la mesa, por escrito y firmados por ti el día 22, esos cobros politicos desorbitados, de última hora y con facturas”.
Un mes y medio más tarde, el 13 de septiembre, Lorente se muestra más relajado y manda el siguiente correo electrónico: “Juan (por Juan Barba) ha sido muy amable en invitarme a sus oficinas. Fundamentalmente, me ha detallado algunas partidas agregadas en su mail:
* los fees de Cyaes-Caesa (50/50) que ascienden a 2.294.255 euros están incluidos en la partida ‘proveedores’”.
¿Qué quiere decir ese mail? “Cyaes-Caesa” es el nombre de la consultora que pertenece a Vázquez y Lorente. Quien mejor define esta sociedad es nada menos que Ricardo Jaime: en una carta con membrete oficial fechada el 13 de marzo de 2006, el ex secretario de Transporte consignó que “la empresa Controles y Auditorías Especiales tiene amplio conocimiento y antecedentes en adquisiciones de organismos gubernamentales y está autorizada a negociar la retribución de su gestión por cada operación y por cada proveedor local o internacional. Dicha retribución formará parte del costo final que pague el Gobierno”. Esa autorización firmada por Jaime revela que la empresa del asesor del funcionario cobraba comisiones que pagaba el Estado argentino. La carta estaba dirigida a Barba, el director general comercial y financiero de “Expansión Exterior”.
Si la Justicia sospecha que Vázquez pudo haber sido una de las personas que ayudó a quienes rodean a Jaime a tener más bienes que los que sus ingresos razonablemente permiten, se puede deducir que el ex secretario de Estado tenía mucho interés en conseguir que la empresa de su asesor cobrara comisiones por la operación que él comandaba para el gobierno argentino.
De los mails se infiere que tuvieron éxito en ese objetivo. El 17 de mayo de 2007, Lorente le escribe a Vázquez: “Querido Manuel, he recibido el abono de 1.021.433,87 euros de Expansión Exterior”. Es decir, que finalmente habían cobrado.
El asesor de Jaime le responde: “nuevamente repasemos nuestros benditos números, pero antes que nada demos gracias a Dios que estos bandidos finalmente nos entregaron los valores, aunque sea una parte”.
Y en ese mail se reparten, mano a mano, la escalofriante cifra de 2.364.500 euros. Habla de dar algo de ese dinero a “los amigos de aquí”. Después de ajustar los números del vamos y vamos, Vázquez termina escribiendo: “El saldo es para mí, para completar mi parte y la de los amigos”.


Negociador I. Jaime nombró como asesor para los negocios de Argentina con España al consultor Manuel Vázquez, autor de este correo electrónico del 29 de julio de 2005.
Negociador II. El que recibe el mail es Miguel Angel Lorente, socio de Vázquez en España y encargado de concretar la operación, que consiste en la compraventa de material ferroviario de España para la Argentina.
Sobrefacturación. Vazquez explica cómo se debe facturar la operación. En el punto 7, pide que figure un millón de euros por el costo del “desguace” del material que se va a importar, algo que debe cubrir el gobierno argentino. Y aclara: “según gente que entiende mucho de esto el costo no supera los 400mil euros”. En el punto 8 también se “infla” un precio de de 7,5 a 10 millones de euros. Y en el punto 9 aparece un monto sin justificación. Lo admite: Vázquez: “Solo Dios sabe como lo explicarán”.
Costo político. A los intermediarios españoles (en este caso Juan Barba) parecía preocuparles el costo político de la operación. Pero Vázquez intenta tranquilizarlos: “Que se olvide de los costos políticos de aquí que yo pondré la cara y les daré las explicaciones que correspondan a mis mandantes”. Se presume, a Ricardo Jaime.

Luciana Geuna

Ricardo Jaime
Nació y se crió en Córdoba, pero en 1983 emigró hacia Caleta Olivia, en Santa Cruz. Ingeniero de profesión y aficionado a las artes marciales, se lanzó a la política y se convirtió en concejal en 1987. Cuando Néstor Kirchner llegó a la gobernación de su provincia, en 1991, Jaime fue a trabajar a su lado y ya nunca se separó de él. En 2003 asumió como Secretario de Transporte, un cargo de enorme poder, ya que decidía sobre el destino de cientos de millones de pesos que se entregan por meas, en subsidios, a las empresas de transporte. Poco a poco, su gestión empezó a ser salpicada por escándalos y sospechas de corrupción. La compra de un avión privado en 4 millones de dólares y la compra de trenes -que en su mayoría no funciona-, fueron de los más resonantes. En julio de 2009 se alejó de la Secretaría y volvió a Córdoba. Hoy, la Justicia lo investiga por enriquecimiento ilítico, dos casos de coimas, malversación de fondos públicos. Fue uno de los asistentes al velatorio de Kirchner. Y uno de los que más lo lloró. También estuvo el 2 de noviembre en un acto de Cristina Kirchner en Córdoba.
Cargo: ex secretario de transporte
Edad: 60 años
Estado civil: casado, 4 hijos
Manuel Vázquez
En la década del noventa era gerente de Bunge & Born. Ricardo Jaime lo designó asesor y rápidamente se convirtió en el puente entre los empresarios y el entonces poderoso Secretario de Transporte. Experto en firmas fantasma y en ingeniería financiera, Vázquez fue designado por Jaime para negociar la letra chica de los contratos entre el Estado argentino y el español para la provisión de vagones y otra maquinaria ferroviaria. Vázquez no trabajó solo, sino junto a su socio español, Miguel Angel Lorente. La Justicia allanó las oficinas y secuestró las computadoras de Vázquez. De los archivos de esas computadoras se secuestraron unos 20 mil correos o “mails”, de donde surge la información que está revelando Clarín. Vázquez fue también clave en otra operación bajo sospecha, la compra de Learjet para Jaime, motivo que también está siendo investigado por la Justicia. Hoy, se investiga si “El Gallego”, como le dicen, es testaferro del ex Secretario.
Miguel Angel Lorente
Socio de Vázquez en España a través de la Consultora “Controles y Auditorías Especiales”, era el encargado de reunirse y negociar en persona los detalles de la compraventa con los españoles. Los mails de Vázquez revelan, a su vez, que Lorente era el encargado de gestionar las comisiones para ellos. En una parte de la negociación se queja ante Vázquez porque le dicen que pida más comisiones que las acordadas en principio.
Juan Barba
Director de Expansión Exterior de España, una empresa cuya tarea es fomentar el comercio exterior de su país. Barba fue el encargado de negociar con Lorente, Vázquez y en definitiva con Ricardo Jaime, la operación de compraventa de material ferroviario para Argentina. En mayo de 2007, su empresa giró a Lorente parte de lo que llaman los “costes políticos”, que no serían otra cosa que comisiones.

Homenajean a Mariano Ferreyra, a un mes de su muerte

(Publicado por diario Clarín, 20/11/10)

Organizaciones sociales y dirigentes del Partido Obrero participaron de un homenaje en memoria del militante Mariano Ferreyra, de cuyo asesinato se cumplió hoy un mes durante una emboscada por grupos identificados con la Unión Ferroviaria. El acto se realizó esta tarde en el lugar donde cayó muerto Ferreyra, en la esquina de las calles Luján y Perdriel, en el barrio porteño de Barracas.

Allí, los manifestantes descubrieron una placa en memoria del joven que fue asesinado tras participar en una protesta de trabajadores ferroviarios tercerizados sobre las vías de la Línea Roca. 

En esos incidentes también habían sido heridas de bala otras tres personas, entre ellas Elsa Rodríguez, quien desde ese día permanece internada en estado de coma en el hospital Argerich, tras recibir un proyectil en su cabeza.
El dirigente del PO Marcelo Ramal sostuvo hoy que en homicidio de Ferreyra hubo "un plan" para cometer "un crimen político". "Como ya lo dijimos varias veces, acá no hubo una decisión de un barra brava suelto que se zarpó de rosca. Acá hubo un plan y eso está acreditado en la causa judicial", manifestó Ramal.
Ramal acusó al sindicato de "la Unión Ferroviaria de actuar integralmente reclutando la patota, ya que brindó licencias gremiales a 100 trabajadores en los talleres de Remedios de Escalada".

Además, Ramal responsabilizó tanto a la Policía bonaerense como a la Federal en el homicidio de Ferreyra "Hubo tolerancia de entendimiento entre la Policía bonaerense y la patota, ya que mientras eran agredidos nuestros compañeros, desde los terraplenes, los policías también los atacaban", acusó.
Ramal añadió: "Es más, cuando comienzan los tiros, la Policía Federal abrió sus patrulleros y dejó pasar a los patoteros". "Esto fue un acto organizado deliberado para ejecutar este crimen, por eso hablamos de un crimen político", concluyó el dirigente de la conducción del PO.
Por otra parte, Elsa Rodríguez, quien resultó herida de bala en la cabeza el mismo día que ocurrió el crimen de Mariano, continúa "estable" con un "cuadro de gravedad" en el Hospital Argerich. La mujer se encuentra en terapia intensiva con un coma farmacológico inducido y los médicos siguen de cerca su evolución neurológica.

Críticas al Gobierno en la marcha por Mariano Ferreyra

(Publicado por diario Clarín, 19/11/10) 

En vísperas de cumplirse hoy un mes del asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra por una patota de la Unión Ferroviaria, los trabajadores tercerizados de la línea Roca, partidos de izquierda y organizaciones piqueteras marcharon ayer a Plaza de Mayo para exigir el “juicio y castigo” a los responsables.

Los manifestantes les apuntaron no sólo a los seis integrantes de la patota sindical con barrabravas reclutados que están detenidos sino a lo que consideran los “responsables políticos”, entre los que incluyeron al secretario general de los ferroviarios José Pedraza y la comisión directiva del gremio ferroviario; la Ugofe, concesionaria del Roca; y las policías Federal y Bonaerense, la primera por “liberar” la zona y la segunda por “entenderse” con los atacantes.
Desde el largo acoplado de un camión cruzado delante de la Pirámide de Mayo que usaron a modo de escenario, los organizadores -el Partido Obrero al que pertenecía Ferreyra- leyeron un comunicado en el que denunciaron la “vasta red de complicidades” en el crimen del joven de 23 años.
Cargaron también contra el “silencio total” del Gobierno que “no ha condenado políticamente a la patota ni ha tomado la menor medida para desmantelar la red que ejecutó este crimen”.
“Hubo un plan criminal y queremos que se llegue en las responsabilidades hasta el final. Pedraza y la Unión Ferroviaria actuaron en la planificación y ejecución del ataque. Y el Gobierno mostró que su alianza política con esta dirección sindical está por encima del reclamo de Justicia”, sostuvo a Clarín el dirigente del Partido Obrero, Marcelo Ramal.
La marcha arrancó en Constitución con rencillas con el Pts, al cual el PO no permitió que se sumara al encabezamiento de la columna. En la Plaza de Mayo hubo, más tarde, unas miles de personas, con banderas del MST, el MAS, Izquierda Socialista, y piqueteros del MTR, la CCC y el MTD Aníbal Verón, entre otros.
Allí habló también Vanesa, una de las hijas de Elsa Rodríguez, herida de gravedad durante los mismos hechos, que aún sigue internada en el Hospital Argerich.
Los manifestantes se desconcentraron hacia las 20 pero siguieron anoche con una vigilia en Luján y Perdriel, en Barracas, el lugar de la emboscada donde cayó baleado Ferreyra.

Guido Braslavsky

Declaraciones a Radio Provincia durante la marcha del 21 de octubre

El trabajador ferroviario, Jorge Hospital, señaló que este asesinato fue ejecutado por elementos mercenarios

El trabajador ferroviario, Jorge Hospital, dijo que “hay un gran repudio al asesinato del joven Mariano Ferreyra y a las filas internas de la camarilla del gremio; esto no es partidismo, es un crimen”. En declaraciones formuladas por Radio Provincia, señaló que la patota sindical expresó a los trabajadores que “si quieren hacer entrar a sus hijos al ferrocarril los van a hacer ingresar, pero si los tercerizados logran entrar al convenio, no van a entrar”. Por otra parte, aseveró que se está “próximo a identificar al autor material” del hecho, por dichos de “los propios concurrentes” a la manifestación. Asimismo, cuestionó al “cuerpo de delegados que mantiene una especie de cerrojo” con los trabajadores.

JUICIO CASTIGO A LOS RESPONSABLES POLÍTICOS

Publicado por Radio Estación Sur, AM 91.7 de La Plata, 21/10/10) 

Jorge Hospital es trabajador ferroviario en Llavallol e integrante de la Agrupación Causa Ferroviaria. Desde esa agrupación vienen apoyando a los trabajadores tercerizados y despedidos del ferrocarril y, esta mañana, en diálogo telefónico con Clase Turista, dio un pormenorizado panorama detallando los antecedentes de los reclamos que ayer por la tarde llegaron a una situación límite con el asesinato del jóven Mariano Ferreyra.

En la siguiente nota, Jorge Hospital denuncia la metodología de reclutamiento de la Unión Ferroviaria, como los vínculos con barrabravas, y apunta a los responsables políticos de la masacre.

Audio de la nota

Declaraciones de nuestro compañero Jorge Hospital a Radio General Urquiza de Paraná

Jorge Hospital, trabajador de la Unión Ferroviaria de Buenos Aires

Ahora vamos por el pase a planta

La batalla por el pase a planta permanente de todos los tercerizados del Roca comienza esta semana su fase decisiva. El 20 de diciembre deberían estar todos adentro.
El gobierno nacional, presionado por la inmensa movilización por el asesinato de Mariano Ferreyra y el reagrupamiento de tercerizados despedidos y no despedidos, está procediendo a la reincorporación de la mayoría de los cesanteados de las tercerizadas y de Ugofe. Los compañeros empezarían a cobrar desde el 1º de diciembre el sueldo inicial del convenio colectivo, con lo que se está cumpliendo paso a paso el acta propuesta por el Plenario de Tercerizados y Causa Ferroviaria, que nunca fue aceptada por el Ministerio, pero que guía los pasos de toda la lucha.
Las patronales de las empresas tercerizadas no van a actuar pasivamente en este conflicto, son conscientes de las enormes limitaciones del gobierno en relación al proceso de desmantelamiento de la tercerización. No quieren un antecedente general, recordemos la frase de Tomada: "la tercerización no está mal".
Las tercerizadas están recurriendo a los mejores abogados antilaborales de la patronal y han comenzado también su "plan de lucha". Aceptaron "políticamente" la reincorporación de los despedidos, pero tratarán de obstaculizar al máximo el pase a planta definitivo, en la medida que esto es también el fin de estas empresas. Pretenden un resarcimiento económico por los contratos firmados y quieren hacer de su etapa final de trabajo en el ferrocarril Roca el último de sus grandes negociados.
El planteo de la mayoría de las que tienen trabajo permanente sobre el mantenimiento de vías, limpieza y desmalezamiento es la iniciación de juicios y demandas por finalización unilateral del contrato. Otras, vinculadas con la seguridad, hasta aceptan igualar los convenios ferroviarios, tratando de mantener su actividad en el Ferrocarril con el débil argumento de que la privatización del ferrocarril modificó el sistema de seguridad anterior, en el que las tareas de seguridad eran desempeñadas por la Policía Federal.
Finalmente, dentro de las tercerizadas hay otro tipo de lucha económica y política con las que son de la propia burocracia. Las investigaciones que lleva adelante la justicia y los allanamientos a la propia Unión Ferroviaria han echado más luz sobre el negocio ilícito armado directamente por Pedraza con la "Cooperativa" Unión del Mercosur, la cual tiene un desarrollo nacional, actúa en cuatro ferrocarriles y tiene como plantilla de personal casi los mismos tercerizados que todas las empresa del Roca.
La política de la burocracia de Pedraza, después de fracasar ahogando a sangre y fuego la lucha contra la tercerización, es ahora tratar de disimular el carácter patronal antiobrero y explotador de la tercerización que ha dejado expuesto la movilización, tratando de decirle a sus propios trabajadores que ellos serán los "gestores" de un posible ingreso como efectivos al ferrocarril, pretendiendo que les queda una base social dentro de los tercerizados que lógicamente inclinan la balanza en un una futura elección del cuerpo de delegados.
Para la comisión del Plenario de Tercerizados de Lanús, el desmantelamiento de Unión del Mercosur es un golpe decisivo en la lucha contra las tercerizaciones, no sólo en el Roca, sino en todo el país. Esa es una de las prioridades de este pase a planta permanente y así lo ha manifestado en la última reunión llevada a cabo el miércoles pasado con el jefe de Gabinete de Trabajo.
El gobierno debe actuar rápidamente, pues tiene la responsabilidad de haber aceptado que este negociado de explotación se establezca en el propio domicilio de la Unión Ferroviaria. Ninguna de estas empresas debe tener resarcimiento alguno. Ya han lucrado y explotado a los trabajadores durante años con absoluta impunidad. Esto forma parte de la posición estratégica del Plenario de Tercerizados y Causa Ferroviaria en la batalla por el pase a planta de todos los compañeros.
En ese sentido, el acta firmada por la llamada Comisión Negociadora de Lomas (otros y Pts), aceptando los términos de la propuesta del gobierno, es un nuevo y grueso error político. Estamos en presencia de otro bandazo de capitulación: cierra definitivamente el listado de despedidos que efectivamente hemos comprobado que existen y, además, no tiene compromiso alguno de los pasos concretos que hay que dar en la lucha por el pase a planta permanente. Deben ser reincorporados todos los despedidos que acrediten su condición de tales y la asamblea obrera unificada debe fijar el curso del pase a planta para ir quebrando todas las maniobras patronales.
El Plenario de Tercerizados de Lanús, en una masiva asamblea, aprobó un plan de trabajo de la comisión que volverá reunirse esta semana con el Ministerio, presentando su propuesta, y consideró necesaria una comisión única de lucha. El pase de los tercerizados a planta entró en una fase decisiva.

Juan Ferro