(Publicado en diario Pag/12, 26/11/10)
La fiscal Cristina Caamaño solicitó que José Pedraza sea convocado como sospechoso junto con su segundo, Juan Carlos “Gallego” Fernández, quien el 20 de octubre monitoreó el accionar de la patota a la distancia. Se basó en testimonios y cruces de llamados.
La fiscal Cristina Caamaño pidió la declaración como sospechoso del titular de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, por el asesinato del militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra. La funcionaria le solicitó a la jueza Wilma López la citación indagatoria del líder sindical con la convicción de que la patota que atacó a los trabajadores tercerizados de la ex línea Roca y las agrupaciones políticas que los acompañaban estuvo convocada y organizada desde la cúpula del gremio; pero, además, la fiscalía se basó en las comunicaciones que Pedraza mantuvo ese día, incluso durante la emboscada, y en especial con su segundo, Juan Carlos “Gallego” Fernández, quien monitoreaba todo a la distancia. La fiscalía también solicitó que Fernández sea indagado, ya que al parecer estaba en contacto permanente con el delegado Pablo Díaz –su mano derecha, detenido y procesado por el crimen–, que se encontraba en Barracas dando directivas a los matones.
El 20 de octubre, después de que se conoció el asesinato de Mariano y la existencia de tres heridos de bala, Pedraza admitió públicamente que los atacantes pertenecían a su gremio, pero hizo lo posible por justificarlos. “Ante el intento de cortar las vías del Ferrocarril Roca, los trabajadores ferroviarios defendieron sus fuentes de trabajo”, alegó. A su vez, negó “toda responsabilidad en los disparos de armas de fuego que, lamentablemente, derivaron en la pérdida de vidas”. Es una obviedad que el dirigente gremial no estaba ahí, en medio de la gresca, mientras volaban balazos en dirección a los tercerizados y los grupos políticos de izquierda. Sin embargo, él mismo al testificar en la causa reconoció que siguió todo lo que ocurría por teléfono. “(El Gallego) Fernández me fue informando lo que pasaba”, relató. También dijo que podía “dar el nombre de Pablo Díaz, que coordina los delegados de la línea Roca”.
En efecto, los investigadores comprobaron que Pedraza tuvo varias comunicaciones con Fernández ese día, incluso en los momentos más álgidos del ataque a los manifestantes (entre quienes había, además de tercerizados, militantes del Partido Obrero, del Movimiento Teresa Rodríguez, Convergencia de Izquierda, entre otros). Así lo confirmaron a Página/12 fuentes con acceso al expediente. Esos llamados fundan, en parte, el pedido de indagatoria formulado por Caamaño hace ya varios días, aunque se conoció ahora que ya no hay secreto de sumario. Habría, también, registro de al menos un contacto directo de líder ferroviario con el delegado Díaz, secretario de la Comisión de Reclamos de la UF, quien al ser procesado fue descripto por la jueza como responsable del reclutamiento y armado de la patota.
En rigor, todo apunta a que Díaz estaba en comunicación constante con Fernández. Lo admitió, de hecho, al ser indagado. También lo dijo Pedraza, y lo señala la resolución de anteayer de la magistrada, que destaca una escena narrada por uno de los testigos, que alude al momento inmediatamente posterior a los disparos: “A Pablo Díaz le sonó el handy anunciando que lo había llamado (Juan Carlos) el Gallego Fernández, quien le habría dicho que se vayan”. En ese momento, según la imputación del juzgado, el barrabrava de Defensa y Justicia Cristian Favale, el ex barra de Racing y guardatren Gabriel “Payaso” Sánchez y el picaboletos Guillermo Uño le entregaron las armas “con miras a su ocultamiento” a Juan Carlos Pérez, portero de los talleres ferroviarios de Remedios de Escalada. “Negro, Negro, le dimos”, le habría dicho Uño a Pérez, quien le respondió, según testigos: “Vayan y háblenlo con Pablo”. Díaz, del mismo modo que ordenó la retirada, habría sido quien habilitó el uso de las armas. “Sacá los fierros”, le escucharon dirigirse a Favale.
Hay un detalle en la argumentación que la jueza desplegó que permite inferir que es posible que ni Pedraza ni Fernández tengan un horizonte judicial sencillo. López acusó a los siete detenidos como “coautores” del crimen y las tentativas de homicidio. Sostuvo que actuaron mediante un “acuerdo común”, “incluso con bastante antelación al desenlace fatal”, “sabían y querían” obtener el “resultado” logrado y “emplearon los medios adecuados para ello” (en alusión a las armas). Lo que caracteriza a los “coautores”, enfatizó con citas jurídicas, es su aporte “indispensable” para que todo ocurriera como ocurrió. Ni siquiera es necesario, continuó, para ser considerado coautor, hallarse “presente en el lugar del hecho, basta con una función como ‘central de comandos’...”. Es más, al procesar a los siete detenidos, dijo que también son responsables por haber tenido la posibilidad de evitar el desenlace y no hacerlo. En varios tramos del procesamiento enfatizó que todavía hay mucho por investigar y podrían sumarse imputados.
En el ámbito ferroviario se habla de una “interna” entre Fernández, a quien ubican alineado con el líder de la CGT, Hugo Moyano, y Pedraza, a quien ubican más cerca del duhaldismo. A Fernández lo asocian incluso testigos de la causa con el armado de grupos violentos y lo describen como quien digita los ingresos a la Unión de Gestión Operativa de Emergencia (Ugofe), que explota ramales como la ex línea Roca. De hecho, en la investigación judicial está la constancia de que recomendó a Favale para su ingreso, que no llegó a producirse. La Ugofe –eje del conflicto con los tercerizados– está siendo exhaustivamente investigada (ver aparte). Favale es el único de los detenidos hasta el momento que no es ferroviario. Los demás pertenecen a las filas de la UF. Favale, según el fallo de anteayer, habría llevado su propia gente desde Florencio Varela a romper el corte de vías de los tercerizados y quería hacer “buena letra” para conseguir trabajo. En el expediente se ha dado por acreditado que varios delegados, la mayoría de Remedios de Escalada, fueron quienes se ocuparon de armar la patota. Algunos aún están siendo investigados y podrían convertirse en imputados. La Justicia intenta verificar si, como se presume, a los trabajadores se les dio el día franco para que participaran del ataque. Pedraza confesó ante la Justicia que estaba al tanto de lo que podía suceder cuando quiso echarle la culpa al secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, a quien dijo que le avisó, pero no tomó las medidas adecuadas. La propia UF había iniciado una campaña con volantes, contra los tercerizados y agrupaciones de izquierda, donde advertían: “Los trabajadores ferroviarios no cortamos las vías”.
Los teléfonos de la Ugofe
La jueza Wilma López investiga el papel de la Unidad de Gestión Operativa de Ferrocarriles (Ugofe) en el ataque a los trabajadores tercerizados y agrupaciones políticas donde fue asesinado Mariano Ferreyra. La Ugofe es precisamente una de las empresas que “opera por cuenta y orden del Estado” las líneas San Martín, Roca y Belgrano Sur. Los trabajadores tercerizados venían manteniendo el conflicto (en reclamo de la reincorporación y pase a planta permanente) con Ugofe y Ferrobaires. Las tercerizadas trabajaban para ellas y son un mecanismo para pagar bajos sueldos y mantener al personal con contrato, sin estabilidad laboral. En la resolución que dispuso anteayer los procesamientos de los siete detenidos por el asesinato del joven militante del Partido Obrero, la magistrada advirtió que de un entrecruzamiento telefónico surgió que, después del asesinato, Cristian Favale se comunicó 17 veces con un Nextel que está a nombre del presidente del directorio de la Ugofe, Joaquín Acuña. Pero no fue el único: Juan Carlos Pérez se contactó ese día con tres equipos también a nombre de esa empresa. En la Ugofe argumentan que adquirieron 200 aparatos y que se los dieron a la policía para que controlara las vías. Sin embargo, aún no se sabe quiénes serían los supuestos policías que habrían usado los números en danza.
La lupa sobre la Federal
Al allanar anteayer el Departamento Central de la Policía Federal, la jueza Wilma López y la fiscal Cristina Caamaño pudieron comprobar que, pese a que habían pedido copia de las modulaciones registradas por el Comando Radioeléctrico durante todo el 20 de octubre, la Dirección de “Operaciones” de la fuerza había ordenado a la Superintendencia de Comunicaciones que les entregara únicamente hasta las 14 horas. Es decir que faltaba una hora fundamental, la posterior al asesinato de Mariano Ferreyra, para poder analizar en forma acabada el papel de la policía en los hechos. La jueza dispuso días atrás abrir un expediente aparte, para determinar si los agentes actuaron con negligencia y/o dejaron la zona liberada. El “faltante” en las grabaciones que habían sido solicitadas añadieron un elemento de sospecha. El material está siendo peritado por el especialista Ariel Garbarz, quien también tiene a cargo el análisis de todas las comunicaciones del caso. Como publicó Página/12 el domingo último, aun con los escasos 13 minutos de grabación que habían sido entregados a la Justicia surgiría una posible “negligencia” del personal policial: la orden que recibieron los patrulleros que estaban en Barracas fue permanecer “expectantes”, aun en el peor momento del ataque y cuando ya había un herido de bala. “No sea cosa que después las facciones antagónicas se unan contra nosotros”, advertía quien daba las directivas desde el comando de operaciones. Además, pese a que también indicó “individualizar a los agresores para su detención”, nadie fue detenido. Las razones de la pasividad quizás, o no, estén en la grabación recientemente incorporada.
Irina Hauser
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