La nueva marcha fue anunciada formalmente en una conferencia de prensa, en la que participaron representantes políticos, sindicales y estudiantiles que se pronunciaron exigiendo el avance de las investigaciones en dirección a José Pedraza, a las policías Federal y Bonaerense, a los concesionarios ferroviarios y "a la red corrupta que integran (los concesionarios) junto a la Secretaría de Transporte".
Este pronunciamiento fue suscripto por más de 500 organizaciones, personalidades y dirigentes, y continúa sumando decenas de firmas cada día. Allí también se señala que el gobierno nacional rechazó la audiencia solicitada por las organizaciones convocantes a la marcha del 21, luego de calificar el atentado criminal de la patota de la UF como un "enfrentamiento entre grupos".
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