A pesar de que se anunció la separación de la Policía Federal del expediente debido a la responsabilidad que tuvo en la emboscada, ella sigue actuando en la causa a través del departamento de Asuntos Internos, junto a la Gendarmería.
La causa fue caratulada por la fiscalía como "homicidio y lesiones en riña", lo que implica, como teoría de investigación, la existencia de dos grupos que tienen la voluntad de enfrentarse entre sí.
Esta teoría ha quedado sepultada ante la multiplicidad de las pruebas en contario, desde las filmaciones de C5N -en las que se observa cómo los manifestantes se están retirando del lugar cuando avanza una horda con la consigna de atacar y la declaración de la periodista del canal, Gabriela Carchat, quien destaca, además, la superioridad numérica de los agresores, su estado de "salvajismo", "armados hasta los dientes con palos y piedras". En el mismo sentido, declararon más de veinte testigos presenciales del Partido Obrero en el expediente.
El secreto de sumario nos impide conocer los términos en que se está indagando a cada uno de los seis detenidos en la causa. De la forma cómo se le estén leyendo los hechos por los cuales son acusados, dependerá su procesamiento por homicidio agravado, que prevé una pena de perpetua, o de homicidio en riña, que establece una pena de 2 a 6 años -lo mismo corre para la atribución de responsabilidad en cada uno de los hechos.
También del testimonio de Gabriela Carchat se desprende que "4 ó 5 personas le hacen un corralito a ella y los camarógrafos para impedir que filmen". Esto estaría probando un conocimiento, por parte de estas personas, de lo que iba acontecer con posterioridad, o sea que deja establecida la premeditación y la participación de más de una persona en el crimen, independientemente de quién haya sido el autor material.
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| Juan Carlos "Gallego" Fernández secretario administrativo de la Unión Ferroviaria, segundo de Pedraza y jefe de Pablo Díaz |
Ignoramos si esta postura será compartida por la jueza López cuando resuelva procesar o no a los detenidos en la causa.
Mientras tanto, en un intento desesperado por mejorar su situación, el burócrata Pablo Díaz, primero, y luego varios de los imputados declararon que hubo tiros del lado de los militantes del Partido Obrero. En menos de 24 horas, esta teoría quedó sepultada por la contundencia de la prueba pericial. Sin embargo, en la indagatoria, el detenido González volvió a insistir al respecto. Los abogados penalistas de estos delincuentes, pagados seguramente por la Unión Ferroviaria, no dejarán pasar ninguna posibilidad de embarrar la investigación.
Se han ordenado las pericias sobre los teléfonos de Díaz, ya que se señala que en el día de los hechos, éste mantenía informado de lo que iba aconteciendo al adjunto de la Unión Ferroviaria, "Gallego" Fernández. Es claro que un delegado ferroviario no encara esta acción por sí solo y que la conducción de toda la Unión Ferroviaria está comprometida. La defensa institucional de la misma, por los carteles colgados en Constitución, son plena prueba de ello.
Tampoco se ha terminado de establecer la responsabilidad de los directivos de la empresa Ugofe, que explota la ex línea Roca, la que otorgó licencia gremial a los empleados ferroviarios que participaron de la agresión.
En este sentido, el día lunes hemos presentado ante el Juzgado un escrito que pone en conocimiento del Tribunal la existencia de elementos y la solicitud de medidas que apuntan a establecer la participación de Ugofe en el plan criminal llevado adelante.
Es evidente que existió una relación entre la burocracia, la patronal y el Estado, en defensa del negocio de la explotación del ex Roca.
La participación del secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y del subsecretario de Transporte Ferroviario, Guillermo Antonio Luna, es una línea de investigación pendiente. No es menor que en la última audiencia con los trabajadores tercerizados, Guillermo Antonio Luna, cerrando la negociación, se haya expresado ante los trabajadores en forma amenazante: "Ustedes hagan lo que tengan que hacer, nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer". Estos dichos llevaron al abogado Mendieta a preguntarle si le estaba diciendo que habían querido que todo terminara como en el Puente Pueyrredón, con muertos. Ante esta interpelación, Luna no le contestó, pero le mantuvo llamativamente la mirada.
A pesar de la dinámica que parece haber tomado la investigación, hay mucho camino por recorrer para obtener el juicio y castigo buscado.
No sólo dependerá de que se detenga a todos los implicados, que se establezcan todas las "responsabilidades para arriba", sino de que se depure la investigación de cada "carne podrida" y "barro" que introduzcan los imputados y sus defensas, que tienden a hacer caer las culpabilidades en un futuro juicio.
En esa larga tarea, el Partido Obrero y sus abogados han asumido un público compromiso.
Claudia Ferrero
Abogada de la Asociación de Profesionales en Lucha
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