UNA CAUSA LIGADA AL CRIMEN DE MARIANO FERREYRA

(Publicado por Pág/12, 13/06/12)

El supuesto tráfico de influencias
Mientras se realizan los preparativos para el juicio oral por el asesinato de Mariano Ferreyra, que comenzará el 6 de agosto, la causa en la que se investiga el supuesto tráfico de influencias para beneficiar a los acusados tiene que superar todavía diversas dificultades. Ahora la Cámara Federal porteña deberá resolver un planteo de competencia sobre el juzgado que quedará a cargo del caso.
La causa se inició cuando la jueza Wilma López, quien investigó el crimen de Ferreyra, denunció la presunta intención de ofrecer entre 50 mil y 75 mil dólares a por lo menos dos camaristas de Casación para obtener las excarcelaciones de algunos de los detenidos por el asesinato.
Este intento quedó al descubierto mientras se hacían escuchas telefónicas para investigar sobre el crimen. En las grabaciones se mencionaba al ex juez Octavio Aráoz de Lamadrid como intermediario entre los primeros siete detenidos y tres integrantes de la Cámara de Casación Penal. El aparente objetivo era lograr, mediante un soborno, la excarcelación de los detenidos, entre los que se encontraba el dirigente ferroviario José Pedraza, aunque los presuntos sobornos no habrían llegado a pagarse y finalmente Casación negó la excarcelación a todos los procesados.
Cuando la investigación comenzó a avanzar, Aráoz de Lamadrid pidió que se declarara incompetente al juez de instrucción Luis Rodríguez y que el expediente pasara a la Justicia federal. Sin embargo, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi rechazó hacerse cargo, por lo que ahora el tema deberá ser dirimido por la Cámara. El planteo de Aráoz de Lamadrid fue presentado en diciembre, una semana antes de que debiera prestar declaración. La estrategia dilatoria tuvo el efecto de suspender desde entonces todos los llamados a declaración indagatoria resueltos por el juez Rodríguez.

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La Corte Suprema y la ley de accidentes del trabajo

La Corte Suprema de Kirchner declaró la inconstitucionalidad de un artículo clave de la Ley de Riesgos del Trabajo, que impedía a los trabajadores accidentados demandar ante la Justicia.
Esa ley fue aprobada en 1995 y la burocracia sindical participó formando sus propias ARTs, como es el caso de la ART Luz, del Sindicato de Luz y Fuerza. El artículo de la ley que exime a los patrones de la responsabilidad civil e impide a los trabajadores demandar ante la Justicia era manifiestamente inconstitucional, ya que no se puede prohibir a nadie que haga un reclamo judicial.
Sin embargo, como consecuencia de que los trabajadores presentaban demandas pidiendo la inconstitucionalidad de ese artículo, en el año 2000, ya durante la Alianza, le introdujeron cambios a través de un decreto de necesidad y urgencia (subieron las indemnizaciones para “desincentivar” los reclamos judiciales). También para frenar proyectos de ley alternativos (que permitían el reclamo judicial y que las indemnizaciones del sistema de ART se tomaran a cuenta de lo que resolvieran los jueces).
El fallo de la Corte se inscribe dentro de este reconocimiento patronal de que el sistema de ART se había pasado de rosca. Pero en lugar de desmantelarlo, el fallo, en sus considerandos, avala la privatización del sistema a través de las ART, o sea, de la banca nacional e internacional y las grandes compañías aseguradoras.
Abajo la ley
Todo el sistema de jubilaciones y accidentes de trabajo debe estar a cargo del Estado, financiado con un impuesto a los capitalistas.
Proponemos la formación de comités obreros que tomen a su cargo el control de los ritmos de trabajo y las normas de seguridad en las fábricas para evitar que ocurran los accidentes y obligar a las patronales a que metan plata en la seguridad del trabajo.
Aumento de los salarios y de las indemnizaciones por accidentes.
Multas, penas y responsabilidad civil de las patronales, para obligarlas a que respeten las normas de higiene, prevención y seguridad laboral.
Determinación de las enfermedades profesionales y laborales por comités de obreros, médicos y profesionales en riesgos.

Ley de Riesgos del Trabajo (ART)

1º de Marzo de 1948: ¿La nacionalización de los ferrocarriles fue una acción antiimperialista?

El 10 de marzo de 1948, el presidente Perón convocó una movilización para anunciar una medida trascendente: la nacionalización de los ferrocarriles. Inmensos carteles con la inscripción “ya son argentinos” rodeaban la concentración. La decisión gubernamental desató una intensa polémica que se ha prolongado hasta nuestros días. ¿Cuál fue el origen y propósito de la nacionalización? ¿En qué circunstancias fue resuelta? ¿Cómo fue caracterizada por las distintas corrientes políticas? Con un click en el afiche, tendrás nuestro análisis completo.

Raúl Scalabrini Ortiz y Arturo Jauretche

Los dos militaron en Forja (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina), aunque Scalabrini, a diferencia de Jauretche, nunca se afilió al radicalismo. Nacionalistas yrigoyenistas, ambos elaboraron lo más importante de sus ideas bajo el peso de la Gran Depresión en los años '30. Uno y otro, además, adhirieron al peronismo tempranamente. Por eso presentan, sobre todo Scalabrini, un hilo conductor directo que los vincula con la situación de nuestros días en dos puntos clave: la crisis y las nacionalizaciones (burguesas), de las cuales ellos fueron teóricos. Ver texto completo haciendo un click en la imagen.