(Publicado por diario Clarín, 28/12/10)
Están acusados de cortar las vías en Avellaneda y también de “extorsión”.
El juez federal Luis Armella indagó ayer en Quilmes a los dos trabajadores ferroviarios vinculados al Partido Obrero (PO) y detenidos por el corte de vías de la semana pasada en Avellaneda que posteriormente derivó en los incidentes en la estación Constitución. E l juez dispuso mantenerlos en prisión aunque hoy deberá responder a un pedido de excarcelación de su abogada.
Los acusados atribuyeron sus detenciones a una suerte de “revancha” del sindicato ferroviario por sus declaraciones como testigos en la causa por el homicidio del estudiante Mariano Ferreyra, atribuido a una patota gremial. La situación de esos siete detenidos procesados por la jueza porteña Wilma López será resuelta esta semana por la Cámara del Crimen.
Los dos detenidos de la agrupación Causa Ferroviaria, ligada al PO, son Jorge Darío Hospital y Omar Merino. La acusación contra ellos es por haber impedido el normal funcionamiento de un transporte público de pasajeros . Pero la fiscal Silvia Cavallo les imputó también el delito de extorsión, que tiene un mínimo de pena de cinco años de cárcel, lo que podría entorpecer sus excarcelaciones.La extorsión, de acuerdo con la fiscal, sería por haberse negado a desalojar las vías del tren bajo la supuesta amenaza de que sólo lo harían si el Ministerio de Trabajo y la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe) que administra la línea Roca aceptaban pasar a planta permanente a 60 “tercerizados”.
“Esto es una locura. Con este criterio, todas las huelgas serían una extorsión”, se quejó Marcelo Ramal, de la conducción del PO, que ayer dio una conferencia de prensa para cuestionar las detenciones y criticar al Gobierno. “Esta imputación responde a otros intereses que no son los jurídicos”, expresó la abogada Claudia Ferrero.
Durante su indagatoria, los detenidos negaron haber cometido delito alguno, según dijo Ferrero, su defensora. “Para que exista la extorsión, el supuesto extorsionado debiera haber hecho lo que se le exigía. En este caso los 60 compañeros no fueron pasados a planta permanente”, explicó Ferrero.
La abogada también pidió la eximición de prisión de las otras dos personas imputadas por la fiscal en base a una identificación realizada por la Policía Federal. Ellos son Eduardo Belliboni -otro testigo que declaró en la causa por el homicidio de Ferreyra- y Miguel Morales, otro trabajador “tercerizado”.
Entre las pruebas que tiene la Justicia contra los detenidos y los otros dos imputados se encuentra la declaración de un abogado de la UGOFE que sostuvo que ellos dijeron que no se irían de las vías si no firmaban el acuerdo para el pase a planta permanente de los 60 tercerizados.
Las imputaciones contra los dos detenidos y los otros dos buscados sólo refieren a los hechos de Avellaneda y nada tienen que ver con los incidentes posteriores de Constitución. Estos hechos están repartidos en varias causas que tramitan ante jueces nacionales y porteños. Sin embargo, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, fue confusa en su conferencia de prensa de ayer.
Lucio Fernández Moores
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