Jorge Darío Hospital, dirigente de la agrupación Causa Ferroviaria-Mariano Ferreyra, fue indagado por el juez de Quilmes, Luis Antonio Amella, el lunes 27 de diciembre -un día después de su detención por el supuesto delito de "extorsión" e "intimidación" contra el Ministerio de Trabajo y la Ugofe al cortar las vías del ferrocarril Roca el jueves 23. A continuación, su declaración:
"Castigan nuestro testimonio en la causa de Mariano Ferreyra y, en base a ello, aplican una represalia con los despedidos del 20 de octubre pasado. En ambas oportunidades, es decir los hechos del 20 de octubre y del pasado 23 de diciembre, lo único que hicimos los trabajadores fue ejercer el derecho a peticionar ante las autoridades y la señora fiscal de la presente causa quiere convertir el derecho a peticionar en una extorsión que nunca hubo.
"Del mismo modo que pretende asimilar el derecho de organización de los trabajadores, que es un derecho constitucional, con una asociación ilícita. En este reclamo no se ha llevado a cabo violencia sobre las cosas o las personas, pero sí se ha reclamado el cumplimiento de resoluciones ministeriales que establecían la reincorporación del personal que aún se encuentra despedido, equiparación salarial con la categoría inicial del convenio ferroviario de más de 1.000 trabajadores tercerizados y su pase a planta permanente -compromiso de las autoridades que se encuentra incumplido.
"Quiero mencionar también que la celeridad en que se ha procedido no concuerda con la impunidad que aún existe con otros responsables, como la Ugofe y la Secretaría de Transporte, en el asesinato de Mariano Ferreyra, como tampoco con los que son los responsables máximos del Sindicato Unión Ferroviaria, José Pedraza y Juan Carlos Fernández, quienes aún están impunes. Quiero expresar que la acusación que pesa sobre Omar Merino y sobre mí pretende ser una moneda de cambio para la excarcelación con los siete detenidos en ese proceso".
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